Los policías víctimas de Tsunami piden que el juez investigue el espionaje ruso durante el 'procés'

Los dos policías personados como acusación particular en el caso Tsunami Democràtic han solicitado al juez Manuel García-Castellón que investigue si varios espías rusos viajaron a Cataluña entre 2014 y 2019.

Así lo piden los abogados José María Fuster-Fabra y Juan Ignacio Fuster-Fabra en un escrito, enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

En el documento, reseñan varias noticias de prensa que señalan que miembros del GRU (un grupo de élite del servicio ruso de Inteligencia) pisaron España durante los años previos al referéndum unilateral.

Por ello, los Fuster-Fabra solicitan a García-Castellón que solicita a la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional los informes que posea sobre este asunto.

"No habiendo encontrado en el presente procedimiento ningún informe policial acerca de la investigación llevada a cabo respecto de las supuestas operaciones encubiertas de los miembros de la Unidad 29155 del Servicio de Inteligencia Militar de Moscú (GRU), solicitamos que se libre oficio a la CGI para que, en el caso de existir informes policiales acerca de los espías rusos que viajaron a Barcelona entre 2014 y 2019, se aporten los correspondientes", reza el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

[El juez del 'caso Tsunami Democràtic' investiga por terrorismo a Puigdemont y a Marta Rovira, de ERC]

En total, habrían sido siete los individuos —supuestos espías rusos— los que habrían pisado la Ciudad Condal en aquellos años. Un juzgado de Barcelona, el encabezado por el juez Joaquín Aguirre, sí investiga los nexos del soberanismo catalán con Rusia. Ahora bien, en la documentación del caso Tsunami no consta informe alguno que certifique si la Policía investigó la visita a España de los supuestos espías rusos. Por ello, la defensa de los dos agentes que fueron heridos durante las protestas violentas organizadas por la plataforma independentista que da nombre al caso, en el que están imputados, por terrorismo, Carles Puigdemont y Marta Rovira.

Los dos policías, miembros de las Unidadas de Intervención Policial (UIP), sufrieron lesiones el 18 de octubre de 2019, en actos de "terrorismo callejero" convocados por el Tsunami tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo contra los responsables del referéndum ilegal del 1-O. Uno de los agentes ha recibido la jubilación forzosa a los 45 años, al no poder recuperarse de las lesiones.

En aquella jornada coincidieron, además, una huelga general y una manifestación convocadas por la Intersindical-CSC (el sindicato vinculado a la CUP); y las denominadas Marchas por la Libertad organizadas por la ANC y Òmnium, entre otras entidades independentistas.

En el escrito en el que solicitaron personarse en el caso Tsunami, el despacho Fuster-Fabra Abogados señalaba que "la actitud de los asistentes comenzó a tornarse muy violenta, estando completamente organizada contra los agentes del orden público, incluyendo el lanzamiento de todo tipo de objetos contundentes (botellas de cristal llenas, piedras, tornillería, rodamientos metálicos, latas de cerveza, etc.) y la difusión de consignas como: '¡Fuera las fuerzas de ocupación!' o 'Si tienes un hijo subnormal, que sea policía nacional'; todo ello, en un contexto de creciente hostilidad que se prolongó unas dos horas".

Durante esas protestas, uno de los agentes recibió un fuerte impacto de un objeto lanzado por los manifestantes, que le golpeó en el lado derecho del caso, por lo que "cayó al suelo desplomado y perdió el conocimiento por completo".