El Supremo tumba el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática

Es el segundo varapalo del alto tribunal al fiscal general del Estado en los últimos seis meses. Álvaro García Ortiz ya fue desautorizado el pasado noviembre por promover a su antecesora al cargo de fiscal togada de la Sala de lo Militar del Supremo. Tras ello, el Gobierno volvió a renovarle en el cargo.

En la primera ocasión, la Sala de lo Contencioso-Administrativo llegó a apreciar desviación de poder en la conducta de García Ortiz al considerar que su objetivo fue asegurarle a Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal, "apartándose de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito".

Ahora la Sala ha tumbado el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, cargo para el que fue propuesta por García Ortiz el pasado 8 de junio pese a la posición contraria de la mayoría del Consejo Fiscal.

Fue una propuesta controvertida porque los seis vocales de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal pidieron, sin éxito, a García Ortiz que sacara del orden del día el nombramiento del fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos para que la Inspección Fiscal hiciera un informe sobre la posible incompatibilidad de Dolores Delgado para ese concreto cargo por su relación de pareja con Baltasar Garzón, presidente de una fundación dedicada a los mismos asuntos que manejará Delgado.

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La petición se basaba en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, según el cual los fiscales no podrán ejercer "en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal".

Los consejeros de la AF explicaron que la pareja de Delgado preside la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que desde su nacimiento en 2011 "participa activamente en la elaboración de informes ante instituciones nacionales e internacionales sobre materias tales como las supuestas infracciones del Estado Español de lo dispuesto en la Convención contra las Desapariciones Forzadas o, ante la ONU, proponiendo investigar y juzgar las desapariciones del franquismo y la no aplicación de la Ley de Amnistía".

Esos informes "han sido fundamento de la Ley de Memoria Democrática hasta el punto de que la creación de la Fiscalía de Sala derive de sus recomendaciones. Y ello sin perjuicio de que, además, Dolores Delgado haya colaborado en actividades de la propia Fundación, tanto en su época como ministra de Justicia como con posterioridad".

Fue el propio fiscal general el que contestó para rechazar la petición. García Ortiz manifestó que no considera que ese precepto del Estatuto sea aplicable al caso de Delgado y recordó que la Inspección Fiscal ya había hecho un examen previo de todos los candidatos para analizar si concurren en cada uno de ellos los requisitos legales.

A la vista de esta respuesta, los vocales de la AP y de la APIF decidieron no participar en la votación, una situación insólita que no tiene precedentes en el actual Consejo Fiscal.

La candidatura de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática suscitó un serio conflicto que incluso ha llevado a la Asociación de Fiscales a pedir la dimisión de García Ortiz.

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El nombramiento ha sido anulado en una decisión del Supremo adoptada por cuatro votos frente a uno, este último de la magistrada Pilar Teso. Los ponentes de las sentencias, que serán conocidas en los próximos días, son el presidente en funciones de la Sala, Pablo Lucas, y Antonio Fonseca-Herrero.

La Sala ha estimado el recurso interpuesto en primer lugar por el fiscal Luis Ibáñez, que fue aspirante a la plaza, y después por la mayoritaria Asociación de Fiscales y por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

El alto tribunal ordena la retroacción del proceso para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si concurre o no en Delgado la prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.