La pareja de Ayuso reprocha al fiscal general la 'obstaculización' y 'absoluta falta de colaboración' en la investigación

García Ortiz rechaza dimitir y defiende la competencia de la Fiscalía para informar frente a "bulos o falsedades"

Esos correos electrónicos fueron enviados a la Fiscalía de Delitos Económicos con el fin de buscar un acuerdo de conformidad. Inicialmente se filtraron —"por fuentes de la defensa"— a algunos medios de comunicación que tergiversaron la realidad y aseguraron que era la Fiscalía la que ofrecía un pacto al novio de Ayuso, aunque luego lo había retirado para llevarle a juicio.

Esas informaciones falsas motivaron que, en la noche del pasado 13 de marzo, el fiscal general pidiera a la fiscal jefa de Madrid la cadena de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, con el objeto de hacer una nota informativa desmintiendo las falsedades publicadas. Con anterioridad, durante la noche del 13 de marzo y la mañana del 14, varios medios publicaron la literalidad de los correos.

Éste es el objeto de la investigación del Supremo, que por ahora se ciñe a determinar si García Ortiz y Rodríguez son responsables de haber filtrado esos correos. La Abogacía del Estado pidió la pasada semana al magistrado instructor, Ángel Hurtado, que cite a declarar a Miguel Ángel Rodríguez.

El jefe del gabinete de Díaz Ayuso publicó en la noche del 13 de marzo un tuit en el que —en coincidencia con las noticias que citaban "fuentes de la defensa"— afirmaba que "la Fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González; antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes 'de arriba' para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio".

Efe

García Ortiz pide al TS que cite a declarar a Miguel Ángel Rodríguez por la filtración de correos de la pareja de Ayuso

La Abogacía del Estado, que ha asumido la defensa de Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, ha recurrido, de todos modos, la apertura de la causa asegurando que "no hay ningún indicio sólido" de que "ningún miembro del Ministerio Fiscal" haya filtrado correo alguno.

"Pareja de la presidenta"

La defensa de González Amador ha impugnado esos recursos en un escrito en el que señala que la Abogacía del Estado "obvia" la investigación ya realizada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en la que se puso de manifiesto que Pilar Rodríguez ya se interesó el 7 de marzo por la denuncia contra González Amador redactada por el fiscal Salto, al que informó de que era "la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"A partir del 7 de marzo", afirma la defensa, González Amador "dejó de ser tratado como un ciudadano anónimo por Pilar Rodríguez y Álvaro García Ortiz, pasando a tener el tratamiento asociado a ser la 'pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid', lo que ha supuesto que toda la información, documentación, datos personales y contenido reservado consecuencia del ejercicio de la función pública preprocesal atribuida al Ministerio Fiscal haya sido objeto de revelación pública", afirma.

El escrito señala que el fiscal general "obligó a otros miembros de la carrera fiscal a publicar la nota informativa del 14 de marzo en contra de su voluntad" y "permaneció oculto y no comunicó su vinculación material con los hechos desde el 7 de marzo hasta el 11 de junio".

El fiscal general "manifestó su vinculación material con los hechos después de que el TSJM acordara la necesaria toma de declaración de Almudena Lastra [fiscal superior de Madrid] y de Íñigo Corral para el día 13 de junio, personas a las que habría obligado a publicar la nota en contra de su voluntad".

"Dos días antes del señalamiento, el 11 de junio, Álvaro García Ortiz registró en el TSJM una misiva (que ya había facilitado a los medios de comunicación un día antes) solicitando la paralización de la instrucción y las diligencias del TSJM y no aportando, pese a irrogarse la condición de testigo de los hechos, ninguna colaboración, información, detalle ni soporte físico o informático hábil para su análisis forense relacionado con el objeto de la instrucción".

También reprocha que la Fiscalía de Madrid "no haya cumplimentado a día de hoy" el requerimiento del TSJM para que remitiese todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal con el abogado de González Amador y dijese qué miembros del Ministerio Público accedieron a esos correos.

"Agotar la investigación"

La defensa destaca la "necesidad de continuar y agotar la investigación de los hechos protagonizados por María Pilar Rodríguez y Álvaro García Ortiz" y subraya que, hasta el momento, "hasta un total de doce magistrados, de forma unánime, han considerado en sus distintas resoluciones" que es preciso hacerlo.

Cita, a este respecto, al juez de instrucción número 28 de Madrid, Jaime María Serret, que examinó la denuncia interpuesta por el Colegio de Abogados de Madrid; a los tres magistrados del TSJM que admitieron la querella de González Amador (Celso Rodríguez Padrón, José Manuel Suárez Robledano y Francisco José Goyena); a los tres magistrados que vieron en el TSJM los recursos de apelación (María José Rodríguez Duplá, Matías Madrigal y María Teresa Chacón) y a los cinco magistrados del Supremo que decidieron abrir la causa (Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela).

Estos últimos serán los mismos que decidan sobre los recursos de la Abogacía del Estado sobre la incoación de la causa, por lo que es previsible que sean desestimados.