Las 8 claves para entender el 'caso fiscal general': por qué imputan a García Ortiz y qué puede pasar a partir de ahora
- El delito de revelación de secretos castiga a la autoridad que revele información confidencial obtenida en el ejercicio de su cargo.
- Más información: García Ortiz rechaza dimitir y defiende la competencia de la Fiscalía para informar frente a "bulos o falsedades"
Álvaro García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general Estado imputado por el Tribunal Supremo, un hecho inédito en España.
El alto tribunal abre un procedimiento a García Ortiz para investigar si incurrió en un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
A continuación, una guía con todas las claves para entender la resolución del alto tribunbal. ¿Va a dimitir? ¿En qué desembocará la decisión del Supremo? ¿Por qué se le investiga? ¿Qué opinan el Gobierno y la oposición?
Qué se le imputa
Revelación de secretos. El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos al difundir una nota de prensa con detalles del procedimiento por fraude fiscal en el que está inmerso el empresario Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.
Se trata de una medida inédita, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.
El delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 417 del Código Penal, castiga a "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de las que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados".
En ese caso, incurrirá en una pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
"Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años", dice el Código Penal.
Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
En qué consiste el caso
Querella del novio de Ayuso. La investigación contra el fiscal general se centrará en la nota informativa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado 14 de marzo, cuya difusión asumió el propio García Ortiz.
En ella, se revelaba que fue el novio de Ayuso el que había sugerido un pacto al fiscal de su caso y no al revés, como sí había publicado, sin ser cierto, un diario de tirada nacional.
En aquel comunicado, enviado a la prensa, se incluían, fechados con exactitud, extractos de conversaciones por e-mail mantenidas entre el abogado defensor de González Amador y el representante del Ministerio Público que le acusaba de dos delitos de fraude a Hacienda.
Fue entonces cuando el novio de Ayuso interpuso una querella contra el fiscal general del Estado por un supuesto delito de revelación de secretos. Otras entidades y particulares, como el líder del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, presentaron las suyas propias.
¿Va a dimitir?
Se aferra al cargo. El fiscal general ha anunciado en un comunicado que seguirá ejerciendo sus "responsabilidades" a pesar de la imputación porque "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo" y "en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española".
Sin embargo, ha subrayado que "la atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado es inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española".
Qué dice el Gobierno
Defensa cerrada de Moncloa. La noticia de la imputación ha llegado en plena sesión de control al Gobierno, lo que ha embarrado aún más el pleno, marcado por la corrupción y el "y tú más" que se lanzaban mutuamente socialistas y populares.
Minutos después, comparecía el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para mostrar el "total respaldo" del Gobierno al fiscal general. Bolaños se ha mostrado convencido de que este asunto "quedará en nada", aunque también ha querido trasladar el "total respeto a la resolución judicial".
También se ha pronunciado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha manifestado su apoyo y "respeto institucional" a la labor del fiscal general.
Qué dice la oposición
Que dimita. El líder del PP, Alberto Núñéz Feijóo, ha exigido que "se marchen ya" tanto el presidente Sánchez como el fiscal general porque "lo han corrompido todo".
"No pueden parar de mentir y tampoco pueden parar de ensuciar cada institución", ha dicho el líder popular. También la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha solicitado formalmente la dimisión de García Ortiz porque "mancha las instituciones y compromete el normal funcionamiento de la Justicia".
Vox también ha reprobado su continuidad y considera a García Ortiz responsable de "filtrar datos de un ciudadano anónimo (la pareja de Isabel Díaz Ayuso) solo y exclusivamente por motivaciones políticas". "Tenemos a un Gobierno que está convirtiendo a España en una nación de cuarta división gobernada por saqueadores y extorsionadores", ha dicho la portavoz parlamentaria del partido, Pepa Millán.
Qué dicen las asociaciones de fiscales
Unos le respaldan y otros piden su dimisión. La Asociación de Fiscales (AF) —la mayoritaria de la carrera— y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han solicitado la dimisión del fiscal general, mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) —a la que pertenecía— le ha respaldado.
Otras polémicas
"No idóneo". Además de convertirse en el primer fiscal general del Estado imputado por la Justicia, García Ortiz fue cuestionado nada más aterrizar en el cargo por ser heredero de Dolores Delgado, su antecesora. De hecho, fue calificado como "no idóneo" por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Desde su llegada ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.
El Supremo también le desautorizó cuando en noviembre de 2023 sentenció que había cometido una "desviación de poder" cuando maniobró para ascender a Delgado.
Y si hay un asunto especialmente cuestionado en la trayectoria de García Ortiz ha sido su política de nombramientos, con frecuencia llevada al Tribunal Supremo por algunas asociaciones.
El alto tribunal ha revocado algunos de sus nombramientos más polémicos, como el ascenso de Dolores Delgado a la categoría de fiscal de Sala, la máxima de la carrera, donde los magistrados vieron una "desviación de poder"; o su designación como fiscal de Sala de Memoria Democrática, cargo al que la volvió a proponer el fiscal general.
¿Y ahora qué?
Aforado. Al tratarse del fiscal general, la causa contra él, que había sido primero tramitada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), fue derivada al Tribunal Supremo, ante el que está aforado García Ortiz, al igual que otras autoridades nacionales, como los diputados del Congreso.
Según el Gobierno, el asunto se resolverá pronto y quedará "en nada", ha dicho el ministro Bolaños.
