Una etarra acepta 85 años de cárcel por el atentado que destrozó la casa de Pío García-Escudero en el 2000

Una de ellas pertenecía a Pío García-Escudero, que era, en aquel año, presidente del PP de Madrid y, posteriormente, presidente del Senado. El político posee una vivienda en dicha zona y los daños que ésta sufrió por el atentado fueron cuantificados en 4.286.525 pesetas.

En su sentencia, de 38 folios y redactada de conformidad, la Audiencia Nacional condena a la acusada a 15 años de cárcel como "autora por cooperación necesaria" de un delito de estragos terroristas y a un total de 70 años por cada uno de los siete delitos de asesinato en grado de tentativa.

El tribunal considera acreditada la pertenencia de Egües al comando Buruahuste de ETA, que operaba en Madrid en la época de los hechos juzgados. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal da por probado que la etarra colocó y detonó una bomba instalada en un vehículo que ella misma había robado previamente en el barrio de Fuencarral.

El coche-bomba estalló en la madrileña calle Platería. Estaba cargado de dinamita, que la acusada había trasladado desde un piso franco que la banda terrorista alquiló en la ciudad de Salamanca y que servía de residencia del comando durante los fines de semana. Otros miembros de la banda colocaron el vehículo en la citada calle y detonaron el explosivo, lo que causó un total de once heridos. Siete de ellos, graves.

Por ello, según la sentencia, la acusada cometió un delito de estragos terroristas, puesto que su actuación y la explosión del coche supusieron "la creación de una situación de peligro para el derecho de indemnidad, afectante a una generalidad de personas, con grave perturbación para el devenir cotidiano; artefacto el confeccionado, instalado y accionado que demostró su gran potencia de destrucción y de alteración de la tranquilidad social".

Egües, que está actualmente en prisión por otras condenas previas, no podrá acercarse a las víctimas ni a la zona de los hechos durante un periodo de cinco años, una vez recupere la libertad.

Como parte de la política de acercamiento de los presos de ETA a Euskadi y Navarra, el Gobierno de Pedro Sánchez acordó en 2021 el traslado de Dolores a una cárcel asturiana. La etarra abandonó así la prisión cordobesa en la que estuvo hasta entonces. Posteriormente, ya en 2022, fue acercada a un centro penitenciario vasco.