García Ortiz, la amnistía y Begoña: tres piedras en el zapato del Gobierno, pese al alivio del TC con los ERE

El Supremo podría comenzar a dictar esta semana resoluciones que dejen en suspenso la aplicación de la Ley de Amnistía a los delitos de malversación y terrorismo, lo que afectaría a Carles Puigdemont.

Por su parte, la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está citada a declarar este viernes ante el juez, investigada por los delitos de corrupción y tráfico de influencias. 

Y no sólo eso. "En esta semana probablemente veamos cómo el fiscal general del Estado es imputado, conoceremos nuevas informaciones sobre el hermano de Pedro Sánchez y veremos a la esposa dando explicaciones sobre sus relaciones con ciertas empresas. Y además, sabremos más sobre el caso Koldo".

Quien firma estos pronósticos es el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado. Y así se pronunció este domingo durante su visita a un stand del partido en el madrileño distrito de Retiro. "Será la semana fantástica de la corrupción del Partido Socialista", ironizó.

La imputación de Álvaro García Ortiz aún está en el aire, aunque el propio fiscal general avanzó que, de suceder, no pretende dimitir de su cargo. Lo que sí se producirá el 5 de julio es el interrogatorio del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez.

El llamado caso Koldo, en el que está investigado Koldo García Izaguirre, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, se encuentra a la espera de que el Supremo dirima si la Audiencia Nacional debe cedérselo a la Fiscalía Europea. Desde su inicio, el PP lo ha empleado como ariete contra el Gobierno, denominando ya a la causa judicial como caso Sánchez, caso PSOE o caso Ábalos.

Por otro lado, tal y como constatan las primicias de EL ESPAÑOL, una juez de Badajoz sigue recabando datos sobre la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación pacense. Y el PP también ha empleado esta causa como arma política desde su inicio. "Begoña Gómez y David Sánchez son los Koldos de Pedro Sánchez, que lo sabía todo y lo tapó", manifestó este domingo Tellado.

A estas chinas en el zapato que enumeró Tellado se puede sumar también el hecho de que los jueces del Supremo que instruyen causas vinculadas al procés catalán opten por preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la adecuación de la recién aprobada Ley de Amnistía a la legislación de la UE, lo que paralizaría los procedimientos hasta que se pronuncie el TJUE.

David Sánchez, el hermano del presidente, junto a Begoña Gómez en el pleno de investidura de 2019 Efe

En primer lugar, el magistrado Pablo Llarena se encarga del caso sobre el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Y por estos hechos se encuentra investigado el expresidente catalán Carles Puigdemont.

A su vez, la magistrada Susana Polo, también del Alto Tribunal, instruye la rama del caso Tsunami Democràtic que afecta al expresident. Y este discurrir de las causas judiciales que afectan al independentismo catalán se produce en plenas negociaciones para conformar un nuevo Govern en la comunidad autónoma. Marta Rovira, también investigada en el caso Tsunami, es la secretaria general de ERC y una de las posibles beneficiadas por la amnistía.

El TC y el 'caso ERE'

Es probable que al Supremo también lleguen las diligencias abiertas a raíz de la publicación, por parte de la Fiscalía, de una nota de prensa que incluía detalles de las comunicaciones entre el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que le acusa de delitos fiscales.

Por el momento, esta causa, iniciada con una querella de González Amador, sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que el fiscal general no figura entre los investigados. Pero una de las acusaciones de esta causa, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), solicitó que fuese elevada a la Sala Penal del Supremo, ante los "indicios cualificados" que apuntan a la presunta responsabilidad penal de García Ortiz por la difusión de la citada nota de prensa, que desmentía que la Fiscalía hubiese propuesto un pacto al abogado de Amador, ya que sucedió al contrario.

El Partido Popular, por boca de Tellado, criticó también que, en la semana que comienza, "quizá veamos al Tribunal Constitucional (TC) dictando sentencias al dictado de Ferraz, para exculpar a políticos condenados por corrupción".

Con ello, el portavoz del PP aludía al fallo del TC que ha estimado el recurso de amparo de la exconsejera andaluza Magdalena Álvarez contra las sentencias que la condenaron por un delito continuado de prevaricación en el caso ERE, lo que ha servido al PSOE para abonar su argumentario en contra del PP.

En un mitin celebrado días antes de que se conociese esta decisión judicial, Sánchez criticó que Álvarez hubiese sufrido "el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años". Además, dicho acto, celebrado en Benalmádena (Málaga), supuso la reaparición pública de Begoña Gómez tras conocerse que había sido citada a declarar como investigada. Se sentó en primera fila.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el Constitucional, además, debatirá en el pleno que comienza esta semana una ponencia que exonera por completo del delito de malversación de fondos públicos a Carmen Martínez Aguayo por el mayor fraude institucional en el reparto de ayudas sociolaborales, que ascendió a 679,4 millones de euros. Aguayo fue número dos de José Antonio Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.