El PSOE, ante el 'congreso de los imputados': 29 jueces avalan investigar al fiscal, a Begoña, a Ábalos y al hermano de Sánchez

La esposa de Sánchez, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; su fiscal general, Álvaro García Ortiz, y quien fue su brazo derecho en el partido y en el Gobierno, José Luis Ábalos, afrontan investigaciones penales sin visos de un inminente archivo, por mucho que desde Moncloa se haya sostenido en los últimos meses que esa decisión de cierre recaería, en concreto, en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra la mujer del jefe del Gobierno.

La fuerza de los hechos ha llevado a los socialistas a abandonar ese argumentario en público. En privado, critican la judiciocracia de una Magistratura que consideran conservadora y "echada al monte' para poner en apuros al Gobierno.

EL ESPAÑOL

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Esa apreciación choca con el hecho de que varios de los 11 magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo son de sensibilidad progresista. Susana Polo fue la ponente de la resolución -unánime- que el pasado 30 de octubre abrió una causa al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de un correo electrónico que el defensor del novio de Isabel Díaz Ayuso envió a la Fiscalía de Delitos Económicos.

En ese documento, el abogado de Alberto González Amador admitía que éste había cometido dos delitos fiscales y planteaba al fiscal la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad para evitar la cárcel.

La filtración de ese correo a la prensa ha permitido que el Gobierno y los dirigentes socialistas lleven ocho meses hablando del "delincuente confeso" que es pareja de la presidenta madrileña.

Pero la revelación de que Juan Lobato, secretario general de la Federación Socialista Madrileña hasta su dimisión hace 48 horas, llevó al notario unos 'whatsapp' que apuntan a la posible filtración de ese correo desde la Presidencia del Gobierno ha provocado que un procedimiento judicial que hasta ahora estaba perimetrado en la Fiscalía empiece a escalar hacia Moncloa.

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El congreso socialista estará pendiente de la declaración que Lobato deberá prestar hoy ante el instructor del Supremo, Ángel Hurtado. De esa comparecencia pueden derivarse sospechas de responsabilidad hacia Pilar Sánchez Acera e incluso hacia el actual ministro Óscar López. La primera era jefa del gabinete de López cuando éste, desde su estratégica posición de director del gabinete de Sánchez, envió a Lobato mensajes sobre el correo autoincriminatorio de González Amador el pasado 14 de marzo.

Esos mensajes serán conocidos hoy por el instructor del Supremo y por las partes que intervienen en el proceso abierto a García Ortiz, entre ellas el abogado de González Amador, que ejerce la acción popular.

También es de sensibilidad progresista Leopoldo Puente, el instructor designado (por turno) por la sala Penal del Supremo para investigar al diputado José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE hasta que Sánchez le cesó por razones que nunca ha explicado.

Puente, que fue asociado a Jueces y Juezas para la Democracia, es uno de los magistrados más modernos de la Sala, a la que llegó en 2020 de la mano de los entonces vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial Rafael Mozo y Clara Martínez de Careaga.

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Designado instructor del caso Ábalos el pasado 5 de noviembre, Puente aún no ha acordado ninguna diligencia pero es seguro que llamará a declarar al empresario Víctor de Aldama, cuya confesión ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el pasado 21 de noviembre comprometió seriamente al otrora número dos de Sánchez. Según Aldama, Ábalos cobró comisiones ilegales por contratos públicos que habrían ascendido a 650.000 euros.

Otro magistrado progresista, Andrés Martínez Arrieta, fue ponente de la resolución que abrió la causa al exministro Ábalos. En ese tribunal también estaban Ana Ferrer y Andrés Palomo, de esa misma sensibilidad.

El Tribunal Supremo es uno de los nueve órganos judiciales que han intervenido o lo están haciendo en estos procesos. La Audiencia Nacional (con el instructor del 'caso Koldo', Ismael Moreno), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (con seis magistrados de la Sala de lo Civil y Penal), la Audiencia Provincial de Madrid (con tres magistrados que han respaldado la investigación de Peinado a Begoña Gómez), la Audiencia Provincial de Badajoz (con cuatro magistrados que han avalado las diligencias de Beatriz Biedma respecto al hermano del presidente del Gobierno) y cuatro Juzgados de Instrucción diferentes ha tomado decisiones relativas a la investigación a Begoña Gómez, Ábalos, David Sánchez y García Ortiz.

Y puede que, en función de las pruebas que afirma tener Aldama, la relación de investigados se amplíe a dirigentes socialistas señalados por supuestas prácticas corruptas, como el actual secretario de Organización socialista, Santos Cerdán.