Un coche y su navegador.
La industria de la automoción en España se encuentra en una encrucijada, donde el futuro de la movilidad dependerá de las decisiones y movimientos que se realicen en el presente año 2025.
Recientemente, el anuncio de Trump durante su toma de posesión, que incluye la paralización del vehículo eléctrico y la imposición de severos aranceles a la importación de vehículos, ha generado inquietud entre los fabricantes europeos. Este doble anuncio plantea un futuro incierto para nuestra industria automovilística.
A esta situación se suman dos factores adicionales: el cambio en las preferencias de los conductores chinos, quienes optan por vehículos fabricados en su país en lugar de los europeos, y la obligación de los fabricantes europeos de reducir sus emisiones de CO2.
Donald Trump, la semana pasada.
De no hacerlo, podrían enfrentar multas millonarias, que ascienden a 95 euros por gramo de CO2, hecho que podría traducirse en un total de 15.000 millones de euros. Estos elementos contribuyen a un panorama poco alentador para una de nuestras principales industrias.
Sin embargo, hay un rayo de esperanza. La Comisión Europea ha decidido abrir un proceso de diálogo con la industria automovilística para evitar las sanciones multimillonarias que amenazan la competitividad y el empleo de cientos de miles de europeos.
Es importante destacar el esfuerzo significativo realizado por los fabricantes europeos para descarbonizar sus vehículos, con miles de millones invertidos en electrificación, aunque las ventas no han crecido al ritmo esperado.
A pesar de esto, las ventas de turismos cerraron el año con un total de 1.016.885 unidades, un 7,1% más que el año anterior, superando la barrera del millón de unidades por primera vez desde antes de la pandemia.
La industria automotriz ha invertido miles de millones en electrificación, pero las ventas no crecen al ritmo esperado
Para intentar revertir esta complicada situación, el sector del automóvil pide fundamentalmente tres cosas: la primera, incentivos económicos y fiscales, reales y eficientes, a la compra de vehículos eléctricos.
La segunda, flexibilidad en la aplicación del calendario previsto por la Unión Europea en el proceso de descarbonización de la movilidad y el transporte, sobre todo el que hace referencia a la prohibición de la venta de vehículos de motor de combustión más allá de 2035.
Y la tercera, y no por ello la menos importante, una clara neutralidad tecnológica, para permitir que la investigación en combustibles sintéticos y otras alternativas compita en igualdad de condiciones con la electrificación en el proceso de descarbonización.
Por otro lado, como consecuencia y causa a la vez de la baja implantación en España del vehículo eléctrico, con niveles sensiblemente inferiores a la media europea, debemos referirnos a la infraestructura de recarga eléctrica, fundamentalmente la interurbana que es la que más incertidumbres y temores presenta a los conductores.
Se requiere flexibilidad en la aplicación del calendario previsto por la Unión Europea en el proceso de descarbonización de la movilidad y el transporte
A pesar de que las últimas cifras que hemos conocido ponen de manifiesto un avance significativo en la infraestructura pública de recarga, persisten problemas burocráticos, con miles de puntos de recarga pendientes de autorización y una falta de señalización adecuada para los que ya están operativos.
En cuanto a las perspectivas de las políticas de movilidad en España en 2025, lo primero que debemos señalar es el retraso en la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible debido a la falta de acuerdo entre los diferentes grupos políticos.
Este retraso afectará a la renovación de las flotas de autobuses y camiones para descarbonizar este importante sector, afectará también al proceso de digitalización del transporte, en ciertos servicios regulares afectará a derechos de exclusividad, además de al futuro mapa concesional y a las prórrogas de concesiones caducadas, entre otras medidas que contempla el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
A pesar de todos estos desafíos, hay razones para encarar el año 2025 con optimismo y confianza.
La prórroga del Plan Moves, que apoya la adquisición de vehículos eléctricos hasta el 30 de junio de este año, y el anuncio del gobierno sobre el Plan España Auto 2030, que busca un compromiso nacional involucrando a todas las comunidades autónomas y sectores relacionados con la nueva movilidad, son pasos positivos.
Además, según datos de la DGT, las ventas de coches electrificados a particulares han superado a las de vehículos no electrificados, con un 54% frente al 46%. En 2020, los vehículos electrificados representaban solo el 20%.
En conclusión, el año 2025 se presenta como un momento crucial para la movilidad en España, donde la colaboración entre el gobierno, la industria y los consumidores será esencial para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que se presenten.
*** Josep Martí es socio corresponsable de automoción de EY España y Gregorio Serrano es senior advisor de movilidad sostenible, segura y conectada de EY España.