Puigdemont fue "El Presi" que supervisó crear una criptomoneda catalana, según la Guardia Civil

El Instituto Armado indica que Puigdemont "podría tener capacidad decisoria en el proyecto de la creación de una criptodivisa", que estaría dentro del proyecto de la República Digital Catalana para su desconexión con España.

"El proyecto se terminó llevando a cabo", según se desprende en el informe por el pago de unos 50.000 euros "mediante una transferencia internacional a favor de la Fundación de la Universidad de Girona". 

Dinero vía Luxemburgo

Este gasto fue cubierto por una empresa radicada en Luxemburgo. Según la Guardia Civil, Campmajó, escritor y empresario situado en la cúpula de Tsunami, era el encargado de "dar forma al convenio de colaboración con la Universidad de Girona" junto fallecido Lluis Planas Casamitjana, profesor adscrito al Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

La Guardia Civil concluye que de las conversaciones escritas entre Campmajó y Vendrell, exconsejero de la Generalitat con ERC y uno de los jefes de Tsunami Democràtic, se puede afirmar que "El Presi" al que se refieren y con el que quedan a comer es Puigdemont.

Vendrell indica a Campmajó que le iría muy bien "tener el convenio para poder enseñárselo" en dicha reunión al ahora expresident de Generalitat. Campmajó contesta afirmativamente a ese mensaje: "Buenos días, héroe. Puedes contar con ello".

Desconexión de España

La creación de una criptomoneda catalana fue una aspiración de Puigdemont para poder lograr la desconexión digital de España. El líder de Junts no logró que su proyecto se hiciera realidad, pero siguió considerando a las 'cripto' como una pieza esencial en su estrategia.

Así, el último día del año 2021, Puigdemont abrió una cartera pública en Ethereum con el objetivo de impulsar la República digital y "contribuir, experimentar y participar en herramientas que permitan a los ciudadanos participar activamente en la gobernanza y para que los gobiernos sirvan mejor a sus ciudadanos".

En un reciente informe, la Guardia Civil situó a Carles Puigdemont y a Marta Rovira, secretaria general de ERC, como parte de la organización de Tsunami Democràtic. 

Según la Benemérita, habrían estado detrás de los disturbios violentos alentados por la plataforma independentista, como el asalto al Aeropuerto del Prat, en protesta contra la sentencia del procés.

Rovira y Tsunami

Concretamente, los agentes del Instituto Armado señalaron a Rovira como "coordinadora" de dicha plataforma independentista y como enlace de la misma con la plana mayor de su partido, Esquerra Republicana.

"Realizó cometidos de coordinación del movimiento en lo relativo a la búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político", señaló al respecto la Jefatura de Información del Instituto Armado. Todo ello, bajo el alias de Matagalls, que habría utilizado en chats encriptados para mantener en la sombra sus labores.

Por su parte, en base a la información aportada por la Guardia Civil, García-Castellón concluyó que "se puede considerar que (...) el señor Puigdemont podría haber participado en la aparición de la organización [Tsunami Democràtic]".

El juez citó como imputados a ambos líderes independentistas por delitos de terrorismo. La Fiscalía, por contra, se opone al criterio del magistrado y considera que los hechos investigados constituirían un delito de desórdenes públicos.

Además de oponerse a la imputación de Puigdemont y Rovira, el fiscal del caso, Miguel Ámgel Carballo, considera que la plataforma independentista Tsunami Democràtic no estaba organizada, sino que no era mucho más allá que un perfil de Twitter cuya estructura era "coral". Al descartar que actos como el colapso de El Prat puedan ser considerados terrorismo, Carballo solicitó al juez que envíe la causa a un juzgado ordinario de Barcelona.

Al implicar al expresidente catalán, que está aforado por ser eurodiputado, García-Castellón aceptó la solicitud de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia y remitió la causa a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. Lo hizo a través de una exposición razonada. Otro de los motivos para justificar esta decisión fue que en dicha causa también está imputado por terrorismo Rubén Wagensberg, diputado de ERC en el Parlament catalán.

Y el Estatuto de Autonomía de Cataluña dispone que los diputados autonómicos están aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "Fuera del territorio de Cataluña, la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", expone dicho texto.