El abogado de Begoña Gómez ha defendido con éxito casos del PSOE y de tráfico de influencias

Fiscal en excedencia, secretario de Estado de Interior entre abril de 2004 y julio de 2011, ministro de Interior durante cinco meses hasta la llegada del Gobierno del PP en diciembre de 2011 y exdiputado en las filas socialistas, Antonio Camacho abandonó la política activa en 2014 y volvió al Derecho.

No solicitó el reingreso en la carrera fiscal -no puede hablarse, en su caso, de 'puertas giratorias'- sino que se incorporó como asesor en asuntos de derecho penal económico en el bufete Pérez-Llorca.

Allí estuvo hasta 2018, cuando creó su propio bufete y se integró también en el equipo de un pequeño despacho madrileño, Moreno Alarcón Abogados, dedicado a asuntos generales de derecho civil y a la especialidad de Camacho: el derecho penal económico.

A esa rama ha dedicado su labor profesional, normalmente exitosa si hacemos caso a las bases de datos de jurisprudencia.

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Camacho ha actuado en Audiencias Provinciales como las de Palma de Mallorca, Madrid y Alicante, y en la Audiencia Nacional.

En Mallorca defendió a una empresa inmobiliaria a la que se exigía una responsabilidad civil subsidiaria en un caso de estafa. Lo ganó.

También tuvo éxito como defensor de un acusado de estafa para quien el fiscal pedía tres años de cárcel. La Audiencia Provincial de Madrid le absolvió.

Alejado de los focos, Camacho ha intervenido discretamente en, al menos, dos casos mediáticos.

Uno de ellos fue el juicio celebrado en 2018 ante la Audiencia Nacional de Alicante contra quince directivos y miembros del consejo de administración de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), acusados de un delito de apropiación indebida agravada por el cobro ilegal de dietas.

Camacho defendió a una de las acusadas, para la que el fiscal pedía dos años de cárcel. Fue absuelta. El tribunal sí condenó a seis de los directivos de la CAM.

Abogado del PSOE

El ahora abogado de Begoña Gómez fue el encargado de defender en la Audiencia Nacional al PSOE en la pieza del caso Fitonovo referida a las adjudicaciones realizadas a favor de esa empresa por los Ayuntamientos de Sevilla y Algeciras.

En el juicio, celebrado en el otoño de 2022, el fiscal acusó de delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación administrativa a 17 funcionarios, concejales y empresarios, de los que fueron condenados 10. Se declaró probado que la sociedad Fitonovo creó una infraestructura destinada a repartir dádivas y recompensas a funcionarios públicos a cambio de contratos.

El fiscal acusaba al PSOE de ser partícipe a título lucrativo por la cantidad pagada por las obras de reforma de la sede de la Agrupación Socialista Macarena, de Sevilla, que abonó Fitonovo y que ascendió a 9.998,43 euros.

La Audiencia Nacional dio la razón a Camacho y absolvió al PSOE al considerar que "ninguna actuación delictiva se ha llevado a cabo en nombre del partido o en su seno, sino a título particular por una serie de sujetos con aquel relacionados, que han propiciado un mero enriquecimiento personal a través de las 'comisiones' a las que la entidad Fitonovo S.L. hacía frente, para asegurarse la adjudicación de la contratación pública en el Ayuntamiento de Sevilla o el mantenimiento de los servicios que en aquel venía prestando".

"El Partido Socialista Obrero Español no ha sido partícipe de ningún enriquecimiento injusto", señaló la sentencia. "No se ha acreditado debidamente en el plenario esa supuesta relación de dos acusados con la Agrupación Socialista Macarena más allá de su militancia, así como si aquellas eran las personas autorizadas para decidir la realización de las obras de reforma, o si por el contrario, contaban con la debida autorización para ello".

Relación con la Fiscalía

Antonio Camacho ha atendido puntualmente algunos asuntos no relacionados con el derecho penal económico. En 2017 asistió a una mujer víctima de violencia de género que, a vez, era acusada de malos tratos por su pareja. Ella fue absuelta y el hombre, condenado a dos años y nueve meses de prisión.

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Camacho, fiscal de carrera por oposición desde 1991, fue dirigente y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, la asociación afín al actual fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Le une, así, una buena relación con los actuales responsables de la Fiscalía General, que reaccionaron de inmediato a la decisión del juez Peinado de admitir a trámite la denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra Begoña Gómez. El recurso interpuesto por el Ministerio Público se encuentra pendiente de resolver por la Audiencia Provincial de Madrid.