'Caso Koldo': el PP reclama al juez que la Abogacía del Estado no defienda al alto cargo cesado por Puente

El PP ha solicitado al juez encargado del llamado caso Koldo que impida que la Abogacía del Estado defienda a Jesús Gómez García. Este último, uno de los investigados en esta causa, es también el antiguo subsecretario del Ministerio de Transportes, a quien su actual titular, Óscar Puente, cesó el pasado viernes por "pérdida de confianza".

Antes de conocerse su destitución, el magistrado Ismael Moreno aceptó que, por el momento, la Abogacía pública representase a Gómez García en la causa. Ello, a pesar de que en un futuro puede producirse un "conflicto de interés" si se constata que otro (u otros) de los investigados cometieron un delito de fraude fiscal.

Eso provocaría que la Agencia Tributaria (AEAT) pudiera personarse como perjudicada en la causa. ¿Y quién tendría que defender a Hacienda? La Abogacía del Estado, que, hasta entonces, si nada lo impide, estaría representando a uno de los investigados, el subsecretario recientemente cesado.

En el llamado caso Koldo se investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión SL de varios contratos públicos millonarios para el suministro de mascarillas al inicio de la pandemia de la Covid-19. Fueron firmadas cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes.

Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el PP, que ejerce la acusación popular en esta causa, cita la auditoría encargada por Puente sobre estos contratos firmados por su antecesor, cuyas conclusiones fueron avanzadas por este periódico y que provocó la destitución del número 3 de Transportes.

El Partido Popular señala que "los hechos objeto de imputación al señor Gómez García se podrían calificar jurídicamente (...) como delitos contra la Administración Pública".

"No puede entenderse cómo la Abogacía del Estado pueda postularse en defensa de aquellos investigados por delitos que precisamente atentan contra los bienes jurídicos que debe defender la Abogacía del Estado (entre otros, el correcto funcionamiento de la Administración pública)", añade.

El PP señala que el cese del subsecretario de Transportes, decretado por Óscar Puente, debería "revertir la decisión" del juez de permitir a la Abogacía defender a Jesús Gómez García.

Por otro lado, el Partido Popular advierte de que, "pese a ser público y notorio el impacto que la presente causa tiene para los intereses del Estado por investigarse hechos de relevancia penal que, entre otras, habrían podido afectar a las arcas del Estado", la Agencia Tributaria aún no ha pedido personarse como perjudicada. Por ello, solicita al juez que se lo ofrezca.

"Su aceptación [de la AEAT como acusación particular] supondría su personación como parte acusadora, correspondiendo su representación, sin ningún género de dudas, a la Abogacía del Estado", advierte el PP, antes de avisar al posible conflicto de intereses que se produciría si el juez no revierte su decisión.

La Fiscalía Anticorrupción también alertó en un informe sobre esta problemática. También lo hizo otra de las acusaciones populares del caso, la asociación Liberum. Esta última ha solicitado al juez que llame a declarar como testigo al actual ministro Óscar Puente para que aclare por qué cesó a Gómez García y en qué se basa dicha "pérdida de confianza".