El fiscal tampoco recurre la excarcelación concedida por la consejera del PSOE al etarra que mató al socialista Buesa

Este último fue quien asesinó al dirigente socialista Fernando Buesa y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza, mediante la explosión de un coche-bomba. Ocurrió en el año 2000, en la localidad de Vitoria. En 2002, Mariñelarena fue condenado a un siglo de prisión por este crimen. Y esta semana, la recientemente elegida consejera de Justicia y Derechos Humanos de Euskadi, María Jesús San José, del PSOE, le concedió la semilibertad.

El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García Berro ha optado por no impugnar esta decisión política, aunque su criterio, en este caso, es el mismo que defendía su antecesor en el cargo, Carlos Bautista, que hace varias semanas abandonó la Fiscalía y fichó por un bufete.

La Fiscalía no recurrirá el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al etarra que mató al fiscal Luis Portero

De haber sido recurrida la concesión del tercer grado, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, cuyo titular es el juez José Luis Castro, habría tenido la última palabra sobre el mismo.

Tal y como estableció una sentencia del Supremo del año 2022, desde esa fecha, la mera presentación de un recurso por parte de la Fiscalía en contra de la progresión de grado en favor de un etarra paraliza inmediatamente su semilibertad. Hasta ese año, no sucedía así.

Como avanzó EL ESPAÑOL en exclusiva, la Fiscalía tampoco recurrirá la semilibertad concedida al etarra Harriet Iragi, condenado por el asesinato de Luis Portero, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Aquel crimen ocurrió en Granada en el 2000. Iragi y Mariñelarena encarnan los dos primeros terceros grados concedidos por María Jesús San José como consejera vasca de Justicia. Y el Ministerio Público, a diferencia de otras ocasiones, no ha recurrido ninguno de ellos.

Asesinato de Buesa

En la madrugada del 17 de octubre del año 2000, la Policía Nacional detuvo a Mariñelarena durante una operación antiterrorista que se saldó con la desarticulación del comando Aranba, al que éste pertenecía. Los agentes arrestaron a otras seis personas y se incautaron de material explosivo, armas y documentación.

En aquel año, Luis Mariñelarena tenía sólo 25 años y ya anteriormente había formado parte del comando Ituren, que fue responsable del asesinato del dirigente socialista Fernando Buesa y del miembro de la Ertzaintza que le acompañaba en funciones de escolta, Jorge Díez.

Según indican fuentes fiscales a EL ESPAÑOL, el antecesor de García Berro, Carlos Bautista, coincidía con éste en el criterio de no impugnar el tercer grado que iba a concederse a Mariñelarena.

Asimismo, este último disfrutaba del régimen que brinda el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que se asemeja a un tercer grado.

Este modelo permite una ejecución de la condena que no se ajusta estrictamente al segundo grado, el régimen más común de los presos en España, sino que combina sus características con las de la semilibertad (tercer grado).

No obstante, el disfrute de lo previsto en el 100.2 debe justificarse en base a un programa específico de tratamiento y reinserción que de otra forma no pudiera ser llevado a cabo.

Además de ser condenado por el asesinato de Buesa, en 2007, Luis Mariñelarena fue sentenciado a otros 22 años por el intento de asesinato del presidente de la Diputación de Álava, Ramón Rabanera.

Mikel Buesa: "No me sorprende"

En declaraciones a EL ESPAÑOL, Mikel Buesa, hermano de Fernando Buesa, ha criticado la concesión del tercer grado a Mariñelarena. "No me ha sorprendido lo más mínimo", asegura a este periódico, antes de tachar de "concesiones del PSOE a los herederos de ETA [EH Bildu]" decisiones como éstas, en favor de los presos etarras.

Desde julio de 2021, las competencias en materia penitenciaria dependen del Gobierno de Euskadi. En la anterior legislatura estaban en manos del PNV. En la actual, y tras el pacto entre los jeltzales y los socialistas vascos una vez se produjeron las últimas elecciones autonómicas, la Consejería de Justicia y Derechos Humanos depende de la rama autonómica del PSOE. En concreto, de María Jesús San José.