La Audiencia de Madrid indaga qué error procesal le impidió resolver el recurso de Begoña Gómez

Este tribunal ya ha ordenado al letrado de la Administración de Justicia (antiguamente llamado secretario judicial) del Juzgado encargado del caso que clarifique este extremo.

Por el momento, no hay fecha para que la Sección 23ª de la Audiencia madrileña vuelva a reunirse para estudiar los recursos pendientes de resolución en la causa en la que consta como imputada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero, como mínimo, no será hasta dentro de tres semanas.

La Audiencia de Madrid aplaza su deliberación sobre si archiva el 'caso Begoña' al no contar con un recurso de ésta

En efecto, este lunes, los magistrados de la Sección 23ª optaron por suspender su deliberación tras haber examinado la documentación remitida por el Juzgado encargado de esta investigación, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, cuyo titular es el juez Juan Carlos Peinado. Habían detectado un aparente error que les impedía tomar una decisión correctamente.

En principio, las peticiones que debían estudiar eran: la formulada por la defensa de Gómez, ejercida por el letrado Antonio Camacho, y la del Ministerio Fiscal. Ambas partes pedían cerrar o acotar el caso Begoña.

El primer recurso lo interpuso el letrado defensor el pasado 8 de julio. Con él, Camacho impugnó un auto del juez, fechado una semana antes, en el que Peinado expresaba que estaba investigando "todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo [por Gómez] desde que su marido es el presidente del Gobierno y que se contienen en la denuncia inicial".

A juicio de Camacho, una actuación así era prospectiva, lo que está prohibido por la ley. Apenas dos días después de presentar su recurso, la Fiscalía se sumaba a las tesis de la defensa y solicitaba a la Audiencia Provincial de Madrid que cerrase o pusiera coto a un procedimiento "genérico y carente de concreción" y que parecía caminar hasta convertirse en "una causa general".

Ahora bien, este lunes, la Sección 23ª suspendió su deliberación al no contar con una copia del recurso presentado por Camacho. ¿Cómo sería posible? Fuentes de la Audiencia Provincial explican a EL ESPAÑOL en qué consistiría este aparente error: si el tribunal debía analizar las peticiones tanto de la defensa de Gómez como del fiscal era porque el primero se habría adherido al recurso del segundo. Es por ello que en la documentación relativa a la deliberación, ambos aparecen identificados, en el encabezamiento de los papeles, como apelantes.

Pero en una resolución firmada este lunes, los magistrados Rosario Esteban Meilán, Jesús Gómez-Angulo y Enrique Bergés de Ramón exponen que han detectado "la existencia de un recurso de apelación directo contra el auto del 1 de julio de 2024". En efecto, ése sería el recurso presentado por Camacho el pasado 8 de julio. "Y al que no se hacía referencia en el oficio remisorio ni en el escueto testimonio acompañado", como expresó este lunes el tribunal. Es decir, no se había dado traslado de dicho papel a la Audiencia de Madrid.

Al no contar con una copia de dicho documento ni conocer "el estado de tramitación" del mismo, los jueces de la Sección 23ª optaron por suspender sus planes y pidieron una aclaración al letrado de la Administración de Justicia adscrito al juzgado de Peinado. Además, los magistrados consideran ese recurso "de relevancia para la deliberación".

Por otro lado, la Audiencia Provincial había solicitado la remisión de la totalidad de la documentación de la causa para poder tomar su decisión. La recibió el pasado día 13. Es entre esos centenares de folios donde aparecen alusiones al recurso firmado por Camacho y presentado el día 8 de julio.

Fachada de la Audiencia Provincial de Madrid. Europa Press

Por ello, al no contar con él, los magistrados de dicha sección optaron este lunes por suspender la sesión, en la que estaba previsto que, tras la pertinente deliberación, llegaran a una conclusión que se conocería en los próximos días. Hay tres escenarios posibles: que respalden a Peinado, le ordenen archivar la causa o que tan sólo le obliguen a acotar el objeto de la investigación. El Gobierno de Sánchez, además, tenía interés en que esta decisión fuera tomada cuanto antes.

El 'caso Begoña'

De haberse celebrado esta deliberación, hubiera sido la segunda vez que la Audiencia madrileña analiza esta instrucción. A finales de mayo, nada más abrir Peinado la causa en base a una denuncia del sindicato Manos Limpias, la Fiscalía presentó un recurso en el que solicitaba el archivo del caso Begoña.

La petición del Ministerio Público no tuvo éxito. No obstante, el tribunal sí dividió la causa en tres bloques, en función de los asuntos relatados en la denuncia, que estaba basada únicamente en recortes de prensa.

La primera de estas porciones contenía información errónea o falsa, que fue desechada. Otra parte refería a las dos cartas de recomendación que Begoña Gómez firmó en favor de una compañía ligada al empresario Carlos Barrabés, que es profesor del máster que la mujer de Pedro Sánchez co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Barrabés fue citado como testigo por Peinado, quien, poco después, le atribuyó la condición de investigado, al igual que sucedió con el rector de la UCM, Joaquín Goyache.

Un tercer bloque de la denuncia versaba sobre el préstamo millonario, a modo de rescate, que el Gobierno de Sánchez concedió a la aerolínea Air Europa para paliar los efectos de la Covid-19. La compañía pertenece a Globalia y la denuncia de Manos Limpias reseñaba varios vínculos de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, exCEO de dicho holding.

La parte relativa a Barrabés fue asumida en junio por la Fiscalía Europea, al afectar a fondos de la UE. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyo contenido íntegro fue adelantado por EL ESPAÑOL, acotaba la relación de la investigada con Globalia a que hubiese coincidido con Hidalgo en un par de eventos sobre turismo.

Por ello, la investigación de Peinado se centra actualmente en las condiciones en las que se gestó y puso en marcha el máster que Begoña Gómez co-dirigió, de 2020 a 2024, en la Complutense.

El 'software'

De hecho, en una resolución reciente, la Audiencia Provincial de Madrid dio vía libre a Peinado para asumir una querella contra Gómez, interpuesta por la asociación católica Hazte Oír, que la acusaba de haberse "apropiado" de un software creado por la UCM y haber ofrecido las ventajas de esta herramienta a través de una empresa privada unipersonal, Transforma TSC SL.

De hecho, dicha compañía, que pertenece al 100% a la mujer de Sánchez, tiene el mismo nombre que el de la cátedra de la Complutense que encabezaba (Cátedra Extraordinaria en Trasformación Social Competitiva TSC).

La querella de Hazte Oír recayó en otro juzgado distinto al de Peinado, el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid. Pero la Audiencia Provincial, al apreciar que los relatados eran hechos "conexos" con los que ya se investigaban, facultó al juez del caso Begoña a asumirla. 

"Montaje político"

Desde el inicio de la investigación, varios miembros del Gobierno se han pronunciado sobre el caso. Principalmente, con críticas hacia las decisiones del juez Peinado. El último ha sido el recién nombrado ministro de Transformación Digital, Óscar López, que hasta hace tres semanas era el jefe de gabinete de Sánchez. 

En la tarde de este lunes, en la red social Twitter, el ministro extendió la sombra de la sospecha sobre el caso, a raíz de la suspensión de la deliberación de la Audiencia de Madrid. "Un suponer, una audiencia provincial le pide a un juzgado de instrucción que le remita toda la causa para decidir. El juzgado no envía todo y, en concreto, ni envía ni menciona un documento muy importante para resolver. Blanco y en botella", deslizó.