El juez del Supremo cita a una declaración voluntaria como investigado por corrupción al exnúmero 2 del PSOE Ábalos

En una resolución conocida este lunes con la que arranca la instrucción por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos relacionados con la llamada trama Koldo, Puente acuerda citar al empresario Víctor de Aldama para el 16 de diciembre y a Koldo García, exasesor de Ábalos, el día siguiente, ambos como investigados.

Puente señala que, antes de resolver sobre la procedencia de elevar el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados para proceder contra Ábals con todas las consecuencias, ofrece al diputado la posibilidad de declarar voluntariamente, "en aras de favorecer su derecho de defensa".

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[Aldama asegura que Ábalos cobró 650.000 euros en efectivo y Koldo 300.000: llevaba el dinero al Ministerio de Transportes]

Ábalos deberá manifestar "a la mayor brevedad" si va a acudir a la declaración del día 12, quedando, en caso contrario, sin efecto el señalamiento.

El instructor ha decidido asumir la competencia para investigar a De Aldama y a García en relación con los hechos que están relacionados de forma “directa e inescindible” con los que pudiera haber protagonizado el aforado Ábalos.

Según el juez, los hechos que objetivamente conforman el perímetro de esta causa consisten en la adjudicación de contratos entre la Administración o entidades vinculadas a ella a empresas privadas" o conductas equivalentes".

De Aldama declaró el pasado 21 de noviembre en la Audiencia Nacional que pagó en efectivo a Ábalos comisiones presuntamente ilegales por 650.000 euros y a Koldo García 300.000.

Esa confesión fue elevada al Supremo por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el caso Koldo. 

Moreno envió al alto tribunal una exposición razonada según la cual De Aldama sería la persona que, en beneficio propio y de terceros, a través de determinados pagos o de contraprestaciones económicas y aprovechando su influencia sobre Koldo García y sobre el propio José Luis Ábalos, “habría logrado para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos, fundamentalmente con las entidades Puertos del Estado y ADIF, pero también con otras administraciones o entidades a ella vinculadas”.

Koldo García sería la persona que podría haber actuado como enlace entre la Administración o entidades vinculadas a ella a empresas privadas o conductas equivalentes, es decir, entre Víctor de Aldama y José Luis Ábalos.

El instructor del Supremo indica que los pagos que De Aldama, “siempre en los términos indiciarios que resultan propios de esta muy incipiente fase de la investigación, podría haber realizado a los dos primeros, aparecen en el escenario fáctico inescindiblemente vinculados a los cobros, como igualmente no resulta factible desconectar las gestiones intermediadoras que se atribuyen al García del efecto que las mismas pudieran haber proyectado sobre la persona del aforado. Fácilmente se comprenderá el indisoluble vínculo entre unas y otras imputaciones si se repara en la que resultaría inconciliable coexistencia de resoluciones diversas en alguna de las cuales se descartara, por ejemplo, la existencia de los pagos, mientras otras proclamaran la realidad de los cobros”. 

Señala que el juez Moreno debe continuar con la investigación de las diligencias previas respecto a todos los demás investigados en ellas, además de otros hechos diversos, que no guarden relación con el aforado, y que pudieran atribuirse a De Aldama y García, como, por ejemplo, delitos contra la Hacienda Pública y/o de blanqueo de capitales.

Puente da un plazo de tres días a las seis acusaciones populares -Partido Popular, partido político Vox, Hazteoir.org, asociación Liberum, sindicato Manos Limpias y Asociación de Abogados Demócratas por Europa-, a las que tiene personadas provisionalmente en la causa, para que informen en relación con la previsión legal de acumular a todas ellas en una única acusación.