Ana Ferrer y Pilar Teso optan a presidir dos Salas cruciales para el Gobierno frente a los magistrados más veteranos

Son las dos Salas a las que el Gobierno mira con especial preocupación desde hace meses.

La Sala Penal -la que rechazó aplicar la amnistía al delito de malversación cometido por los responsables del 'procés' y la que obligó a modificar la 'ley de solo sí es sí' ante la masiva bajada de penas a violadores- acaba de abrir una investigación a quien fue la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, por graves delitos de corrupción.

Y también tramita una causa contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la supuesta revelación de datos reservados relativos a la investigación por fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo -la que tumbó el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado y la que ha dado la razón al coronel Pérez de los Cobos en su pulso contra los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles- tiene en sus manos la ejecución de los recursos contra la designación de la exministra Dolores Delgado como fiscal de Sala de memoria democrática. Y otro recurso que cuestiona el nombramiento de García Ortiz como máximo responsable del Ministerio Público.

El CGPJ nombrará por primera vez altos cargos judiciales con 'criterio de género': ningún sexo superará el 60%

El nuevo CGPJ se enfrenta a la cobertura de las presidencias de ambas Salas, la primera por la finalización del mandato de Manuel Marchena, que no opta a la reelección para un tercer mandato, y la segunda porque está vacante desde enero de 2023, cuando César Tolosa fue designado miembro del Tribunal Constitucional.

Desde entonces la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha sido dirigida por Pablo Lucas, un magistrado de enorme prestigio que, teniendo un perfil progresista moderado, no logró el apoyo del sector del CGPJ propuesto por el PSOE ni en 2022 para el TC ni el pasado septiembre para presidir el Poder Judicial.

"Pablo Lucas no se casa con nadie, no es políticamente previsible, es su radical independencia la que no le gusta al Gobierno", afirman magistrados de la Sala que trabajan con él.

Lucas es el número 4 del escalafón de la carrera judicial y lleva 23 años en el Tribunal Supremo.

El número 1 del escalafón es Andrés Martínez Arrieta, por el que han pasado todas las vicisitudes de la Sala Penal desde hace 36 años, primero como responsable del Gabinete Técnico de esa Sala durante una década y, desde 1998, como magistrado.

Para ambos es, con toda probabilidad, la última oportunidad de ser presidentes de sus Salas, ya que Lucas se jubilará en julio de 2026 y Martínez Arrieta, en abril de 2027.

Baja en la Sala Civil

En el Tribunal Supremo es generalizada la opinión de que ambos "merecerían alcanzar la presidencia" antes del retiro forzoso, que este domingo le ha llegado a Francisco Marín, hasta ahora presidente en funciones de la Sala Civil.

A la presidencia de la Sala Civil aspira el magistrado Ignacio Sancho. No optará al cargo la única magistrada de esa Sala que podría hacerlo, María Ángeles Parra.

Pilar Teso, número 11 del escalafón, es magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desde 2008. Es la segunda vez que se presenta a cargo de presidenta: lo hizo en septiembre de 2020, cuando fue elegido Tolosa.

Tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial el pasado julio, Teso fue candidata a presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ, al igual que Pablo Lucas y Ana Ferrer. No obstante, en septiembre retiró su candidatura ante el encallamiento de las votaciones y tras recibir en algunos medios críticas -que considera falaces e injustas- de proximidad al Gobierno.

Ferrer sí continuó en la carrera a la presidencia del Poder Judicial, que finalmente ganó Isabel Perelló.

Ana Ferrer, número 25 del escalafón de la carrera, fue la primera magistrada de la Sala Penal del Supremo, a la que llegó en 2014. Miembro de la Comisión General de Codificación y con una reconocida trayectoria progresista, en los últimos meses ha firmado dos votos particulares en los que se ha apartado de la opinión de la Sala en asuntos sensibles para el Gobierno: la aplicación de la amnistía y la condena por malversación a los responsables políticos del fraude de los ERE.

Paridad de género

El sector progresista del CGPJ hará valer la regla de la paridad de género, que ha sido introducida por primera vez en las bases de los concursos a las presidencias de Sala y puestos magistrados del Supremo, para impulsar las candidaturas de Ferrer y Teso.

Habrá disputa en el seno del órgano de gobierno de los jueces, que necesita llegar a un consenso porque ninguno de los dos grupos tiene, por sí solo, los 13 votos necesarios para sacar adelante esos nombramientos.

El CGPJ aún no ha concretado cómo va a aplicar la regla de que ningún sexo supere el 60% de los nombramientos ni baje del 40%. De las cuatro presidencias de Sala ahora en litigio, una (la Civil) no tiene ninguna posibilidad de nombrar a una mujer y otra, la de lo Social, cuenta con una candidata progresista a la que se otorgan muchas opciones para acceder a la presidencia, Concepción Ureste.

El nombramiento de Ureste, magistrada del alto tribunal desde enero de 2019, restaría opciones a Teso y a Ferrer. Pero es que, además, muchos vocales consideran que el género (masculino o femenino) no puede prevalecer sobre los méritos para acceder a un puesto.