La Fiscalía de Barcelona expresa su "total respaldo" a los fiscales del 'procés' frente al silencio de Ortiz

La declaración, aprobada el pasado 28 de noviembre sin ningún voto en contra, se suma a manifestaciones similares expresadas por los fiscales del Tribunal Supremo, la Fiscalía Anticorrupción y las Fiscalías Provinciales de Sevilla y Las Palmas.

El acuerdo de los fiscales de Barcelona tiene un especial valor dado que en los órganos judiciales de esa circunscripción se tramitan numerosos procedimientos sobre el proceso independentista catalán, empezando por la llamada operación Anubis, origen de las investigaciones sobre la organización y financiacion del referéndum ilegal del 1-O y el diseño de las estructuras de Estado.

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El acuerdo se adopta "en cumplimiento" del artículo 3.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, en concreto, de los apartados en los que se establece que corresponde al Ministerio Fiscal defender la independencia judicial, velar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales "con cuantas actuaciones exija su defensa" y "velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social".

Sobre esa base, la Junta de la Fiscalía Provincial de Barcelona expresa "su total respaldo a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos aquellos procedimientos derivados del denominado procés y a las resoluciones judiciales que en ellos se dictaron en defensa del Estado de derecho de conformidad con la legalidad vigente".

Rechazo a "cualquier injerencia"

La Junta también manifiesta su "rechazo absoluto a cualquier tipo de injerencia a los principios de independencia judicial y de separación de poderes".

Esta declaración contrasta con la negativa el fiscal general, Álvaro García Ortiz, a manifestar un apoyo expreso a los fiscales que llevan causas del procés y a desmentir los reproches de partidos y dirigentes políticos sobre prácticas de lawfare.

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Solo el pasado día 23 aprovechó unas jornadas de fiscales para manifestar, sin referirse en concreto al trabajo de los fiscales del procés ni a la acusación de lawfare, que quería dejar "muy claro a todos a todos los fiscales que siempre tendréis al fiscal general del Estado al frente y en defensa de la carrera".

Esa genérica manifestación debió parecer insuficiente, ya que con posterioridad a ella se produjo el acuerdo de más de 50 fiscales de Sevilla (dos tercios de la plantilla) de expresar su solidaridad con los fiscales del procés y mostar su "decepción" por la "falta de voluntad" de García Ortiz de defenderles frente a las "injuriosas insinuaciones" de lawfare contenidas en el pacto de investidura entre el PSOE y Junts per Catalunya.

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El pasado 24 de noviembre, 21 de los 29 fiscales anticorrupción decidieron también expresar su "reconocimiento y apoyo a los fiscales intervinientes en todos los procedimientos vinculados o derivados del procés" y "reprobar los ataques injustificados que vienen recibiendo y la amenaza de fiscalización política del desempeño de sus obligaciones profesionales".

También manifestaron su "profunda preocupación por la vigencia del Estado de Derecho" y el "firme compromiso en defensa de la división de poderes, del principio de igualdad en la aplicación de la Ley y en defensa de la independencia en los tribunales".

El pasado viernes, 28 fiscales de Las Palmas "exigieron" del fiscal general "una respuesta contundente en relación con las insinuaciones sobre los fiscales del procés relativas a la lawfare".

El acuerdo de los fiscales de Las Palmas muesta "todo el apoyo y reconocimiento al trabajo realizado por la Fiscalía en defensa de la legalidad y del orden constitucional".

Reproche del CGPJ

La actitud de García Ortiz ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el Consejo General del Poder Judicial para no considerarle idóneo para seguir dirigiendo el Ministerio Público.

El informe del órgano de gobierno de los jueces señala, a este respecto, la "falta de amparo" de García Ortiz a la carrera fiscal "en garantía del principio de legalidad en el ejercicio de sus funciones".

Tras señalar que en los últimos meses la Fiscalía ha sido sometida "al escarnio público más desaforado que pudiera imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial" y "siendo el fiscal general el único que puede y debe reaccionar a tan indigna campaña de desprestigio", la actuación de García Ortz ha sido "la más absoluta inactividad".