Militares españoles  cargan material en dos aviones en Afganistán.

Militares españoles cargan material en dos aviones en Afganistán. Efe

Tribunales CASO DEFEX

Suiza apercibe al fiscal español del 'caso Defex' por pedir a un banco el desembargo de cuentas

Las autoridades suizas critican que un fiscal anticorrupción haya "autorizado" que un investigado en la causa contacte por su cuenta con un banco helvético.

15 diciembre, 2023 02:47

La Fiscalía suiza ha apercibido al fiscal español del caso Defex. Le critica que, supuestamente, haya autorizado que uno de los investigados en esta causa judicial contacte con un banco helvético para tratar de desbloquear sus cuentas bancarias. 

"Hemos tenido conocimiento de que, al parecer, el señor Álvaro Cervera, a través de su abogado en España, estaría manteniendo contactos, con la autorización del fiscal español competente, con al menos uno de los bancos suizos en los que se encuentran fondos embargados", reza el documento enviado por la Fiscalía suiza a la Justicia española. Según la investigación judicial, Cervera había ejercido durante varios años de intermediario comercial de la empresa Defex en Arabia Saudí.

"Debemos reiterar al respecto que el único contacto admisible para solicitar una modificación de la gestión de las cuentas bancarias referidas o, incluso, para que se levanten parcial o totalmente los embargos debe ser establecido entre la autoridad requiriente española y la autoridad suiza requerid; es decir, el Ministerio Público del cantón de Ginebra o incluso la Oficina Federal de Justicia", avisan las autoridades helvéticas a las españolas.

A renglón seguido, el firmante de la misiva, el representante de la Oficina Federal de Justicia del país alpino, Guillaume Rousseau, advierte que los contactos entre el fiscal español y el banco "además de cortocircuitar el cauce de comunicación previsto" entre los dos Estados, "pueden constituir infracciones penales conforme al derecho suizo".

Rousseau, por ejemplo, también firmó la carta en la que denegaba la cooperación del país con el juez de la Audiencia Nacional que investiga el llamado caso Tsunami Democrátic. El dirigente suizo, en dicha ocasión, alegó que los delitos investigados —los disturbios provocados por la plataforma independentista que da nombre a la causa— tenían "carácter político", al enmarcarse en el intento de independencia de Cataluña.

En esta ocasión, los reproches de Guillaume Rousseau a Conrado Sáez —miembro de la Fiscalía Anticorrupción— tienen lugar en el marco de la pieza del caso Defex relativa a las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos a esta empresa armamentística pública en Egipto. Actualmente, la compañía ha renovado su cúpula y colabora con la Justicia.

Otras ramas del caso Defex versan sobre presuntos delitos cometidos en la firma de contratos en Camerún, Angola, Arabia Saudí o Brasil. De todas ellas se encarga el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Santiago Pedraz. Actualmente, el magistrado se encuentra de baja por paternidad.

El reproche al fiscal anticorrupción no es el único que incluye la Oficina Federal de Justicia suiza en su misiva. También asegura "deplorar (...) que sea tan difícil establecer una línea de comunicación funcional con las autoridades españolas". Especialmente, en este caso, en el que Suiza asegura que actúa "a favor de España".

También exige a la Audiencia Nacional que le informe sobre "si será posible obtener una sentencia penal española" que ordene la incautación de los fondos bloqueados en Suiza. Y, en su caso, cuánto tardará dicho fallo.

"Esta información es crucial para el Ministerio Público del cantón de Ginebra no sólo con el fin de mantener el embargo, sino también con miras a la gestión de los haberes a las referidas cuentas; gestión que puede plantearse a corto, medio, y largo plazo, según las indicaciones que proporcione la autoridad requiriente española", explica la Oficina suiza.

En su carta, también alerta de que, si no obtiene una respuesta "concreta" a todas estas cuestiones, ello "podría poner en peligro la existencia del embargo" y, por ello, una "eventual restitución en el futuro de los referidos fondos".