La amnistía no impide el juicio del Tribunal de Cuentas por el desvío de fondos públicos al 'procés'

Hernáiz, miembro del Tribunal de Cuentas desde noviembre de 2021 a propuesta del PP, ha celebrado durante una breve vista pública (poco más de una hora) la prueba solicitada por los demandados y ha dado un plazo de 10 días para que las partes presenten por escrito sus conclusiones finales, previas a la sentencia.

Este expediente por responsabilidad contable, que constituye la vía para la restitución al erario público de los fondos que fueran indebidamente destinados al proceso independentista catalán entre 2014 y 2017, es uno de los que se verán afectados por la futura ley de amnistía, que prevé su archivo inmediato sin consecuencia alguna para los demandados. 

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Tal como ha informado EL ESPAÑOL, Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa invocaron esa previsión de la proposición de ley de amnistía para pedir la suspensión de la vista hasta que la norma sea aprobada y entre en vigor.

Los demandados sostenían que la continuación del procedimiento por responsabilidad contable es una "carga procesal innecesaria" ya que, de seguir adelante, "no puede sino llevar a una resolución con un resultado meramente declarativo e inejecutable". 

El fiscal se opone a suspender

Tanto el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, como Sociedad Civil Catalana se han opuesto durante el juicio a la petición.

Martín-Granizo ha argumentado que la suspensión de la vista "no puede subordinarse a una ley futura cuya certeza no se puede afirmar".

"Sabemos que hay una proposición de ley", ha añadido, y en el momento en que entre en vigor "será cuando deban aplicarse los efectos propia ley determine".

La consejera ha decidido celebrar la práctica de la prueba prevista para este viernes y ha indicado que resolverá por escrito si suspende o no los trámites posteriores.

De esta forma, han declarado tres testigos, dos a propuesta de Albert Royo y Roger Albinyana en relación a gastos de Diplocat y otros destinados a la acción exterior del Govern, así como la interventora general del Estado Maria Luisa Lamela a propuesta de Gonzalo Boye, defensor de Puigdemont.

La testigo (hermana de la jueza Carmen Lamela, la primera instructora de la causa del 'procés' en la Audiencia Nacional) ha manifestado que la Intervención General del Estado no tuvo "ni capacidad ni competencia" para controlar de forma exhaustiva los pagos de la Generalitat a partir de septiembre de 2017, cuando el Gobierno de Rajoy decidió intervenir los gastos de Cataluña con la finalidad de que no se pudieran destinar fondos al 'procés'.

Esa decisión sirvió en aquel momento para que el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, alardeara de que "ni un euro ha ido a financiar al 'proces'" y pronosticara, con evidente error, que "con toda seguridad no habrá referéndum de autodeterminación porque no hay presupuesto".

Lamela explicó que las facturas de la Generalitat de Cataluña para el abono de servicios esenciales, que eran los intervenidos (sueldos y salarios, sanidad, educación y servicios sociales), "se pagaban si había crédito adecuado y suficiente y tenían el certificado de la interventora de la Generalitat Rosa Vidal de que eran pagos regulares". "No hubo un control de los gastos desde Madrid", insistió.

El error del tribunal con Puigdemont

Finalmente no se ha podido escuchar la versión de Carles Puigdemont sobre los hechos por los que el fiscal pide el reintegro de 3,1 millones de euros, cifra que Sociedad Civil Catalana eleva a 5,3 millones. Aunque su declaración estaba aceptada por Hernáiz, la defensa que lo había propuesto ha pedido tarde su celebración por videoconferencia.

Boye ha manifestado que el expresidente catalán, prófugo en Bélgica desde el otoño de 2017, "quería comparecer" ante el Tribunal de Cuentas pero "nunca ha sido citado
personalmente".

"Ha esperado hasta el último minuto para saber si se le aplicaba la ley de amnistía y decaía la orden de prisión", ha indicado.

La incomparecencia no tendrá para él las graves consecuencias que prevé la ley: el tribunal hubiera podido considerar reconocidos los hechos en los que Puigdemont interviniera personalmente y cuya fijación como ciertos le fuera perjudicial, además de imponerle una multa.

El fiscal indicó que no se puede actuar contra Puigdemont por no comparecer debido a un error del Tribunal de Cuentas, que le citó a través de su procurador sin hacerle las prevenciones de las consecuencias legales a las que se enfrentaba si desoía la citación.