La regla de la neutralidad que Peinado se salta: no tomar decisiones que puedan influir en el voto

Peinado investiga a Begoña Gómez por actividades profesionales desarrolladas en los años 2020 y 2021. La instrucción trata de averiguar si la esposa de Pedro Sánchez utilizó su influencia para favorecer la adjudicación de contratos de la empresa pública Red.es por importe de 10,6 millones de euros a las sociedades de Carlos Barrabés, profesor de un máster dirigido por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

En concreto, Gómez firmó dos cartas de recomendación a favor de Barrabés, sin que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) hayan encontrado hasta ahora ninguna otra conexión de la empresaria con esos expedientes.

Dado que la fecha escogida por el juez para la comparecencia de la esposa del presidente del Gobierno es el próximo 5 de julio, es decir, dentro de un mes, Peinado tenía tiempo para acordar y notificar la citación más adelante, en lugar de darla a conocer cinco días antes de que los ciudadanos vayan a las urnas con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo.

La citación judicial de Gómez ha proporcionado, así, artillería a los adversarios políticos del presidente del Gobierno en los días finales de la campaña electoral.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió a Sánchez que "asuma su responsabilidad política inmediatamente".

Mientras, el presidente del Gobierno trata de dar la vuelta a su favor situando la decisión del juez en el marco de una "coreografía ultraderechista para condicionar las elecciones" y acusando al instructor de "no respetar el "desarrollo normal de una campaña electoral".

Nada de esto hubiera ocurrido de haberse respetado la costumbre que siguen desde hace años los altos tribunales cuando el país está en campaña electoral: no resolver durante estos períodos asuntos susceptibles de ser utilizados políticamente por los partidos se ha convertido en una especie de 'regla de oro' de la neutralidad judicial.

Se trata de que "no exista la apariencia de que los jueces queremos influir en un momento político de especial trascendencia, al estar los ciudadanos llamados a las urnas" y también de evitar que los contendientes "utilicen a su favor o en contra de otros nuestras decisiones", explican fuentes judiciales.

Un reciente ejemplo se puede encontrar en la decisión adoptada este lunes por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, de posponer hasta después de las elecciones europeas la sentencia sobre el recurso interpuesto por Vox contra la ley del aborto de 2023, abanderada por la exministra Irene Montero, ahora candidata de Podemos al Parlamento Europeo.

Con motivo de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, el TC pospuso el examen de los recursos interpuestos por el PP y Vox contra la ley que impide al Consejo General del Poder Judicial en funciones hacer nombramientos discrecionales.

Y también retrasó los recursos de amparo interpuestos por el exdiputado canario de Podemos Alberto Rodríguez, al que el Congreso retiró el acta después de ser condenado a un mes y 15 días de cárcel e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo por agredir a un policía durante una manifestación contra la 'ley Wert' de Educación.

Por su parte, la Sala Penal del Tribunal Supremo atrasó hasta después de esas mismas elecciones el debate de los recursos presentados por la Fiscalía contra las decisiones judiciales que han rebajado las penas a agresores sexuales en aplicación de la 'ley de solo sí es sí'.

También pospuso los recursos relacionados con el fraude de los ERE y la impugnación de Luis Eduardo Ramírez, exmarido de la exvicepresidenta del Gobierno Valenciano Mónica Oltra, contra su condena por abusar sexualmente de una menor tutelada por la Generalitat en un centro en el que él era educador. 

La celebración anticipada de las elecciones catalanas el pasado 12 de mayo movió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a aplazar el juicio por la preparación del referéndum ilegal del 1-0 contra tres políticos claves del 'procés': Josep María Jové, Lluís Salvadó y Natalia Garriga.

La Sala argumentó que posponer el juicio era un “fin legítimo”, ya que evitaba “toda interferencia” o “aprovechamiento” del mismo durante la campaña electoral y tampoco afectaba a los derechos procesales de las partes.

Esta costumbre, que no está prevista en la ley, se sigue desde hace lustros. Por ejemplo, en marzo de 2007 el Tribunal Supremo dejó para después de las elecciones municipales de mayo de ese año la resolución del recurso del entonces dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi contra la sentencia que le condenó por enaltecimiento del terrorismo por participar en un homenaje al etarra José Miguel Beñarán, 'Argala'.