La Fiscalía pide al Tribunal Superior de Canarias la suspensión inmediata del protocolo de 'menas'

En virtud de ese protocolo, vinculante para los funcionarios públicos autonómicos y ONGs que trabajan para la Administración regional en materia de inmigración, las islas ya no asumen la tutela de más inmigrantes menores de edad y no acompañados si no les son entregados por las fuerzas de seguridad del Estado correctamente identificados y con una asignación individualizada, lo que es competencia estatal según el Gobierno de Fernando Clavijo.

La Fiscalía ya hizo una advertencia al Gobierno autonómico en el sentido de que la aplicación del protocolo podía dar lugar a responsabilidades penales por abandono de menores.

Ahora ha dado un paso más y ha pedido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias que declare nulo el protocolo.

La Fiscalía entiende que esa disposición vulnera el derecho fundamental a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal como medida cautelarísima la suspensión del protocolo, al considerar que su aplicación supone "la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo patente de los menores que lleguen desde el mar a las costas de la comunidad autónoma".

La medida cautelarísima se adopta, según la ley, sin audiencia a las partes -por tanto, en este caso, sin escuchar los criterios del Gobierno canario-. No obstante, de acoger la petición de la Fiscalía, después sí se abriría un trámite de alegaciones y el tribunal tendría que levantar o ratificar la suspensión del protocolo, ya como medida cautelar ordinaria.

De estimarse la pretensión de medida cautelarísima que propugna la Fiscalía, el protocolo quedaría inmediatamente paralizado y no se podría aplicar.