El presidente de la UD Las Palmas, investigado por "lucrarse" al defraudar en un contrato sanitario

Dicho procedimiento judicial se deriva de una querella presentada por la Fiscalía de Las Palmas contra cuatro empresarios, entre los que, además de Ramírez, se encuentra el exdiputado de Coalición Canaria Lucas Bravo de Laguna. Este último, además, es el director comercial de UD Las Palmas.

Los supuestos delitos se habrían cometido en el marco del contrato verbal suscrito de forma urgente entre el Servicio Canario de Salud (SCS) y las empresas Damco Trading Services SA y Tanjoa Services SL para proveer a los hospitales del archipiélago de material sanitario durante la Covid-19. Ambas empresas están administradas por otro de los investigados.

La primera de las dos compañías percibió en 2020 casi 16 millones de euros por el suministro. En 2021, recibió del SCS 2.786.000 euros y la segunda de estas dos empresas, 4.230.000.

Según el auto, en el marco de esta operación, "se introdujo a dos personas jurídicas y una física", que habrían ejercido de intermediarios. Entre ellas, figura la compañía Tabaiba Capital SLU, de la que, desde el 24 de abril de 2020, es administrador único Miguel Ángel Ramírez y que estaba dedicada, principalmente, a la venta de inmuebles.

De acuerdo con el auto judicial, Tabaiba no tuvo trabajadores contratados desde su fundación, desde 2017, hasta que fichó al primero, el 9 de noviembre de 2020. Poco después, la compañía pacta con Ramírez una remuneración fija de 3.000 euros mensuales.

Antes, Tabaiba había acordado con Damco que la función de la primera sería "la realización de gestiones necesarias para conseguir acuerdos de compraventa de productos sanitarios e higiénicos", quedándose así con el 100% de sobreprecio que obtuviese gracias a su labor de intermediación.

No obstante, tal y como narraba la querella de la Fiscalía, Tabaiba opta por subcontratar a B&M Sport Marketin SLU, de la que era administrador único Bravo de la Laguna. A su vez, B&M firmó un acuerdo con el cuarto de los investigados para que éste supervisase el material y su recepción. "[Fue] constituida en el año 2015, sin medios materiales, salvo sus socios [y] un empleado hasta el año 2018", relata el Juzgado sobre la compañía de Bravo de Laguna.

En total, según el auto, Tabaiba (la empresa de Miguel Ángel Ramírez) percibió más de seis millones de euros provenientes de Damco. Todo ello, por las gestiones que luego encomendó a B&M, que obtuvo, de la anterior, alrededor de 2.300.000 euros.

Gracias a este escenario —unas empresas que subcontratan a otras— se habría cometido el supuesto delito fiscal. Según el auto, Tabaiba se habría aprovechado de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), lo que le habría reducido las tasas que debía pagar por sus operaciones comerciales. Las cuotas del Impuesto de Sociedades, tras beneficiarse de este incentivo fiscal, habrían quedado reducidas a 109.000 y 120.000 euros, respectivamente.

Ahora bien, la Fiscalía sostiene que los ingresos de Tabaiba "no se consideran procedentes de una actividad económica y no serían aptos para dotarla del [incentivo fiscal de la] RIC". Además, tras recalcar que la empresa de Ramírez "carecía de medios materiales y personales propios", el auto expone que dicha operativa "tenía únicamente como finalidad beneficiar al señor Miguel Ángel Ramírez, para lucrarse del suministro de material, interponiéndose la sociedad Tabaiba".

Por ello, a juicio de la Fiscalía, las cantidades recibidas por la intermediación entre los años 2020 y 2021 debieron ser gravadas con el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y no con el de Sociedades, más beneficioso.

El auto aclara que la cuota defraudada ascendería en el año 2020 a 1,45 millones de euros y a 1,54 millones en el año 2021.

Respecto a la entidad B&M, el auto judicial indica que carece de trabajadores y que los "únicos servicios prestados en el año 2020 y 2021 son los ingresos percibidos por Tabaiba y Wewin Sport Marketing SL; esta última [sociedad está] participada por Jedisky SLU y Volavi Canarias SLU, ambas de Bravo de Laguna y Andrea Peñate, siendo los únicos ingresos de Wewin los procedentes de la UD Las Palmas, donde [Bravo de Laguna] ejerce de director comercial". De hecho, el expolítico cobra un sueldo de su propia empresa.

De esta forma, en el caso del exdiputado de Coalición Canaria, "se ha producido una simulación para interponer los ingresos recibidos por Bravo de Laguna en esos ingresos [los de la sociedad]". Y, según el criterio de la Fiscalía, esos fondos debieron ser tratados como rendimientos de trabajo y, por tanto, sometidos al IRPF. En su caso, la cuota supuestamente defrauda ascendería a 272.000 euros en 2020 y 249.000 en 2021.

La juez señala en la resolución que los hechos denunciados por la Fiscalía son "inicialmente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública". Todo ello, "sin perjuicio de que en el desarrollo de la instrucción pueda apreciarse serios indicios de delito de blanqueo de capitales, delito de corrupción y delito de malversación".

Bravo de Laguna fue concejal del Ayuntamiento de Santa Brígida (entre 1999 y 2007), antes de convertirse en alcalde de la localidad y consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria (2011-2013).

Por su parte, el empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso es actualmente el accionista mayoritario de la UD Las Palmas, a través de una de sus empresas de inversión. Preside el club desde el año 2005, cuando asumió la entidad en concurso de acreedores y en Segunda División B. El conjunto ascendió a Primera en 2015 y, posteriormente, descendió a Segunda.

Asimismo, Ramírez, que posee el título de detective privado, también fue presidente y fundador de Seguridad Integral Canaria que llegó a ser una de las empresas de ese sector más importantes de España.