La Fiscalía Anticorrupción rechazará que el ministro Óscar Puente declare por el 'caso Koldo'

La acción popular pidió al juez Ismael Moreno la citación de Puente el pasado 23 de agosto, después de que el responsable de Transportes anunciara en el Senado las destituciones del subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez, y del jefe de personal de Adif, Michaux Miranda.

Este último tendrá que comparecer mañana como investigado, mientras que Gómez lo hará el próximo día 23.

Puente justificó los ceses por haberse producido una "pérdida de confianza" en los dos altos cargos tras conocer las conclusiones de la auditoría interna que el ministro ordenó realizar el pasado 27 de febrero sobre los contratos de compra de mascarillas que el Ministerio adjudicó a la trama presuntamente liderada por Koldo García, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consideran que no tiene sentido la citación de Puente como testigo de unos hechos de los que no tuvo conocimiento directo ni presenció, ya que cuando se produjeron, en plena pandemia, era alcalde de Valladolid.

Tampoco tiene sentido su testifical en relación con la auditoría que firmó el 19 de agosto la subdirectora general, Belén Roel de Lara. El ministro encargó esa revisión y verificación de los hechos, pero él no la hizo. Según considera Anticorrupción, deberá ser su autora la que, en su caso, comparezca a ratificar la auditoría, que el juez instructor ha reclamado.

Solo en la eventualidad de que surgieran datos sobre la participación material de Puente en la elaboración de la auditoría o de que dio instrucciones sobre su contenido o influyó en ella de alguna forma sería pertinente su citación por el juez, añaden las fuentes consultadas.

La auditoría contiene datos comprometedores para el predecesor de Puente, José Luis Ábalos. Revela que, con tan sólo 38 minutos de diferencia, el exministro duplicó la cuantía de un encargo efectuado en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión SL, situada en el epicentro del llamado caso Koldo.

Con la pandemia de la Covid-19 en su peor momento, Transportes proyectó, en un inicio, adquirir cuatro millones de mascarillas a un precio unitario de 2,5 euros. No obstante, acabó adquiriendo ocho millones de cubrebocas, por un valor total de 20 millones de euros.

"Ocho millones o nada"

"Con fecha 20 de marzo de 2020, a las 19:55h, desde el buzón del Gabinete del ministro se remite al subsecretario una Orden firmada por el ministro Ábalos por la que se regula la adquisición y distribución de un máximo de 4 millones de mascarillas por parte del Ministerio", señala el documento.

"Sin embargo", añade, "el mismo día 20 de marzo, a las 20.33h, desde el mismo buzón se le remite una nueva Orden firmada por el ministro Ábalos que anula la anterior, y en la que se regula la adquisición y distribución de un máximo de 8 millones de mascarillas por parte del Ministerio".

La auditoría indica que "preguntado el subsecretario [Jesús Manuel Gómez] por este cambio en la cuantía de las necesidades detectadas que vienen a justificar la modificación en el objeto de la emergencia, indica que el entonces asesor del ministro, Koldo García, le dijo que 'el proveedor suministraba 8 millones o nada' y que entendió que esta decisión venía avalada por el ministro Ábalos pues, de hecho, la nueva Orden para adquirir un máximo de 8 millones de mascarillas vino firmada por él".

Para la auditora, esa modificación en el objeto del contrato de emergencia "no se ajusta a los criterios exigibles en una tramitación de estas características" dado que se considera "no adecuadamente resuelta la justificación del alcance (número de mascarillas a adquirir) de la emergencia".

El documento también pone de manifiesto que "no existe constancia documental de la entrega" de cuatro millones de mascarillas de las adquiridas por el Ministerio de Ábalos, esto es, no se ha podido acreditar que fueran entregadas a Correos ni a la Dirección General de Transporte Terrestre.

"A pesar de esta falta de constancia documental de que las mascarillas llegaran a sus destinatarios finales, Puertos del Estado [el ente adjudicador] abonó todas las facturas a Raminatrans [la empresa dedicada a la logística de su distribución]. No consta acto formal de recepción ni de liquidación", expone.

"Se aprecia falta de control de los cuatro millones de mascarillas con destino al sector del transporte terrestre y al personal del MITMA, dado que se desconoce el número de mascarillas que tuvo uno y otro destino", concluye.