Los fiscales del Supremo que piden investigar a Puigdemont trasladarán su posición a la teniente fiscal

Ella es la encargada de elaborar el informe —no vinculante— que se presentará a la Sala Penal del Supremo tras las discrepancias que se produjeron entre los dos jefes de la sección que examinó el asunto.

Fidel Cadena, que actuó en el juicio del procés, considera que en la exposición razonada que elevó al TS el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón hay suficientes indicios contra el expresidente catalán.

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El otro jefe, Joaquín Sánchez Covisa, estimó, por el contrario, que los indicios recogidos por el instructor del caso Tsunami Democràtic contra Puigdemont son excesivamente abiertos e interpretables y, en todo caso, no cabría hablar de un presunto delito de terrorismo.

La discrepancia entre los dos jefes de una sección penal del Supremo —donde lo normal es que se respete el criterio mayoritario— es inédita.

En la Fiscalía hay voces que sostienen que la elaboración del dictamen definitivo no corresponde a Sánchez Conde sino al propio fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras oír a la Junta de Fiscales de Sala.

Se basan en un precepto específico (el artículo 24.2) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que regula el modo de resolver las diferencias entre jefes de secciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Pero Cadena y Sánchez Covisa dieron por hecho en la reunión del pasado martes que sería la superior de ambos la que resolvería la controversia, asumiendo la teniente fiscal la elaboración del informe definitivo.

Nadie cuestionó esta salida, que es, de otro lado, la que prefiere el fiscal general. Sánchez Conde es para él un valor seguro y lo más probable es que se pronuncie en contra de la apertura de la causa a Puigdemont.

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La teniente fiscal del Tribunal Supremo lleva días trabajando con los mismos documentos que manejó la sección de fiscales de penal: la exposición razonada de García-Castellón y los informes (el original y el ampliado, este último llevado el propio martes a la junta) en los que el ponente, Álvaro Redondo, sostuvo que no hay base suficiente para investigar a Puigdemont por terrorismo.

Pero Sánchez Conde no tiene sobre la mesa ningún escrito con la posición mayoritariamente sostenida por los fiscales del Supremo durante una reunión de más de cuatro horas en la que ella no estuvo.

Esto ha llevado a Cadena a preparar un documento con los múltiples argumentos que se expusieron con la idea de que sea debatido mañana, martes, en la junta y hacerlo llegar luego a la teniente fiscal.

La iniciativa es aplaudida por miembros de la sección, que consideran imprescindible que exista una justificación por escrito del criterio mayoritario, máxime si la pretensión de la teniente fiscal es descartar el terrorismo y la existencia de indicios contra Puigdemont.

"Si es eso lo que va a hacer", señalan, "tendrá que combatir nuestros argumentos puestos negro sobre blanco".

Indicios "de peso"

Fiscales que sostuvieron el criterio mayoritario afirman que en la exposición del instructor de la Audiencia Nacional hay "suficientes" indicios "de peso" contra Puigdemont que no pueden ser ignorados y que, por ello, hacen necesaria una investigación. 

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Los datos a los que otorgan más relevancia son, en primer lugar, la presencia de Puigdemont en una reunión que se celebró en Ginebra entre el 29 y el 31 de agosto de 2019, meses antes de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del 'procés'.

Según la instrucción de García-Castellón, en esa reunión se planificó la actuación de Tsunami Democràtic, una estructura montada para liderar la contestación social masiva contra el Tribunal Supremo y, más allá de esa finalidad mediata, para "poner en jaque al Estado" (en palabras de sus dirigentes) y obligarle a negociar la autodeterminación de Cataluña.

"Trasladar la duda al president"

Unos días antes de esa reunión, el 22 de agosto de 2019, uno de los investigados, Jesús Rodríguez Sellés, envió un mensaje por Signal a Josep Lluis Alay, director de la oficina de Puigdemont.

Rodríguez le transmitió que el “grupo de coordinación de Tsunami Democràtic tiene dudas sobre la fecha del lanzamiento del movimiento en redes sociales, barajando el 26 de agosto con los apoyos que tenían en ese momento, o el 30 de agosto, tras la reunión prevista en Ginebra. Pide, por ello, "trasladar la duda al president".

Para los fiscales, ese mensaje revela la posición directiva que ostentaría Puigdemont en relación con las actuaciones de Tsunami Democràtic.

"Si hay algún muerto"

Otra conversación, esta vez entre el propio Puigdemont y el investigado José Campmajó, tiene para los fiscales un relieve especial.

Se produce entre los días 18 y 20 de octubre de 2019, es decir, tras la sentencia condenatoria del Supremo y en medio de las acciones más violentas de Tsunami, como la toma del aeropuerto de El Prat o los disturbios en Vía Layetana y Plaza Urquinaona de Barcelona.

"O tú y Tsunami tomáis el control o tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas", le manifiesta Campmajó.

Puigdemont responde: “Intentamos que el Gobierno se ponga las pilas".

Pero Campmajó replica: "President… Los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Govern está acojonado…".

“Cierto. Y eso no es bueno", indica Puigdemont.

"Se han abierto tantas rendijas que hace aguas. En la calle todo son facciones. Reflejo de lo que pasa en el Gobierno. Sé que las imágenes no ayudan a tu petición de extradición. Nada. Aunque es la p…realidad. La realidad no son los informes de los Mossos, ni de Interior, ni del que está espantado", añade Campmajó.

"La imagen exterior no es tan dramática como se ve en el interior. De momento, la opinión generalizada es que hay una reacción de indignación por unas sentencias escandalosas y que los disturbios son importantes pero que no alejan de lo que son ahora las protestas en las grandes ciudades del planeta. El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que yo siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perderemos", afirma el expresident catalán.

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Los fiscales coinciden con García-Castellón en que esta conversación pone de manifiesto que Puigdemont asumió la eventualidad de que en las acciones convocada por Tsunami se produjeran víctimas mortales, pese a lo cual siguió adelante.

A su juicio, la conversación revela que Puigdemont no deseaba que las acciones violentas realizadas en respuesta a la sentencia del Supremo tuvieran resultados de muerte, pero en ningún momento indicó que hubiera que parar.

Lesiones graves a policías

En esas acciones varios policías resultaron gravemente heridos, algunos de ellos hasta el punto de que las lesiones determinaron su jubilación del servicio activo.

Para los fiscales, esas conductas violentas y sus resultados en forma de graves lesiones encajarían en el amplio espectro de los delitos de terrorismo que contempla el Código Penal.

El artículo 573 considera terrorismo "la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física (...) cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: 1ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; 2.ª Alterar gravemente la paz pública (...)".

La constante presencia de Alay

Otro indicio contra Puigdemont viene de la mano del director de su oficina, Alay. La investigación de Tsunami está plagada de conversaciones o reuniones con él, además constantes referencias de los demás investigados.

"¿Qué pinta Alay si no es porque Puigdemont está detrás?", señalan los fiscales, que consideran insostenible que el director de la oficina de Puigdemont estuviera implicado en la evolución de Tsunami Democràtic y el expresidente se mantuviera al margen.

Las "reglas de la lógica", añaden, indican que si Puigdemont estaba al frente del movimiento independentista catalán no podía ser ajeno al desarrollo de Tsunami Democràtic.