Víctor de Aldama y Claudio Rivas, en un fotomontaje.
Pedraz mantiene en prisión a Aldama y bloqueará los 74 millones que la 'trama del fuel' mandó al extranjero
- El juez rechaza dejar en libertad al comisionista y avanza que "se hace preciso proceder a la localización y bloqueo" de los fondos.
- Más información: Interior coloca en la misma celda a Aldama, cerebro del 'caso Koldo', y a Claudio Rivas, su socio en la 'trama del fuel'
El empresario y comisionista Víctor de Aldama seguirá en prisión provisional. Así lo ha decidido el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la llamada trama del fuel.
Así se conoce a un entramado de empresas, cuyos cabecillas son Aldama y su socio Claudio Rivas, que habrían defraudado 182 millones de euros a Hacienda en concepto de IVA.
Ambos empresarios fueron detenidos recientemente, junto a la hermana de Claudio, María Luisa Rivas. Pedraz mandó a prisión provisional a los dos varones y dejó en libertad a la mujer. De hecho, tal y como publicó EL ESPAÑOL, ambos comparten la misma celda de Soto del Real.
No obstante, la defensa de Aldama, ejercida por el abogado José Antonio Choclán recurrió esta decisión y pidió la liberación de su cliente. El magistrado, por el momento, lo rechaza y descarta que irregularidades en su detención.
En una resolución fechada este lunes, Pedraz subraya que "existen motivos bastantes para creer responsable al investigado [Aldama] del delito". Y teme que, si quedara en libertad, el empresario obstaculice la investigación.
Según se desprende del sumario de esta causa, la llamada trama del fuel desvió "una parte importante de lo defraudado" al extranjero. Concretamente, casi 74 millones de euros, que acabaron en cuentas de países como Portugal, Colombia o China.
"Se han acordado múltiples diligencias; algunas de la cuales, de hallarse en libertad, pudieran no llegar a su fin, pues [Aldama] pudiera actuar para evitar su consecución. Y queda aún por analizar lo hallado en los registros. Es más, una parte importante de lo defraudado (73.902.852,60 euros) podría haber sido transferido a cuentas en el extranjero y se hace preciso proceder a su localización y bloqueo, así como la determinación de las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas", avanza el juez.
Y estas medidas "se verían frustradas o, al menos, dificultadas si el investigado se encontrara en libertad".
"Aun cuando se pudiera acordar (...) la prohibición de salida del territorio nacional, hoy día, con los medios telemáticos, [Aldama] podría seguir operando con los fondos depositados en el extranjero y ocultar los canales utilizados para la transferencia de los fondos a terceros países", añade Pedraz.
"Poder" sobre la red
En el auto con el que mandó a prisión a Aldama, el magistrado señaló que la supuesta organización criminal "diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela (...) para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados" de forma ilícita.
La Guardia Civil sitúa a Rivas y Aldama como supuestos líderes de la trama, que habría defraudado más de 182 millones de euros a la Hacienda Pública a través del IVA de empresas de hidrocarburos. Pedraz considera que ambos tenían "poder general" sobre esta red, pero habrían interpuesto a terceras personas, como María Luisa Rivas, a fin de aparecer "desvinculados de la misma".
La investigación de esta causa apunta a que Villafuel SL sería una sociedad creada ad hoc "para lograr sustentar el título de operador, que facultaba a la organización criminal para operar en el mercado a través de la estructura instrumental de suministradoras". Así, podrían "perfeccionar el fraude".
En cuanto al supuesto blanqueo de capitales, la Guardia Civil detectó movimientos de dinero desde empresas portuguesas hasta la sociedad MTM 180 Capital SL, controlada por Aldama y que ya había aparecido en el sumario del caso Koldo, causa judicial por la que el empresario también está investigado por otro juez de la Audiencia Nacional, al ser considerado el intermediario de otra trama, supuestamente dedicada a cobrar comisiones ilegales a través de contratos públicos adjudicados al inicio de la Covid-19.
