El jurado declara "no culpables" a los policías que frenaron una fiesta ilegal con un ariete

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el resultado ha sido adoptado por unanimidad: nueve a cero a favor de exonerarles. Los agentes estaban acusados de un delito de allanamiento de morada.

Esta intervención, efectuada en la madrileña calle Lagasca durante la madrugada del 21 de marzo de 2021, se hizo célebre después de que una parte de los jóvenes la grabase desde el interior del piso y las imágenes se difundiesen rápidamente en las redes sociales.

Incluso, el llamado caso de la patada en la puerta fue utilizada por la oposición como arma política contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Los vecinos del bloque habían avisado a la Policía, debido a los ruidos de la fiesta —molestias que, según dijeron, eran habituales— y ante el temor a contagiarse de Covid-19.

Captura de pantalla del vídeo de la intervención policial captado desde el interior de la vivienda. EL ESPAÑOL

En el domicilio se estaba celebrando una fiesta con varios jóvenes, algo prohibido por el estado de alarma decretado contra la pandemia del coronavirus. Gran parte de las personas que estaban en el interior de la vivienda eran extranjeros, de Oriente Medio. El inquilino, a cuyo nombre estaba el contrato de alquiler, era británico.

En el rellano, junto al ascensor, los policías mantuvieron una negociación, de más de 20 minutos, con los participantes del guateque, tratando de que se identificaran. Lo hicieron con la puerta de por medio, tal y como consta el vídeo grabado por las cámaras de su uniforme. E intentaron acceder al inmueble con métodos menos invasivos, que resultaron inútiles.

Ante la reiterada negativa de los jóvenes a enseñar su documentación, el jefe del grupo, un subinspector de la Policía Nacional, consideró que este comportamiento excedía la falta administrativa y ya constituía un delito de desobediencia a la autoridad. Por ello, ordenó, finalmente, derribar la puerta con un ariete y poner fin a la fiesta ilegal.

La acusación particular, ejercida por la defensa del ciudadano británico que tenía alquilado el inmueble, solicitó para los agentes dos años y medio de cárcel por allanamiento de morada y un año y medio más por un delito de daños. La Fiscalía optó por no ejercer la acusación.

Durante las nueve jornadas del juicio con jurado, celebradas la pasada semana y la anterior, la defensa del inquilino británico retiró la acusación contra todos los agentes excepto dos, entre los que se encontraba el subinspector, jefe del grupo. El jurado ha emitido su veredicto este miércoles, tras varias horas de deliberación.