García Ortiz rechaza dimitir y defiende la competencia de la Fiscalía para informar frente a "bulos o falsedades"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no dimitirá tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa contra él por un presunto delito de revelación de secretos del que le acusa el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En un comunicado que acaba de hacer público, García Ortiz señala que "en el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado".

"Soy consciente de la repercusión pública de la noticia y no desconozco la afectación que supondrá en el trabajo de las y los fiscales de nuestro país. Pero es, precisamente, la ponderación de estas circunstancias lo que me persuade para seguir ejerciendo plenamente mis atribuciones legales. Como hasta ahora he venido haciendo: con pleno respeto a la Ley y al Estado de Derecho", prosigue. 

En este contexto, ha convocado para el jueves a las 9:30 horas una Junta de Fiscales de Sala y a las 16:00 el Consejo Fiscal, "a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos de asesoramiento y consulta del fiscal general del Estado".

García Ortiz ha señalado que "la apertura de un procedimiento por el Tribunal Supremo impone la máxima prudencia en los pronunciamientos del fiscal general del Estado a fin de evitar que puedan interpretarse como una interferencia en el proceso o una influencia a los magistrados de este tribunal".

Situación "inédita"

Sin embargo, ha subrayado que "la atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado es inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española".

"Nos hallamos ante un asunto que no es particular del fiscal general del Estado, sino que se encuadra en el ámbito de las competencias que la Constitución española y la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomienda a este órgano de relevancia constitucional", ha sostenido.

En este sentido, ha recalcado que "el ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes".

"La atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado permitirá que pueda ejercitar plenamente mi derecho de defensa, toda vez que la investigación judicial se ha desarrollado hasta la fecha sin que haya podido hacerlo", ha indicado.