El exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el ex DAO de la Policía Eugenio Pino y el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
Pedraz admite a Iglesias y al PSOE en el caso contra la 'policía patriótica' pero rechaza investigar al PP
El exsecretario general de Podemos y exvicepresidente del Gobierno será considerado perjudicado. El Partido Socialista, acusación popular.
6 marzo, 2024 12:42El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido la personación de Pablo Iglesias y del PSOE en la causa abierta contra el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios mandos de la Policía. Dicha investigación se inició con una querella presentada por Podemos contra los supuestos responsables de la policía patriótica, a la que el partido señalaba como responsable del boicot, desde el Ministerio del Interior, a sus aspiraciones políticas.
Ahora, Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y antiguo secretario general y fundador de Podemos, estará personado en esta causa como acusación particular, como perjudicado. El Partido Socialista, por su parte, lo estará como acusación popular. Es decir, sin haber sufrido perjuicio alguno por los hechos investigados.
No obstante, el magistrado ha rechazado ampliar la investigación a periodistas que tuvieron contactos con estos altos cargos del Ministerio del Interior y la Policía. Pedraz también toma la misma decisión con respecto al PP, al que Pablo Iglesias había solicitado investigar.
Sobre el Partido Popular, Pedraz señala que "no basta decir que las actividades presuntamente delictivas pretendían conllevar un correlativo beneficio para dicha formación política, participando en los hechos objeto de la querella altos cargos institucionales del mismo". Por ello, rechaza que un representante de la formación conservadora deba ser citado a declarar como investigado.
Acerca de los interrogatorios a periodistas y directores de periódicos que solicitó Iglesias, el magistrado se reitera. Cuando admitió a trámite la querella de Podemos, ya subrayó que no ha quedado probado que los medios de comunicación difundieran noticias falsas o informes policiales mendaces a sabiendas, con el objetivo de desprestigiar a la formación de izquierdas.
Ahora, emplea el mismo argumento y subraya que la labor periodística "está amparada por el secreto profesional y por el derecho de los profesionales de los medios de comunicación a recibir y difundir información". Así lo consagra el artículo 20 de la Constitución Española".
