Sánchez incumple el deber constitucional de presentar los Presupuestos, sin horizonte de lograr apoyos para aprobarlos

"El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", asegura este precepto.

Además, el retraso no será sólo de varias semanas, sino que Moncloa no prevé presentar las cuentas en el Parlamento antes de finales del mes de noviembre. Lo hará como consecuencia de las dificultades para lograr apoyo parlamentario y será cuando pasen los congresos de Junts y ERC, dos de los partidos cuyos votos necesita para sacarlos adelante, según explicó el propio Sánchez.

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Sánchez prepara un nuevo techo de gasto con cesiones a Puigdemont para poder sacar los Presupuestos

De esa forma, será imposible que el 1 de enero las cuentas estén aprobadas y en vigor. Fuentes del Gobierno admiten que no es viable que los Presupuestos puedan aprobarse en sólo un mes entre el Congreso y el Senado, teniendo en cuenta que además, el PP tiene mayoría en la Cámara Alta para vetarlos y será necesario que los diputados levanten luego el veto en una última votación.

No podrán ser aprobados definitivamente en el Parlamento hasta bien entrado el mes de enero, como mínimo. Por eso el Gobierno ya no repite que los Presupuestos serán aprobados "en tiempo y forma".

Es decir, ya es seguro que el Gobierno tendrá que prorrogar los Presupuestos en vigor, que son los de 2023. Así será si no logra apoyo parlamentario y pierde la votación en el Congreso, puesto que Sánchez y María Jesús Montero han asegurado reiteradamente que los presentarán, aunque no tengan apoyo garantizado y sean rechazados.

Y serán prorrogados también aunque haya acuerdo, puesto que los plazos hacen imposible que se apruebe antes del 1 de enero. Ese artículo 134 de la Constitución señala también que "si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".

Ya en el mes de marzo, el Gobierno prorrogó los Presupuestos de 2023 porque aseguró que la convocatoria de elecciones en Cataluña hacía que no hubiera "clima" para pactarlos y sacarlos adelante. Aquel intento estaba también fuera del plazo constitucional, pero el Gobierno contaba entonces con un excusa perfectamente asumible, porque la investidura no se produjo hasta el 16 de noviembre, sin tiempo ya de elaborar un proyecto de Presupuestos.

El calendario que maneja el Gobierno prevé mantener la negociación sobre la senda de déficit, primer paso para los Presupuestos, durante las próximas semanas. Los contactos con Junts ya se han iniciado y si hay acuerdo será necesario ratificarlos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aprobarlo en el Consejo de Ministros y tramitarlos en el Congreso, lo que no será posible hasta final de octubre, en el mejor de los casos.

Si hubiera acuerdo, luego será necesaria una nueva negociación sobre los Presupuestos, también muy complicada. Si no lo hubiera, el Gobierno tendrá que presentar el proyecto de Presupuestos con la senda de déficit anterior, la misma con la que se elaboraron las cuentas en 2023.

Cesiones a Junts

En estos días, el Gobierno intensificará el impulso de compromisos alcanzados con Junts y pendientes de culminar. Por ejemplo, busca una vía para impulsar la cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat, tal y como pactó con Carles Puigdemont en enero a cambio de su voto a un decreto que se convalidaba en el Congreso.

El principal escollo de los acuerdos con Junts es el de la aplicación de la ley de amnistía por parte de los tribunales, sumado a traspiés judiciales de Puigdemont como el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su escaño en el Parlamento Europeo.

Este lunes, además, el Tribunal Supremo ha decidido ratificar que no aplicará la amnistía al resto de los independentistas condenados por malversación. Tendrá que ser el Tribunal Constitucional el que decida y rectifique esa decisión, pero en un plazo que para Puigdemont resulta difícil de asumir y que podría irse hasta la primavera de 2025, como mínimo.

De hecho, ese fue uno de los reproches de Puigdemont al Gobierno en la reunión de hace diez días fuera de España con la delegación que encabezaba Santos Cerdán.

Fuentes de la Moncloa no ocultan su malestar con la decisión del Supremo, por entender que va contra la voluntad de los legisladores y porque en su opinión no es asumible el concepto de malversación que han aplicado los magistrados. Es decir, el Gobierno se queda con la argumentación del voto particular firmado por la magistrada Ana Ferrer que defiende la aplicación de la ley en esos casos.

Esas fuentes consideran que hay una voluntad clara y expresa del Supremo para no aplicar la ley de amnistía y entorpecer la estrategia política para Cataluña y así lo denunciará públicamente el Gobierno.

Algo parecido le ocurre con el retraso en la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el archivo de la investigación judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

"Un suponer: una audiencia provincial le pide a un juzgado de instrucción que le remita toda la causa para decidir. El juzgado no envía todo y, en concreto, ni envía ni menciona un documento muy importante para resolver. Blanco y en botellaç", escribió el ministro Óscar López en X sobre el retraso en la decisión de la Audiencia por la ausencia de un escrito del sumario que instruye el juez José Luis Peinado.

Moncloa tenía alguna cierta esperanza en que la Audiencia zanjaría ya el caso con el archivo, para evitar que se mantuviera el desgaste de Sánchez, pero este supuesto error burocrático alarga los plazos y prolonga la incertidumbre sobre el caso.

Sánchez decidió hace tiempo no eludir el enfrentamiento con el juez Peinado y así lo hace el Gobierno en declaraciones de los ministros y con las querellas contra el instructor por prevaricación y revelación de secretos.