El 'dos' de Puigdemont acusa al juez de iniciar una "espiral persecutoria" para torpedear la amnistía

El historiador Josep Lluís Alay, quien fuese jefe de gabinete del expresident catalán Carles Puigdemont en su autodenominado "exilio", ha acusado al juez Manuel García-Castellón de iniciar una "espiral persecutoria" para boicotear la futura ley que amnistíe los delitos vinculados al procés.

Así lo expone su abogado, Gonzalo Boye, en un escrito fechado este mismo viernes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. De esta forma, la defensa de Alay —el historiador, al igual que Puigdemont, está imputado por terrorismo en esta causa judicial— recurre las últimas diligencias ordenadas por García-Castellón destinadas a investigar los disturbios violentos organizados por la plataforma independentista Tsunami Democrátic.

Entre ellas, solicitar información a diversos organismos nacionales e internacionales sobre las incidencias aéreas que se produjeron durante el asalto al Aeropuerto de El Prat, ocurrido en octubre de 2019. También, la orden de localizar en Francia a la familia de un turista francés fallecido de un infarto durante ese mismo suceso.

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En el recurso de Alay, dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Boye acusa al juez de "adentrarse en una espiral persecutoria" que, además de perjuicios a los afectados, "genera un ingente e indebido gasto público imposible de justificar".

"¿Cuánto dinero nos ha costado a los contribuyentes hasta la fecha esta investigación prospectiva?", se pregunta. "Evidentemente, estamos ante una actuación procesal absolutamente errática, carente de cualquier base indiciaria y que podría reunir las características de una causa general contra líderes independentistas catalanes, dado su carácter prospectivo", añade.

Carles Puigdemont bromea con su abogado, Gonzalo Boye, durante un acto celebrado el pasado mes de febrero en el Parlamento Europeo. Europa Press

"Estamos ante lo que se podría denominar pesca de arrastre, dado que se reclama información sobre cualquier cosa que pudiese servir para, artificiosamente, seguir manteniendo abierto este procedimiento", critica el escrito.

De hecho, el abogado de Alay —el mismo que defiende en esta y en otras causas a Puigdemont— recalca a la Sala que García-Castellón está recusado. Varios de los investigados en el llamado caso Tsunami Democrátic pidieron que fuese apartado de esta instrucción, debido a las críticas a la futura Ley de Amnistía que vertió en un evento público.

La norma, pactada entre el PSOE y Junts (el partido de Puigdemont) amnistiará los delitos vinculados al procés. Y es probable —aún debe sufrir los trámites parlamentarios y la presentación de enmiendas— que beneficie al expresident y a Alay en esta causa, ya que amnistiará los delitos de terrorismo siempre que no cuenten con una sentencia firme. Y es, precisamente, ése el delito que García-Castellón atribuye a estos dos investigados y a otras destacadas personalidades de la esfera independentista, como la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Tanto la Guardia Civil como García-Castellón sitúan a todos ellos tras la organización de los disturbios violentos convocados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic.

La Fiscalía, por contra, se opone a esta tesis, considera que los hechos investigados no constituyen un delito de terrorismo —sino uno de desórdenes públicos— y ya ha solicitado que la Audiencia Nacional envíe esta causa judicial a un juzgado ordinario de Barcelona.

"Más de cuatro años sin practicar ninguna de las diligencias que ahora se acuerdan e, insólitamente, se presentan como absolutamente necesarias a efectos de determinar unos hechos que todos sabemos que no han sucedido como plantea [el juez]", reprocha Boye en su escrito.

"Si esto no es una dilación indebida y una vulneración de la tutela judicial efectiva, entonces desconocemos qué lo sería; porque esperar más de cuatro años para acordar diligencias que se pudieron acordar en 2019 es, francamente, una clara denegación de Justicia y desatención de las funciones propias de cualquier órgano judicial", le afea a García-Castellón.

"Parece ser que la respuesta a esta actual situación ha de buscarse fuera del ámbito que es propio de cualquier procedimiento penal", desliza el abogado, en una evidente alusión a la tramitación de la Ley de Amnistía que beneficiará a Puigdemont, a Alay, a Rovira y al resto de investigados por el caso Tsunami Democràtic.