El CGPJ aprovecha el peso de Bolaños para pedir un plus salarial que evite la fuga de jueces de Cataluña

No es la primera vez que el CGPJ hace suya y traslada al Ejecutivo la petición proveniente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ya la planteó en noviembre de 2021.

En enero de ese año, la planta judicial en Cataluña era de 837 plazas de jueces y magistrados. El 12,66% (106 puestos) estaba vacante. A lo largo del año anterior fue necesario llamar a 171 jueces sustitutos y magistrados suplentes, que costaron 9,4 millones de euros.

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La petición del plus retributivo formulada a finales de 2021 no fue atendida. La entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, "no lo veía", afirman fuentes del CGPJ. Aseguran que su secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, manifestó en una reunión que si se daba ese complemento a los jueces de Cataluña "había que quitárselo a los del País Vasco y Navarra".

Los jueces destinados en estas dos últimas comunidades tienen un complemento de 498,7 euros brutos mensuales, que se estableció después de que ETA asesinara al magistrado de la Audiencia de Vizcaya José María Lidón el 7 de noviembre de 2001, el mismo día en que se constituía el CGPJ presidido por Francisco Hernando.

Además de los jueces del País Vasco y Navarra, también tienen un complemento retributivo los destinados en Canarias (entre 534,48 y 427,58 euros brutos mensuales, según la isla), en Baleares (entre 97,52 y 80,23 euros, dependiendo de la isla), en el Valle de Arán (80,23 euros) y en Ceuta y Melilla (844,7 euros).

Todos los Tribunales Superiores de Justicia apoyaron la petición del TSJC en una reunión celebrada el 1 de diciembre de 2021. El Ministerio de Justicia, sin embargo, no hizo nada.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior catalán volvió a la carga el pasado 26 de enero, cuando adoptó una resolución, remitida al CGPJ, en la que hacía constar que "con posterioridad a nuestro acuerdo de 26 de noviembre de 2021, la situación de las vacantes judiciales ha seguido la misma tendencia". A 31 de diciembre de 2022, la última Memoria anual aprobada, la cifra ascendió a 110 vacantes, el 13% de la planta.

"No consta a esta Sala de Gobierno que ni el Ministerio de Justicia anterior ni el actual Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hayan adoptado medida o iniciado procedimiento alguno encaminados a considerar nuestra anterior propuesta incentivadora", señalaba el TSJC, que pedía al Consejo General del Poder Judicial que reiterara al Gobierno la petición del complemento retributivo.

La Comisión Permanente del Consejo lo ha hecho, en la esperanza de que el mayor peso político del ministro Bolaños permita atender la petición. Desde el órgano de gobierno de los jueces se argumenta que la medida ha funcionado para estabilizar las plantillas de los territorios donde existe el plus salarial.

Una plantilla inestable

La Sala de Gobierno del TSJC, presidida por el magistrado Jesús Barrientos, considera que "la movilidad, la provisionalidad y la rotación constante de jueces" son "obstáculos insuperables" para el funcionamiento de los órganos judiciales, más congestionados cuanto mayor es la inestabilidad.

A su juicio, un diseño realista de la planta judicial ajustado a los índices de litigiosidad de cada partido judicial "carecería de sentido" si no se acompaña de un "empeño serio" por lograr que las plazas estén cubiertas, que tengan al frente jueces titulares y que éstos "permanezcan en sus destinos el tiempo mínimo indispensable para consolidar prácticas procesales y decisionales que den estabilidad al órgano y seguridad a los profesionales y ciudadanos".

El Tribunal Superior catalán cree que las causas de la inestabilidad de la plantilla judicial son diversas, "desde el superior coste que conlleva la vida en este territorio, pasando por la falta de tradición opositora para el acceso a la carrera judicial o, incluso, la dificultad adicional que puede suponer para jueces/zas procedentes de otros territorios el hecho de que Cataluña cuente con una lengua propia o con un derecho civil también propio", señalaba en su acuerdo del 26 de noviembre de 2021.

"A todas esas razones con las que se ha tratado de explicar el desinterés por solicitar y/o permanecer en los destinos de Cataluña se ha adicionado, más recientemente, la coyuntura vivida en estos últimos años", añadía el TSJC en referencia al 'procés' catalán.

El 'procés'

Aunque desde Cataluña y desde el CGPJ se subraya que los problemas de cobertura de las plazas judiciales son anteriores al procés y se asegura que "las aguas están ahora más calmadas", es innegable que persiste un clima enrarecido entre la Generalitat de Cataluña y el Poder Judicial.

El presidente del Govern no asiste a la entrega de despachos a los nuevos jueces salidos de la Escuela Judicial, con sede en Barcelona, un acto que preside el Rey y que congrega a la cúpula judicial y a los miembros del CGPJ. Y los partidos independentistas enarbolan día sí y día también la bandera de la descalificación a los jueces y la existencia de una supuesta lawfare.

Las dificultades para cubrir las plazas judiciales en Cataluña son, efectivamente, anteriores al proceso soberanista, cuyo comienzo se sitúa en 2012, cuando el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras, firmaron un acuerdo de gobernabilidad que incluía la celebración de una consulta de autodeterminación.  

Pero es un dato objetivo que ha sido a partir de 2017, después de las llamadas 'leyes de ruptura' y del referéndum ilegal del 1-O, cuando sistemáticamente, año tras año, se marchan de Cataluña muchos más jueces de los que piden destino en esta comunidad.

El aumento de la fuga de jueces ha obligado al CGPJ a adoptar una solución de emergencia: forzar que los nuevos miembros de la Judicatura recién salidos de la Escuela Judicial vayan a los destinos vacantes en Cataluña.

En los últimos años, el grueso de las plazas que salen a concurso para los jueces recién ingresados en la carrera están radicadas en Cataluña.

A la 69ª promoción (curso 2018-2020) se le ofrecieron 62 plazas, de las cuales 56 estaban en Cataluña y solo seis en otros puntos de España: una en El Hierro, tres en Baleares y dos en Extremadura.

Para la 70ª promoción (2019-2021) hubo 188 plazas, 75 de ellas en Cataluña.

En el caso de la 71ª promoción (2020-2022), 74 de las 171 plazas disponibles eran Juzgados catalanes.

A la última promoción a la que se ha entregado los despachos, la 72 (curso 2021-2023), se le han ofrecido 160 plazas, 42 de ellas en Cataluña.

Esta política judicial tiene como consecuencia que Cataluña sea la comunidad en la que la plantilla de jueces es la más joven de España y la de menor antigüedad.

El último informe del CGPJ sobre la estructura de la carrera judicial, fechado el pasado enero, indica que, frente a los 25 años de antigüedad media de los jueces de Aragón y Madrid, la media en Cataluña es de 16 años. La siguiente comunidad es Castilla-La Mancha, con casi 17 años de antigüedad media.

Pero priorizar las vacantes de Cataluña en las plazas que se ofrecen en el concurso para los jueces recién ingresados es una solución coyuntural, porque muchos de ellos piden otro destino en cuanto legalmente se les permite, normalmente intentando acercarse a su lugar de procedencia. La permanencia mínima en el primer puesto antes de concursar a otro es de un año.

Antigüedad media en la carrera de los jueces en activo por Comunidades Autónomas. Gráfico del CGPJ

Cataluña es una de las comunidades que menos jueces aporta al Poder Judicial en proporción a su población, la segunda mayor de España. Andalucía, la más poblada, es la que más vocaciones judiciales tiene. Madrid también supera a Cataluña, pese a ser inferior en población.

En 2022 la Generalitat catalana puso en marcha un programa de 50 becas anuales destinadas a graduados en Derecho residentes en Cataluña y que acrediten el nivel C1 de catalán para preparar las oposiciones a las carreras judicial y fiscal.

La Consejería de Justicia define el plan como "una apuesta de país por reducir la rotación de jueces, juezas y fiscales, garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y asegurar el conocimiento del derecho propio y de la realidad social del país" mediante una estrategia que "busca romper la falta de tradición opositora de los catalanes en la judicatura y en las profesiones jurídicas en general".

La Generalitat invertirá en este programa 2,3 millones de euros en cuatro años, que finalizan en 2026. Los becados que logren el despacho se comprometen a permanecer en Cataluña cuando pasen los dos años de permanencia mínima obligatoria. Para las 50 becas ofrecidas en agosto de 2022 se presentaron 97 candidatos.