Suiza responde otra vez al juez García-Castellón que no ve terrorismo en el 'caso Tsunami'

Precisamente, la política está fugada de la Justicia española y desde 2018 reside en el país helvético.

García-Castellón emitió una solicitud de información a las autoridades suizas (denominada comisión rogatoria) en la que solicitó, entre otras cuestiones, información sobre el paradero de la líder de Esquerra.

Y ahora, al igual que hiciera en 2019 y 2020, la Oficina Federal de Justicia (OFJ) del país alpino, dependiente de su Ministerio de Justicia, ha puesto en duda la existencia de terrorismo en esta causa en base a su propio ordenamiento jurídico. Así lo ha avanzado El País y confirman a EL ESPAÑOL diversas fuentes jurídicas.

El pasado diciembre, Suiza rechazó informar sobre el paradero de Marta Rovira y acerca de una cuenta bancaria a través de la cual se habrían financiado parcialmente las actividades de Tsunami Democràtic, la plataforma independentista que convocó las protestas violentas a favor de los líderes del procés catalán que ahora se investigan por supuesto terrorismo.

Entre otras, la que provocó el colapso del Aeropuerto de El Prat en octubre de 2019.

Para imputar a Rovira, García-Castellón se basó en unos chats recogidos en un informe de la Guardia Civil y que constatan que la secretaria general de ERC, bajo el alias de Matagalls, formó parte de la organización de los disturbios.

Incluso, tal y como desveló EL ESPAÑOL, esas conversaciones incluyen órdenes de Rovira. "Debemos actuar como en el 1-O, con abuso de posición", recomendó la política independentista en un chat secreto.

El juez García-Castellón también se basó, para imputarla por el delito de terrorismo, en una reunión celebrada en Ginebra (Suiza) en 2019, en la que, a su juicio, se coordinó el lanzamiento de la plataforma Tsunami Democràtic.

En marzo de 2020, Suiza también se opuso a colaborar con la Audiencia Nacional al considerar que el caso Tsunami tenía "un carácter político". Y así lo plasmó entonces el representante de la Oficina Federal de Justicia, Guillaume Rousseau, en otro escrito que envió al juez.

Por otro lado, el juez García-Castellón ha dado un plazo de 10 días a la Fiscalía y el resto de partes personadas en el caso Tsunami para aportar sus alegaciones sobre "la aplicabilidad o inaplicabilidad" de la recién aprobada Ley de Amnistía a esta causa.

El fiscal de este caso, Miguel Ángel Carballo, descarta la existencia de terrorismo y, por ello, ha protagonizado un intenso enfrentamiento con el juez. La Fiscalía, a lo largo de la instrucción de este procedimiento, se ha mostrado favorable a enviar la causa a un juzgado ordinario de Barcelona.