Macías: "Si el Papa hubiera atacado al Poder Judicial, le habría acosado hasta que rindiera la mitra"

Su interlocutor, el dirigente del PP Esteban González Pons, le dio un tiempo para pensar. "Pero poco, necesito la respuesta".

A quien conozca a Macías, juez por oposición en excedencia, socio de una prestigiosa firma de abogados, profesor universitario, vocal del Consejo General del Poder Judicial desde enero de 2015, seguro que no le extraña que diera el 'sí' en ese mismo instante.

Macías es un tipo con las ideas claras al que no le gusta perder el tiempo. A cambio, tampoco se lo hace perder a otros. Sabe que el Tribunal Constitucional es en este momento una institución estratégica para un buen puñado de asuntos de la máxima importancia para España: la cuestión territorial, la solidaridad entre nacionalidades y regiones, la "fiscalidad singular" de Cataluña, la reeditada reclamación de un referéndum de autodeterminación, la amnistía de los encausados por el proceso independentista catalán...

Este jurista nacido hace 59 años en Cataluña y formado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que ejerció la función judicial durante 12 años, siempre en destinos en Cataluña (de donde los jueces jóvenes ahora se van en cuanto pueden), que fue director general de Asuntos Contenciosos de la Generalitat de Cataluña en 2002 y 2003 (la etapa final de la presidencia de Jordi Pujol, cuando el Gobierno catalán se preocupaba por rentabilizar los logros del pacto del Majestic, en vez de jugar al 'procés') vive con intensidad el devenir de España y del régimen de la Monarquía constitucional del 78.

Por eso, cuando al final de la entrevista le preguntamos si los nacionalistas tienen algo que temer por su llegada al Tribunal Constitucional, Macías dice que nadie tiene nada que temer, salvo el que quiera cargarse la Constitución.

Hasta sus adversarios reconocen que es un contrincante de cuidado. Sobre todo, porque es un sólido jurista que ha ejercido en todas las jurisdicciones, menos en la laboral, y es un experto en Derecho administrativo y europeo.

El encuentro con EL ESPAÑOL se celebra un día después de la firma en Bruselas del pacto entre el Gobierno socialista y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano en el que no ha habido un solo papel importante o una estrategia destacada en la que no haya intervenido Macías.

Muchas de las declaraciones institucionales del CGPJ en defensa del Poder Judicial frente a los ataques de los políticos han sido redactadas de su puño y letra. También cuando las descalificaciones han provenido de ministros del PP como Rafael Catalá. "Si al Papa se le ocurre atacar al Poder Judicial, le hubiera acosado hasta que hubiera rendido la mitra", dice. Esos son sus principios y, a diferencia de Groucho Marx, no tiene otros. 

Ahora, indisimuladamente feliz, recoge los documentos y los libros de su despacho en el Consejo, incluida la foto de alférez auditor reservista voluntario del Ejército español. Sabe que ya no volverá a ningún destino relacionado con la Judicatura ni tampoco regresará a su bufete, Cuatrecasas. Sabe que con su marcha al TC quema las naves. Pero qué soldado dice que no a una gran batalla.

¿Cómo se han vivido desde dentro del CGPJ esos cinco años y medio de prórroga, una situación completamente inédita? Les han llamado ‘okupas’, les han quitado competencias, les han acusado de tener paralizada la institución…

Con una tremenda intensidad. Tengo que reconocer que en 2018, cuando se abortó la renovación -una vez que estaba cerrada- por la torpeza de las filtraciones de los que la gestionaron, experimenté una ligera...no satisfacción, pero sí alivio. El mes anterior se había producido un episodio en la Sala Tercera del Tribunal Supremo por unas discrepancias sobre la tributación de las hipotecas e, inexplicablemente, hubo miembros del Gobierno que echaron la culpa al Consejo de una cosa que había pasado en el Tribunal Supremo.

Recuerdo las afirmaciones de algún alto responsable diciendo que había que renovar el Consejo para que este tipo de cosas no volvieran a pasar. Como el español es una persona de memoria corta, me entristecía que eso fuera lo último que recordara del Consejo, porque había sido un período de mucho trabajo. El CGPJ se había revitalizado y estaba en un sitio muy alto, teniendo en cuenta cómo había acabado el anterior, con todos los escándalos que rodearon la dimisión de Carlos Dívar.

Pensé que tendríamos unos meses para recuperar otra vez la posición que injustamente se nos hacía perder. Pero luego se demoró y demoró de una manera que nos conducía justo a lo contrario. En este tiempo extra hemos tenido de todo. Y a veces por nuestra culpa: algunos calificativos que nos han dirigido han salido de aquí, como el de ‘okupas’.

Lo dijo el vocal Álvaro Cuesta

Y de forma no muy consecuente, porque si realmente pensaba eso, la solución era bien sencilla: irse y dejar de ser ‘okupa’. Ese tipo de inconsistencias son seguramente las que más me han irritado. Las que se han producido desde fuera, que han sido muchas, las he tomado como gajes del oficio. Cada uno está en su papel y el nuestro consistía en contestar ese tipo de ataques. 

Lo cierto es que ese retraso ha afectado también a tribunales de la máxima relevancia, como el Supremo. ¿Hacía falta quitar la facultad de nombramientos al Consejo?

Para nada, para nada.

¿Hacían ustedes nombramientos tan sectarios como para que les dejaran sin esa competencia constitucional?

En absoluto. No descarto que la prohibición que se nos impuso en 2021 se debiera precisamente a que los nombramientos no eran en absoluto sectarios y el Consejo podía demostrar que funcionaba con absoluta normalidad estando en prórroga de mandato.

Tengo muy presente que en 2018 nos llegó una indicación desde el Gobierno -a mí no me llegó personalmente, pero el presidente Lesmes me dijo que se había hecho- para que no hiciéramos nombramientos, que los nombramientos no eran nuestros y que debían ser del próximo Consejo.

En aquel momento nos conjuramos para hacerlos por mayoría de tres quintos. Carlos Lesmes nos encomendó a dos personas, a Mariví Cinto [la vocal propuesta por el PSOE Maria Victoria Cinto, fallecida el 30 de junio de 2022] y a mí, que fuésemos capaces de generar consensos. Y lo hicimos. Con Victoria llegué a trabar una magnífica amistad porque hablábamos y hablábamos buscando los puntos de encuentro. Salieron nombramientos de manera constante prácticamente por unanimidad. Y si no eran unánimes era porque faltaban uno o dos votos. Pero se hicieron nombramientos muy por encima de los tres quintos. Creo que decepcionó el hecho de que el Consejo no se hundiera y que fuese capaz de funcionar. Por eso se acaba por impedirnos que funcionemos.

Pero entonces la pregunta es por qué el Gobierno no quería que se hicieran esos nombramientos, cuando se estaba logrando un consenso muy alto. ¿Se pretendía que hubiera otro tipo de nombramientos en un nuevo CGPJ con una mayoría de vocales designados por el PSOE?

Es una idea instalada tanto a izquierda y derecha -no distingo- que si se tiene un dominio político del Consejo, entonces también se tiene el dominio político del funcionamiento del Consejo. Y eso, que puede estar erróneamente instalado en la cabeza de más de uno, puede justificar algunos comportamientos que después no se atienen a la realidad. Yo nunca he recibido una llamada de un político pidiéndome que votara a tal o que votara a cual.

¿Podría decir lo mismo de los vocales propuestos por el PSOE?

Doy por sentado que sí. Otra cosa es que alguien te haga el comentario de que fulanito o menganita son magníficos. Pero eso te lo hace un político y te lo hace otro juez o un señor que está en la Administración. Ese tipo de comentarios están en el ambiente y te trasladan una opinión sobre una persona. Pero es muy diferente a que alguien levante el teléfono de un Ministerio y te dé una orden. A mí eso no me ha pasado nunca. Si le ha pasado a alguien, no lo sé. Pero tiendo a pensar que no. Otra cosa -y esa es la pena de la situación en la que han desembocado estos años- es que haya quien crea que eso se puede hacer y que sí no lo aprovecha para sí, lo van a aprovechar otros para ellos.

Le voy a pedir un ejercicio de objetividad. ¿Quién ha tenido la culpa del retraso en la renovación del CGPJ?

Sinceramente, no me atrevo a echarle la culpa a nadie. Entiendo el planteamiento del PSOE en cuanto a que, mientras haya unas reglas, hay que respetar esas reglas. Y si te sitúas exclusivamente en el plano constitucional interno, esas reglas están ahí. Y entiendo también perfectamente el planteamiento del PP cuando dice que las reglas no se agotan en el plano interno y en la Constitución, sino que tenemos que incorporarnos a la Unión Europea porque lo acordamos así en el año 85, cuando decidimos suscribir los tratados de la Comunidad Económica Europea, ahora de la UE. Y se nos está pidiendo que respetemos unos estándares que, en el plano del Derecho de la Unión y por el principio de primacía, están por encima incluso de la Constitución. Yo no buscaría culpables, lo que buscaría son soluciones.

Alguien tiene que responder de ese retraso, en términos de responsabilidad democrática.

He oído decir a Aitor Esteban [portavoz del PNV en el Congreso] que el pacto se podía haber firmado hace cinco años. Yo lo que he visto que se ha firmado, hace cinco años no se podía firmar.

¿Por qué?

Porque el pacto incorpora una serie de compromisos. El tema será si después se cumplen. Pero incorpora una serie de compromisos que hace cinco años creo que ni el PP ni el PSOE estaban maduros para poder llegar a ese punto de encuentro.

¿Pero dónde está el compromiso? No he visto nada redactado en términos de compromiso en ese acuerdo ni tampoco en la proposición de ley que lo acompaña.

El compromiso es encomendar a los nuevos vocales no que hagan un simple informe, sino un texto con un nuevo modelo de elección de los vocales de origen judicial, previo un análisis de los sistemas de derecho comparado, asegurando dos principios: la participación directa de los jueces -es decir, sin intermediarios- y que el nuevo sistema sea acorde con los estándares europeos en los términos en los que la Comisión Europea considera válidos. Esto ya es mucho.

Pero, suponiendo que el CGPJ llegara a un acuerdo en el sentido de articular una propuesta de participación directa de los jueces en la elección de los vocales judiciales -para lo que se exigen tres quintos de un Consejo donde va a haber diez vocales propuestos por el PP y otros diez por el PSOE-, luego no hay ningún compromiso de respetar eso y trasladarlo a una ley. Ése sería el compromiso porque, si no, lo que proponga el CGPJ sería papel mojado.

Absolutamente. Estamos de acuerdo.

Entonces ¿dónde está el compromiso?

El compromiso está en los términos en los que puede trabarse un compromiso políticamente. Si a mí un cliente me dice que le asesore en la firma de un contrato en el que va a haber pagos diferidos, le diría que bien, pero con un aval para el caso de que se incumpla.

Y aquí ¿cuál es el aval?

El tema es que no tienes un vehículo jurídico para imponer que se cumplan compromisos políticos.

Se podía haber puesto en la proposición de ley, ¿no?

Puedes ponerlo, pero lo cierto es que las leyes no se graban en piedra. Las normas se modifican por normas posteriores. El único aval posible es haberlo acordado en Bruselas con la señora Jourová [la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová] de testigo. Yo le atribuyo a eso un valor muy superior al de la simple performance. Se está poniendo de alguna manera a la Comisión Europea como supervisora del cumplimiento de ese acuerdo. Y quienes lo están firmando, si luego lo incumplen, están poniendo su propio nombre en cuestión como personas que pueden ser fiables en el plano político, no ya dentro de España, sino fuera de España.

El único aval del acuerdo sobre el CGPJ es haberlo acordado en Bruselas con la señora Jourová de testigo

Pero estamos hablando de política y de un pacto que no incluye ningún compromiso, sino un desiderátum: que se haga una propuesta para la participación directa de los jueces “que se determine”, que esa propuesta sea debatida en el Parlamento “en su caso”….

Pues el compromiso es hacer los mejores esfuerzos para llegar a ese desiderátum y se ha hecho delante de quien se podía hacer. Sí, eso implica grandes riesgos porque no hay ninguna manera de conseguir una vinculación jurídica para que lo que está tanto explícito como implícito se cumpla. Totalmente de acuerdo. Este acuerdo tiene sus riesgos, pero creo que habíamos llegado a un punto, sobre todo con ciertas amenazas que se habían planteado y se habían puesto sobre la mesa, en el que esos riesgos necesariamente se tenían que asumir.

¿Me está diciendo que Feijóo ha pactado porque había una amenaza del Gobierno de sustraer al CGPJ el sistema de nombramientos?

No sé por qué ha pactado Feijóo porque yo no he estado en las negociaciones. Lo que sí digo es que se había puesto sobre la mesa algo que a mí me sonó a amenaza. Una amenaza que tenía de creíble el hecho de que podía apoyarse en algo que, aunque no fuera lo que propuso el presidente Guilarte, sonaba a lo que había propuesto, convenientemente alterado: que el Consejo no es capaz de hacer los nombramientos de manera ecuánime y que, por lo tanto, lo tenía que hacer otro y así desaparecía el interés que impedía la renovación del Consejo. Creo sinceramente que no había otra opción.

Usted conoce el CGPJ y conoce muy bien la carrera judicial y también a las asociaciones judiciales. Con la composición y la distribución de fuerzas del próximo Consejo ¿ve una propuesta que devuelva la elección de los vocales judiciales a los jueces?

Veo altamente difícil que puede llegar a ser así. Lo que ocurre es que esto va a depender de cosas que no van a pasar en el Consejo General del Poder Judicial, sino fuera de él, con independencia de cuál sea la opinión que se exprese en el CGPJ. Hay algo que ha cambiado muy profundamente: que uno de los dos actores políticos, después de haber incumplido eh sus promesas, luego de haber tenido la ocasión por dos veces con mayoría absoluta de llevarlas a cabo, habrá aprendido la lección de lo que supone no ser coherente.

Puede haber una situación de cambio político normal en una democracia en la que eso [que los jueces elijan a los vocales judiciales] suceda. Y muy probablemente habrá que esperar a ese momento. Lo que sí tengo por cierto es que cuando llegue ese momento, no habrá marcha atrás, porque sería percibido como una involución en los estándares del Estado de derecho en la UE.

Mientras no se produzca, es cierto que hay sectores dentro de la Judicatura que no están nada confortables con un sistema de votación entre los jueces. Asociaciones que ahora tienen el 8,1% del censo de jueces en activo [se refiere a Jueces y Juezas para la Democracia] consiguen el 33 % de los vocales judiciales. Si éstos fueran votados por la carrera, obviamente el resultado sería muy diferente.

Si no hay un impulso político, veo muy difícil que la elección de los vocales judiciales del CGPJ se devuelva a los jueces

También lo sería para la asociación mayoritaria [Asociación Profesional de la Magistratura], porque no tendría la misma representación, sería menor y se introducirían actores nuevos. Cambiaría por completo la situación del CGPJ. Entiendo que a quienes están instalados en el actual panorama no les convenga. A unos más que a otros. Y a algunos no les conviene en absoluto. Entonces, si no hay el posterior impulso político veo muy difícil, tremendamente difícil, que esto, sin más, evolucione. Habrá que esperar otros tiempos, No digo que mejores, solo otros tiempos.

No está reflejado así en el acuerdo, pero se nos dice que por primera vez no se va a pactar el nombre del futuro presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo

Es durísimo que el acuerdo consista en decir que por primera vez desde el año 1985 se va a respetar la Constitución en ese punto y que eso no produzca sarpullidos.

Pero ¿es creíble que no vaya a haber ninguna indicación, alguna sugerencia por parte de PSOE y PP?

Yo me lo creo

Usted ha formado parte de un Consejo cuyo presidente se conocía incluso desde antes de la elección de los vocales. Ese dato no se puede ignorar.

Ese dato no se puede ignorar. De la misma manera que no ignoro que en 2018 naufraga por primera vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque se produce una filtración desde un lado de la negociación de quién va a ser el presidente del CGPJ, que hubiera sido un presidente extraordinario. No hubiéramos vivido esta época de haber tenido un presidente como Manuel Marchena. Pero las formas fueron absolutamente indecorosas. Ahora lo que se nos está diciendo es que se va a volver al decoro. Pues bienvenido sea. Yo me lo quiero creer y me lo creo.

El pacto incluye también que el jurista que sea propuesto fiscal general no haya ejercido cargos políticos durante los cinco años anteriores. Vista la situación actual de la Fiscalía General, ¿es una medida suficiente? Tenemos a un fiscal general en una situación delicada. Si el Tribunal Supremo decidiera investigarle, ¿usted cree que García Ortiz debería seguir al frente de la Fiscalía?

Un fiscal general imputado, es decir, un fiscal general respecto al que el Tribunal Supremo ya ha apreciado indicios suficientes como para que se pueda seguir la causa contra él, plantea una situación imposible para él y le corresponde al fiscal general hacer esa reflexión. Pero volviendo al inicio de la pregunta, obviamente esa medida es el mínimo del mínimo. Hay que reformar la figura del fiscal general. Al que, por cierto, el informe sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea se refiere con la misma insistencia y la misma importancia que se refiere al Consejo.

Una imputación del fiscal general por el Tribunal Supremo plantearía una situación imposible para él

¿Por qué ha aceptado ir al Tribunal Constitucional?

Quizás la única afirmación en la que he coincidido con Félix Bolaños es algo que le oí decir cuando fue nombrado ministro: que hay cosas que jamás se tienen que pedir, pero que si te las ofrecen es imposible decir que no. Ésta es una de ellas. Y más en la situación crítica de punto de inflexión constitucional en la que se encuentra España por el problema territorial. También por el propio problema de entramado institucional hacia el que vamos.

José María Macías, nuevo magistrado del Tribunal Constitucional./ David Morales

Ha citado a Bolaños. ¿Cómo se explica que haya aceptado que vaya al Tribunal Constitucional alguien de un perfil que se califica de duro, de inflexible?

No sé, yo he oído lo de duro, lo de inflexible...

Hay más criticas a su designación para el TC . Por ejemplo, que usted es miembro de la carrera judicial pero nunca ha sido juez del Tribunal Supremo, que ha sido un premio por haber actuado como ariete del PP en el Consejo General del Poder Judicial...

Todas las críticas, para quien las haya hecho, estarán justificadas. Pero personalmente no creo que lo estén. No hay que ser magistrado del Tribunal Supremo para estar en el Tribunal Constitucional, hay que ser jurista de reconocido prestigio. Ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ni la propia Constitución se refieren a los magistrados del Tribunal Supremo.

En cuanto a mi inflexibilidad o dureza, por descontado que en el ejercicio de la función que yo tenía encomendada en el Consejo General del Poder Judicial, que era la defensa del Poder Judicial, cualquier ataque a los jueces iba a ser contestado con absoluta intemperancia, dureza e inmediatez. No hacerlo así hubiera sido no cumplir con la función que se me había encomendado. Si al Papa se le ocurre atacar al Poder Judicial le hubiera acosado hasta que hubiera rendido la mitra, y se lo dice un católico. Eso puede tenerlo por seguro. Me da igual de dónde venga el ataque.

La primera vez que, por encargo del presidente Lesmes, tuve que salir a responder un ataque no aceptable por parte de un ministro fue el del entonces titular de Justicia del PP [Rafael Catalá] refiriéndose a un magistrado de Navarra. Me consta que a ese ministro no le hizo ninguna gracia. A mí me da igual que sea de una tendencia o de otra. Pero cuando ha habido que ser dialogante y llegar a acuerdos y consensos también lo he hecho, como ha ocurrido aquí, en el Consejo.

Hablaba de que llega al TC en un momento de “inflexión constitucional”. No sé si estaba pensando en la amnistía del ‘procés’, que, por cierto, ¿usted va a poder juzgar, teniendo en cuenta sus manifestaciones públicas reiteradas contra esa ley?

No estaba pensando exactamente en la amnistía, sino en la situación que plantean algunos territorios, como, por ejemplo, mi patria chica, Cataluña, en cuanto a un modelo territorial diferenciado o la propia secesión a través de un referéndum que vuelve a decirse que no pero que nunca acaba de quedar claro si hay alguna fórmula que alguien esté dispuesto a aceptar para presentarlo.

Respecto a la amnistía, efectivamente, yo me he referido a esa iniciativa como jurista. Como muchísimos otros juristas que han planteado discrepancias. Yo he llegado al punto de hacerlo en el plano e institucional más alto posible, en la misma tramitación del procedimiento legislativo, a petición del Senado. Lo hemos hecho en el CGPJ, no yo sino en conjunto, con un informe que creo de una factura excepcional con ponencia de Wenceslao Olea. Fue un trabajo que suscribí y en el que se ponía de manifiesto tanto la contradicción con el Derecho de la Unión Europea como con la Constitución. ¿Eso es motivo de abstención? Se tiene que ver en el Tribunal Constitucional. Tengo presente que ha habido asuntos en los que el Tribunal ha valorado que no procedía aceptar abstenciones -no ya recusaciones de terceros, sino abstenciones- en los casos de la magistrada Concepción Espejel, Juan Carlos Campo, el propio presidente...

Me he referido a la amnistía como jurista. El TC ha valorado que no procedía aceptar abstenciones en los casos de la magistrada Concepción Espejel, Juan Carlos Campo, el propio presidente.

Su intención es no abstenerse.

Como con cualquier asunto que tenga que ver en el Tribunal, mi intención es, cuando llegue y vea el planteamiento que se produce, decidir si me abstengo o no me abstengo. Y después el tribunal deberá decidir si me acepta o no me acepta la abstención. Mi intención es, a día de hoy, ninguna.

Seguramente volverá a ocurrir cuando llegue al TC la amnistía, pero el tribunal ya está resolviendo sistemáticamente por 7 votos a 4 los asuntos relevantes que afectan al Gobierno. ¿Éste es el modelo constitucional que se quiso para el TC?

Es obvio que no. Ni con el CGPJ ni con el Tribunal Constitucional la Constitución quiere un modelo de formación de bloques. Ni se había pensado al elaborar la Constitución que el tribunal fuera un reparto de poder ni que fuera tampoco un segundo escalón del Tribunal Supremo ni de ningún otro tribunal.

O un protector del Gobierno.

Desde luego que no. No es la función del Tribunal Constitucional proteger a nadie, salvo a la propia Constitución. La doctrina del Tribunal Constitucional -yo creo que a veces no muy bien entendida- es que nuestra Constitución no es una Constitución militante, no exige adhesión a sus principios. Creo que eso es hasta cierto punto. Habrá algunos mínimos irrenunciables a los que sí deba exigirse adhesión. Pero si hay alguien que sí tiene que ser militante de la defensa de la Constitución, son los magistrados del Tribunal Constitucional.

¿Los nacionalistas tienen algo que temer con su incorporación al Tribunal Constitucional?

No. Ni los nacionalistas, ni los ultraortodoxos, ni absolutamente nadie. Eso sí, creo que es inconcebible que un magistrado del Tribunal Constitucional no sea militante de la Constitución. La que haya en cada momento. Si me pregunta si voy a sostener que la Nación española se fundamenta en su indisoluble unidad, le diré que sí, claro, porque eso es lo que dice la Constitución. No voy a defender otra cosa mientras ésa sea nuestra Constitución. Si hay alguien que no le gusta y va a afirmar que por ese motivo yo soy inidóneo, me parece muy bien. Otra cosa no tienen que temer de mí, salvo que no les guste nuestra Constitución en la medida en que estaré llamado a protegerla. Y eso será lo que haré.