El TS para la homologación de títulos extranjeros que Sánchez traspasó al País Vasco para ser investido

En una decisión adoptada ayer, martes, por unanimidad, el alto tribunal acoge la medida cautelar solicitada por varias organizaciones profesionales que han impugnado el real decreto 366/2024.

La efectividad del traspaso, que comenzó el pasado 1 de julio, estará suspendida, en principio, hasta que el Tribunal Supremo dicte las sentencias correspondientes a esos recursos.

El País Vasco es la única comunidad autónoma a la que el Gobierno central ha traspasado la homologación de los títulos universitarios extranjeros para que tengan los mismos efectos que si hubieran sido obtenidos en universidades españolas.

Hasta ahora, esa homologación era una competencia que ejercía exclusivamente el Ministerio de Universidades en todo el territorio nacional.

Pacto de investidura

La comisión mixta de transferencias entre el Estado y el País Vasco acordó el pasado 11 de marzo el traspaso de la competencia de gestionar la homologación y equivalencia de títulos y estudios universitarios extranjeros, además de las competencias sobre los ferrocarriles de cercanías de Renfe y el sistema de acogida de las personas beneficiarias de protección internacional.

Las tres transferencias formaron parte del acuerdo de investidura firmado el 10 de noviembre de 2023 entre Pedro Sánchez y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, por el que los nacionalistas vascos se comprometieron a votar a favor de la investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno.

A propuesta de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de abril el acuerdo de la comisión mixta, lo que se plasmó en el real decreto 366/2024.

Esta disposición establece el traspaso al País Vasco de las funciones de homologación de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español y de declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un nivel académico oficial español de Grado y Máster Universitario.

El órgano competente para ejercer esas funciones será la Consejería de Educación del Gobierno vasco.

Podrán solicitar la homologación y la equivalencia de títulos todas las personas que estén empadronadas en un municipio de la comunidad autónoma. No se exige un período de empadronamiento anterior a la solicitud.

Ruptura de la igualdad

El traspaso ha puesto en pie de guerra a distintos colegios profesionales, como el Consejo de Dentistas o la Organización Médica Colegial de España.

La OMC considera que la regulación de las condiciones de homologación de titulaciones universitarias es una competencia atribuida constitucionalmente al Estado como propia y exclusiva.

"Supone un grave problema de equidad que cualquier comunidad autónoma cuente con su propio sistema de homologación", sostiene.

A su juicio, el traspaso al País Vasco de esta competencia supone un incumplimiento del reconocimiento expreso a los Consejos Generales de las profesiones tituladas, colegiadas y reguladas de la facultad de informar las solicitudes de homologación de títulos extranjeros.

La Unión Profesional, asociación que agrupa a las profesiones colegiadas de España, considera que el real decreto 366/2024 supone "una ruptura con el sistema nacional existente" y pone en "grave riesgo el principio de  igualdad" al "establecerse un procedimiento específico y diferenciado en el ámbito especifico de  una comunidad autónoma, rompiendo un principio básico como la seguridad jurídica, y el correspondiente consenso en el seno de la  comunidad universitaria".