El juez del 'caso Koldo' cita a declarar a 'Lenin', un alto cargo de la confianza de Marlaska señalado por otro testigo

Belmar, que también fue comisario, era alto cargo de Interior durante la pandemia de la Covid. Ocupó la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad de dicho ministerio. Actualmente, José Antonio Rodríguez continúa en la cúpula del mismo. Es director general de Coordinación y Estudios del Ministerio.

Europa Press

'Caso Koldo': un testigo señala a 'Lenin', alto cargo de Marlaska, como nexo con la empresa de la trama

Su declaración testifical será el próximo 14 de octubre, tal y como ya ha decidido el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, el encargado de esta causa y cuyo titular es Ismael Moreno.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado a este magistrado la citación como testigo de Lenin, además de la de Sara Anguita y Ana Balbás, inspectoras de Servicios del Ministerio de Transportes. Fue este departamento el que firmó dos contratos, por valor total de 32,5 millones de euros, con Soluciones de Gestión SL para el suministro de mascarillas al inicio de la pandemia de la Covid-19.

Las adjudicaciones fueron firmadas en 2020, cuando José Luis Ábalos era el ministro de Transportes. Cuatro años después, hace unos cuantos meses, el actual titular del departamento, Óscar Puente, encargó una auditoría sobre estos dos contratos, rubricados por las empresas públicas Adif y Puertos del Estado. El informe con las conclusiones de la misma ya ha sido incorporado a la causa.

Aquella auditoría apunta directamente a Ábalos como principal responsable de las adjudicaciones. Entre otras personas, la auditoría fue elaborada por Anguita y Balbás, que deberán explicar sus métodos ante el juez.

Ábalos no está personado en esta causa, pese a sentirse señalado por esta auditoría, que considera "opaca" y únicamente destinada a apuntar hacia él "para eludir otras responsabilidades". El instructor ya ha denegado en dos ocasiones que el exministro se persone en esta causa como perjudicado.

Por otro lado, el juez ha denegado la citación como testigos de dos responsables de la aerolínea Air Europa, a quien Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, señaló como los responsables de los vuelos que trajeron a España las mascarillas adquiridas por Transportes.

El magistrado tampoco ha aceptado la solicitud, formulada por la asociación Hazte Oír, para que el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, quien ya declaró como testigo, pase a estar investigado.

"Las contradicciones en su testimonio no constituyen un indicio suficiente como para entender que ha podido participar en alguno de los delitos investigados en el presente procedimiento", expone el juez en una resolución fechada este martes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Tampoco acuerda citar, como sí pedía el partido Vox, al actual secretario de Estado de Seguridad de Interior, Rafael Ruiz, número dos de Marlaska. "Este instructor considera, al igual que el Ministerio Fiscal, que su testimonio no va a aportar nada que sea relevante y/o nuevo para la causa", expresa el juez.

Ahora bien, Moreno sí acepta citar como testigo a Rafael Milla, presidente de la empresa Raminatrans SL, que fue la contratada, por intermediación de Toledo, para efectuar las labores de logística una vez aterrizaron las mascarillas en el Aeropuerto de Barajas.

Arte EE

Transportes sólo acredita la entrega de 1,2 millones de mascarillas de los 8 que Ábalos compró a la trama

Milla deberá declarar el próximo 21 de octubre, mismo día en el que harán lo propio Jorge Meana, un jefe de Presupuestos de un área del Ministerio de Transportes, y Julio González, secretario general de Correos.

Esta compañía pública era una de las que iban a recibir parte de estas mascarillas, pero una enorme parte de ellas no llegaron a sus destinos finales. Así lo desveló EL ESPAÑOL y lo denunció ante la Audiencia Nacional otra de las acusaciones populares del caso Koldo, Liberum.

Como parte de la extensa batería de diligencias acordadas este martes, en otra resolución, Moreno, a petición del fiscal, ordena a Hacienda que designe a varios funcionarios que determinen las cuotas que, supuestamente, defraudó Soluciones de Gestión SL en el ejercicio fiscal de 2020, una vez recibió los más de 32 millones de euros por los citados contratos.

El juez establece lo mismo con respecto a uno de los principales investigados en la causa, el empresario Víctor de Aldama, considerado el comisionista/intermediario de la presunta trama corrupta.

Por último, en otro auto fechado este martes, el juez del caso envía sendos mandamientos a los Servicios de Salud de Islas Baleares y de Canarias para que faciliten una copia, en presencia de la Guardia Civil, del contenido de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo de determinadas personas, así como la documentación que obre en su poder sobre los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión SL.

La compañía también proveyó de mascarillas a ambos Gobiernos insulares en 2020, cuando los dos estaban en manos de dirigentes del PSOE. El canario lo presidía el hoy ministro Ángel Víctor Torres y el balear, Francina Armengol, actualmente la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso de los Diputados.

El llamado caso Koldo toma el nombre de Koldo García Izaguirre, quien fuera el principal asesor y hombre de confianza, cuando era ministro, de Ábalos. Este último fue cesado, de forma sorpresiva, en junio de 2021 por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esta causa, el juez Moreno investiga los supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda pública.