Hace ya un mes el Gobierno de España aprobó el Real Decreto ley 17/2021. Una medida que se presentaba como la herramienta para abaratar la factura de la luz de los españoles y que ha tenido el efecto contrario en los grupos hospitalarios del país.

Y es que, según denuncia la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) este RDL puesto en marcha por el Ministerio de Teresa Ribera ha hecho que la factura eléctrica de los grupos hospitalarios se triplique respecto a antes de tener esta medida. Explican que el impuesto que tienen que pagar las eléctricas por el RD se pasan, directamente, a los grupos hospitalarios.

Según argumenta la patronal, esto se debe a que, normalmente, los grupos hospitalarios cierran con las compañías eléctricas una tarifa negociada que tiene una duración aproximada de un año. Ahora, las compañías eléctricas han decidido sumar a ese precio negociado la minoración aproximada de 80 euros por megavatio/hora que la nueva normativa establece para la generación eléctrica sin emisiones de efecto invernadero.

Es decir, que si un grupo que tiene 20 hospitales había cerrado con su comercializadora de electricidad un precio de 40 euros/MWh por un año, ahora tendrán que sumar a esos 40 euros los 80 euros del impuesto creado por la generación de tecnologías que no utilizan el gas como medio de producción.

Por ello, la Alianza de la Privada se ha dirigido al Gobierno para que haga una rectificación del RDL 17/2021 en la que se excluya de "forma clara" a aquellos contratos que estén en vigor durante la aplicación del mismo "y que fuesen acordados previamente al alza de precios del mercado, e independientemente de la comercializadora que se firmasen, para así garantizar la seguridad jurídica".

Al final, lo que está ocurriendo es que las grandes eléctricas han trasladado el coste "íntegro" del RDL al sector hospitalario. "Las empresas comercializadoras van a facturar un sobrecoste inasumible para un sector muy castigado por la pandemia en 2020 y que empieza a recuperarse".

Basándose en los contratos de varios operadores hospitalarios, ASPE ha calculado el sobrecoste que el sector tendrá que asumir forzosamente será de 120 euros por megavatio/hora; en lugar de 40. Supondrá una factura complementaria al mes a la ya acordada de 7,5 millones de euros (90 millones de euros al año) para el sector de la provisión sanitaria privada. Eso equivaldría, con respecto a la facturación anual de todo el sector, incluyendo clínicas sin internamiento, de un 1,3% de su cifra de negocios agregada.

Un sector 'perjudicado'

Carlos Rus, presidente de ASPE, ha rechazado esta situación, puesto que las grandes eléctricas (afirma) se "escudan" en el RDL para trasladar a los hospitales "una carga fiscal que en absoluto les corresponde asumir".

"El espíritu del RDL es reducir los elevados precios que ponen en riesgo la competitividad de la economía y minorar los beneficios de las eléctricas que puedan resultar excesivos. Por eso, nos unimos a otras muchas otras voces empresariales y reclamamos que los contratos fijados con anterioridad a la escalada de precios del mercado eléctrico queden excluidos de forma clara de la aplicación de este RDL"

Rus denuncia que la situación pone en "dificultad extrema" la competitividad de las empresas del sector sanitario por tres razones: "la inestabilidad regulatoria afecta de lleno a la seguridad jurídica de los contratos ya establecidos; nuestro sector no puede compartir ese sobrecoste con el usuario; y salimos de un bache económico muy relevante".