El juez Hurtado cerca al fiscal general: accede a todo el contenido almacenado durante siete meses en sus dispositivos

Actuaron bajo las órdenes del magistrado Ángel Hurtado, designado por la Sala Penal del Tribunal Supremo instructor de la causa abierta al fiscal general por un supuesto delito de revelación de datos reservados, relativos a la investigación por presuntos fraudes tributarios emprendida contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una decisión unánime tomada el pasado día 16, la Sala Penal vio indicios de revelación de datos reservados en la difusión por la Prensa de los correos electrónicos que la defensa de González Amador intercambió con el fiscal que redactó la denuncia contra él, Julián Salto. La iniciativa de ese intercambio de mensajes partió del defensor del empresario, que ofreció llegar a un acuerdo sobre la pena asumiendo que había cometido dos delitos fiscales.

La Sala concretó el objeto de la investigación en "cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos" que se cruzaron el abogado del novio de Ayuso y el fiscal Salto. Esos correos aparecieron publicados pocas horas antes de que la Fiscalía de Madrid emitiera, a las 10:22 horas del pasado 14 de marzo, una nota informativa.

Este comunicado -autorizado por García Ortiz- desmentía noticias falsas aparecidas en algunos medios en la noche del 13 de marzo en el sentido de que había sido el fiscal el que había ofrecido a González Amador un pacto para que asumiera los delitos fiscales, aunque luego lo había retirado para llevarle a juicio.

La Sala Penal ha descartado la relevancia penal de esa nota informativa, dado que los datos sobre González Amador que se dieron a conocer en ella ya habían sido difundidos por los medios. 

Está acreditado que tanto García Ortiz como la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, también encausada, accedieron en la noche del 13 de marzo a los correos electrónicos del defensor de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto. Los habían pedido a este último para poder elaborar la nota informativa emitida al día siguiente. 

La sospecha es que alguno de ellos los filtró a la Prensa, lo que ambos niegan.

Más allá de lo pedido por la víctima

En ese contexto, la primera diligencia acordada por el instructor del Tribunal Supremo ha sido una amplísima injerencia en los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones del fiscal general y de la fiscal jefe de Madrid (cuyos dispositivos también fueron intervenidos ayer) para la investigación de un delito menos grave.

Hurtado ha acordado el acceso al contenido íntegro de todos los dispositivos electrónicos, informáticos y telemáticos utilizados por el máximo responsable de la Fiscalía, lo que no tiene precedentes. 

La medida es mucho más amplia y contundente que la petición elevada al Tribunal Supremo por la defensa de la propia víctima de la revelación. El abogado de Alberto González Amador propuso acceder a los correos electrónicos de García Ortiz y Rodríguez que contuvieran un texto relacionado con la frase "estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública)”.

Esa frase se corresponde con el contenido del primer correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid el 2 de febrero de 2024, ofreciendo un pacto de conformidad con los delitos fiscales detectados por la Agencia Tributaria y que Salto denunciaría en los Juzgados el 5 de marzo siguiente.

Además, el instructor del Supremo ha ordenado acceder al contenido de los dispositivos del fiscal general durante un período de siete meses, desde el 8 de marzo pasado hasta la fecha de ayer.

Ese plazo abarca fechas muy posteriores a la aparición en la Prensa de los correos electrónicos -que es el objeto de la investigación- y se extiende al momento en que la Sala Penal decidió abrir la causa, por lo que la información incautada podría incluir datos relativos a la reacción del fiscal general ante ese hecho y la estrategia de defensa que pudiera haber empezado a plantearse.

La fecha de comienzo de la intervención de los dispositivos, 8 de marzo, es tres días posterior a la presentación de la denuncia del fiscal contra González Amador y 24 horas posterior a un hecho relevante: el 7 de marzo, la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, se dirigió directamente a Julián Salto para que le remitiera por correo electrónico una copia de esa denuncia, del expediente administrativo y de las diligencias de investigación "relacionadas con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Ese mismo 7 de marzo, Rodríguez remitió el correo electrónico de Salto con toda esa información a la Fiscalía General y a la Fiscalía Superior de Madrid. Pero, por razones que se desconocen, estos intercambios han quedado fuera del período fijado por Hurtado.

'Rooteo' y memoria volátil

El instructor de la Sala Penal sí ha tomado medidas para extraer la mayor información posible de los dispositivos del fiscal general.

Así, ha autorizado el 'rooteo' de los móviles. 'Rootear' un dispositivo es obtener plenos privilegios de administrador del sistema, lo que permite acceder sin restricciones a las ubicaciones de las carpetas, los archivos y los comandos.

La resolución de Hurtado también indicaba que, en caso de que el equipo informático de García Ortiz estuviera encendido cuando los agentes se presentaran, se autorizaba  la realización del análisis técnico policial del sistema al objeto de preservar la información volátil. 

La memoria volátil se refiere a la memoria de computadora que requiere un suministro continuo de energía para mantener la información almacenada. Ésta se pierde una vez que se apaga o se interrumpe la energía del dispositivo.

Asimismo, el instructor autorizaba que, en el caso de que la descarga de los archivos requiriera mucho tiempo, los agentes de la UCO modificasen las claves de acceso "a cuentas digitales de almacenamiento de información, mensajería o de redes sociales, así como para la apertura de SMS o mensajes en cuenta de correo alternativa que genere dicha modificación".

El registro y acceso a los dispositivos concluyó anoche. Durante 13 horas los agentes ocuparon el despacho del fiscal general y copiaron la información requerida por el juez del Supremo en presencia del fiscal general y del abogado del Estado que ha asumido su defensa.

Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía del Tribunal Supremo preparan ya recursos contra la decisión de Hurtado.