El Supremo y Anticorrupción frenan al PSOE y le impiden querellarse contra Aldama por afirmar que pagó a Cerdán

Con el apoyo del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha denegado al PSOE la autorización necesaria para querellarse por calumnias e injurias contra Aldama. 

La ley exige esa autorización para que alguien pueda querellarse por injurias o calumnias vertidas en el marco de un proceso judicial. Es una prevención que trata de proteger a los implicados en la causa frente a acciones penales injustificadas o simplemente prematuras que puedan buscar condicionarles o perturbar su derecho de defensa.

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El PSOE pidió la autorización del instructor del caso Ábalos para interponer una querella contra Aldama alegando que ha imputado falsamente delitos de cohecho a Cerdán y a Torres y que había sugerido la financiación ilegal del propio Partido Socialista. Según el empresario, Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, le dijeron que una parte de las comisiones pagadas por empresas a cambio de adjudicaciones "iba para el partido".

El pago a Cerdán se habría producido en un bar frente a la sede socialista de la calle Ferraz, en un sobre que le entregó Koldo García delante del propio Aldama.

Éste asegura que, según García, el secretario de Organización del PSOE se había enfadado mucho porque una empresa intermediada por Aldama había concursado y conseguido la adjudicación de una obra pública en el País Vasco que entraría dentro del 'cupo' controlado por Santos Cerdán. El pago buscaría "compensarle" por esa intromisión.

Aldama ha declarado también que se negó a pagar la comisión pedida -a través, de nuevo, de Koldo García- por Ángel Víctor Torres a cambio de una adjudicación en Canarias, comunidad que entonces presidía el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

El magistrado Puente señala en una resolución conocida ayer que Aldama - que ha "admitido en lo sustancial una buena parte de los hechos que se le imputan"- asegura haber pagado al exministro José Luis Ábalos, a Koldo García, a Torres y a Cerdán, aunque -constata- el PSOE no ha pedido licencia para querellarse respecto a los dos primeros y sí en lo que se refiere a los segundos y al propio partido.

Sin indicios "sólidos"

Puente ha dirigido un suplicatorio al Congreso para que levante la inmunidad de Ábalos y no lo ha hecho respecto a Cerdán (Torres no es diputado ni senador). Ello se debe a que las imputaciones que se dirigen contra los dos últimos "descansan en este momento únicamente en afirmaciones, no mínimamente contrastadas, inhábiles para reputarse indicios sólidos".

Los pagos "carecen en este momento de cualquier clase de elementos, ajenos a las simples manifestaciones de Aldama, que corroboren la posible realidad de las imputaciones".

Para Puente, aún son "más indirectas" las afirmaciones de Aldama respecto a la financiación del PSOE.

Pese a ello, considera que, "en este momento" y "de conformidad con el documentado informe del Ministerio Público", no es posible autorizar al PSOE a querellarse contra Aldama.

Primero, porque "no puede decirse que las imputaciones [realizadas por el empresario] resulten ajenas al objeto que se investiga en esta causa".

Segundo, porque esas manifestaciones afectan al derecho de defensa de Aldama "en la medida en que, resuelto, como asegura, a colaborar con la justicia admitiendo su responsabilidad, aspira seguramente a obtener alguna clase de beneficio penológico vinculado a la eventual aplicación de la circunstancia atenuante analógica de confesión".

Y tercero, porque "si se autorizara en este momento la interposición de la querella, Aldama se vería compelido a tratar de acreditar la realidad de las imputaciones por él formuladas de forma paralela en esta misma causa especial y en el coetáneo procedimiento al que hubiere lugar por la interposición de la querella por delito de calumnias, con las evidentes disfunciones que todo ello generaría".

Puente precisa que "no se está queriendo decir" que sean ciertas ni las imputaciones referidas a Ábalos y García ni las que conciernen a Torres, Santos o el PSOE.

"Pero ello no significa tampoco que, en este momento, marcadamente embrionario de la investigación, pueda aseverarse la mendacidad de las referidas declaraciones, ni tampoco que resulten ajenas al objeto de la investigación", añade.

En definitiva, todo dependerá de lo que pueda averiguarse en el procedimiento que ahora se denomina caso Ábalos.

Decisión "no definitiva"

Por ello, el instructor del Tribunal Supremo matiza que la denegación de la
licencia en este momento "no es decisión que tenga necesariamente carácter definitivo".

"Es claro que una vez concluido el juicio al que pudiera haber lugar en esta causa especial, y a la vista de su resultado, dicha licencia podría volver a interesarse con un desenlace distinto", indica.

"Si la causa llegara a un estado en el que, a través de la correspondiente resolución definitiva, se concluyera finalmente en la inexistencia de indicios con respecto a Torres y Santos y/o Partido Socialista Obrero Español, o aún más, llegara a justificarse la eventual falsedad de las mencionadas imputaciones, la licencia ahora interesada podría llegar a otorgarse", concluye.