El TS ahonda su deterioro a la espera de la respuesta de Reynders: la Sala Civil abre el año con otra baja

Juan Manuel Díaz Fraile abandona la Sala Civil a petición propia, después de no lograr que ni el Ministerio de Justicia ni los tribunales acogieran su pretensión de quedar en situación de servicios especiales en su cuerpo de origen, el de registradores de la propiedad. 

Díaz Fraile, al que le habrían quedado 10 años de ejercicio en el Supremo, fue nombrado magistrado del alto tribunal hace solo cuatro años por el turno de juristas de reconocida competencia para cubrir la vacante dejada por el catedrático Francisco Javier Orduña, que también renunció a la alta magistratura.

[La lucha por el control de la Justicia: del CGPJ al 'lawfare', pasando por el Tribunal Constitucional]

Orduña, a su vez, ocupó la vacante dejada, también por renuncia, por Fernando Pantaleón, lo que sugiere la existencia de dificultades para el mantenimiento en el cargo de los magistrados que acceden por el llamado quinto turno. Pantaleón, en particular, solo estuvo diez meses en el Tribunal Supremo.

Díaz Fraile fue elegido por el Consejo General del Poder Judicial magistrado de la Sala Civil por un amplio apoyo de 18 de los 21 miembros del Pleno el 26 de septiembre de 2019.

Procedía de la actividad de registrador de la propiedad, cuerpo en el que ingresó en 1987. Su última plaza fue el Registro de la Propiedad número 1 de Fuengirola, al que accedió en 2008.

Notario en excedencia, en 2006 obtuvo la acreditación como catedrático de Derecho Civil. Ha desarrollado gran parte de su labor profesional como letrado de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

El 18 de noviembre de 2019, un día antes de tomar posesión como magistrado del Supremo, esa misma Dirección General le declaró en excedencia voluntaria en el cuerpo de registradores y no en servicios especiales, lo que le hubiera permitido la reserva de plaza en el Registro de Fuengirola.

Díaz Fraile ha litigado frente al criterio de la Dirección General de los Registros y ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que confirmó la decisión administrativa en una sentencia dictada el pasado 27 de noviembre.

El jurista ha optado entonces por abandonar el Supremo y pedir su excedencia voluntaria en la carrera judicial. Así lo acordó la Comisión Permanente del CGPJ el 13 de diciembre, con efectos del día 31 siguiente. Esa situación administrativa supone la pérdida de su condición de magistrado del TS.

24 vacantes

Su marcha eleva a tres las vacantes existentes en la Sala Civil, que ahora tendrá que funcionar con seis magistrados y el presidente, Francisco Marín, también presidente en funciones del Tribunal Supremo.

En la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con una planta de 32 magistrados más el presidente, hay ya 11 vacantes y el próximo 13 de febrero tendrá una más debido a la jubilación de la magistrada Celsa Pico. 

En la Sala de lo Social seis plazas, la mitad de su plantilla, están sin titular y la Sala de lo Militar cuenta con cinco de los ocho integrantes que debería tener.

Solo resiste, por ahora, la Sala Penal, que únicamente se ha visto mermada por la jubilación de Miguel Colmenero, por lo que dispone de 14 de sus 15 miembros.

La calamitosa situación del Tribunal Supremo, que repercute en el número de asuntos que resuelve por sentencia, es consecuencia de la ley impulsada por el Gobierno que impide al CGPJ en prórroga de mandato hacer nombramientos discrecionales.

[El CGPJ denuncia al Congreso el 'crítico' estado del Tribunal Supremo por no poder nombrar jueces]

Esa reforma legal, en vigor desde marzo de 2021, tenía el propósito de presionar al Partido Popular para que renovara el órgano de gobierno de los jueces, pero también impedir que un CGPJ de mayoría conservadora siguiera haciendo nombramientos de altos cargos judiciales.

El cambio del CGPJ sigue pendiente. El pasado 22 de diciembre, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, propuso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la Comisión Europea "supervise las negociaciones y el acuerdo para renovar" el órgano de gobierno de los jueces "con perfiles independientes". Sánchez aceptó.

No obstante, el PP no se sentará a hablar con el Gobierno/PSOE hasta que la Comisión Europea responda sobre la petición de que actúe como "supervisor" de las negociaciones. Y el comisario de Justicia, Didier Reynders, que el pasado otoño ya intentó sin éxito favorecer la renovación desplazándose a Madrid, aún no ha contestado.

[El mensaje de Reynders a España: "Urge renovar el CGPJ e inmediatamente después cambiar la ley"]