El fiscal pide 23 años para Villarejo por espiar a Martinsa pero no acusa al exsenador del PSOE

La Fiscalía Anticorrupción solicita 23 años y medio de cárcel para el excomisario José Manuel Villarejo por, supuestamente, investigar de forma privada, mientras era policía, a la constructora Martinsa Fadesa.

No obstante, el Ministerio Público no solicita ninguna pena para el exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín, al que el juez Manuel García-Castellón también propuso juzgar en la pieza 25 del caso Villarejo.

Tras finalizar su investigación, el magistrado consideró que el expolítico socialista fue el intermediario entre el entonces comisario y José Moya Sanabria, el ya fallecido fundador de la empresa de detergentes Persán SA, que tenía un conflicto con Martinsa Fadesa, en la que había invertido 100 millones de euros en 2007. Pero la constructora quebró y Sanabria no pudo recuperar lo invertido.

Según Anticorrupción, el fundador de Persan "encomendó investigar posibles irregularidades que sospechaba que se habían producido en el procedimiento concursal de Martinsa Fadesa, cuyo conocimiento podría utilizar en una eventual negociación con Fernando Martín [el dueño de la constructora] para recuperar la inversión que había realizado mediante la compra de [el 5% de las] acciones de la compañía".

El escrito de la Fiscalía relata que Villarejo, pese a desempeñar entonces un cargo en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, aceptó el encargo, por el que cobró medio millón de euros en total y desarrolló el conocido como Proyecto Saving.

Por todo ello, el fiscal Miguel Serrano solicita seis años de cárcel para Villarejo por el delito de cohecho pasivo, un lustro entre rejas por cada uno de los tres delitos de revelación de secretos y otros dos años y medio por el de falsedad en documento mercantil.

También pide que Rafael Redondo, el socio del excomisario en muchos de sus negocios, sea juzgado. El escrito de acusación de la Fiscalía contempla para él una pena total de 18 años y nueve meses por los mismos delitos.

Asimismo, Anticorrupción solicita cuantiosas multas para Villarejo y Redondo, así como una indemnización de 5.000 euros para tres personas que habrían sido espiadas en el marco del Proyecto Saving. El fiscal, además, pide que el Estado, como responsable civil subsidiario, responda de estas cantidades si los acusados no lo hacen.

El exsenador del PSOE

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción revelan a EL ESPAÑOL que el estado de salud del exsenador sevillano Rodríguez Martín ha provocado que el Ministerio Público no formule acusación contra él. De hecho, el fiscal ya ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6 que le archive esta causa.

Sin embargo, tras finalizar la instrucción de esta pieza (la número 25 del caso Villarejo), García-Castellón sí propuso juzgar al expolítico por los delitos de cohecho activo y revelación de secretos.

Actualmente, el exsenador, apodado Curro, forma parte de la cúpula de la Fundación Persán, fundada por la empresa del mismo nombre y dedicada desde 2006 a fomentar el empleo y la "acción social contra la pobreza".

José Moya Sanabria, dueño de Persán SA y fundador de la Fundación Persán, no se sentará en el banquillo de los acusados, ya que murió en el 2021, a los 67 años de edad.

Curro, a quien el juez señaló como presunto inductor del encargo, fue senador del PSOE por su provincia natal entre 2004 y 2008, durante la VIII Legislatura. Tras abandonar la Cámara Baja, pasó a formar parte del Consejo de Administración de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía como parte de la cuota del Partido Socialista. Llegó ocupar el cargo de vicepresidente y de presidente en funciones.

Cuando tuvo que declarar como investigado ante el juez, Villarejo manifestó que el PSOE, tanto a nivel regional como nacional, le instó a "proteger" a la empresa Persán SA, que había sufrido un perjuicio económico tras sus negocios con Martinsa Fadesa y la posterior quiebra. La constructora, según manifestó Villarejo, era "donante" del PSOE andaluz. Cuando el exsenador Rodríguez Martín fue interrogado por el juez, se acogió a su derecho a no declarar.