Como un nuevo jarro de agua fría. Así ha sentado en Andalucía y Comunidad Valenciana saber que este año tampoco llegará la ansiada reforma del sistema de financiación autonómica, pese a las intenciones de lograrlo que se transmitían desde el Ejecutivo hace apenas dos meses.

La cuestión volverá a retrasarse por el ambiente en el que se encontrará sumida la política española durante todo 2023, el súper año electoral. Con los comicios locales y autonómicos en mayo, y las generales al final del año, el clima actual "no propicia esa necesidad de acuerdos".

Así argumentaba el aplazamiento la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la clausura del III Foro Económico de EL ESPAÑOL en Andalucía. No obstante, en su intervención admitió que "ya debería haberse renovado" un sistema que caducó en 2014.

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El anuncio ha causado malestar en Sevilla y Valencia, donde subrayan que reclaman los cambios desde 2018, aunque esta petición viene de largo. Incluso cuando la que es hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era consejera del ramo en Andalucía y se lo reclamaba al expresidente Mariano Rajoy.

"Es verdad que es difícil llegar a acuerdos en periodos preelectorales, pero también es cierto que el sistema de financiación autonómica está caducado desde hace años", ha señalado a EL ESPAÑOL-Invertia la consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España.

La comunidad, gobernada bajo mayoría absoluta del PP, insiste en el agravio que les supone el actual sistema. España cifra en alrededor de 1.000 millones anuales la cantidad que Andalucía deja de ingresar con el actual sistema, que tacha de "injusto y obsoleto". 

Una factura que asciende a 11.000 millones si se cuenta desde 2009, cuando entró en vigor el sistema. España también recuerda que, desde 2018, la comunidad pide además un fondo de compensación por los años en los que se ha visto afectada por esta situación. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se lo pidió expresamente al presidente, Pedro Sánchez, en la última reunión en Moncloa.

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La decepción también se ha sentido en la Comunidad Valenciana, la autonomía que menos recursos recibe por habitante con el actual sistema de reparto y que también lo pide.

La Generalitat Valenciana, gobernada por el socialista Ximo Puig, ha lamentado que haya que seguir esperando. En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, fuentes de la Consellería de Hacienda -controlada por el PSOE- subrayaron que preferirían "una solución próxima en el tiempo". "Por ello, la seguiremos reivindicando", han agregado.

"Nuestra posición sigue siendo la misma, seguiremos reivindicando que es un modelo injusto que necesita reforma", han añadido en la misma línea, de corte comedido dado que comparte color político con el Ejecutivo central.

El escenario, sin embargo, irrita sobremanera en la capital del Turia, donde no entienden que el Gobierno de España no haya cumplido con su palabra de presentar un nuevo modelo de reparto una vez aportadas las alegaciones de cada autonomía al borrador inicial planteado por el Ministerio de Hacienda.

Ximo Puig lleva desde 2018 instando a Sánchez a corregir el agravio financiero del Estado con la Comunidad Valenciana, sin que el Ejecutivo central haya accedido a cambiar el sistema de reparto de los fondos. La desatención de esta cuestión es uno de sus puntos débiles en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.

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Tal circunstancia llevó al presidente valenciano a hacer piña con su homólogo andaluz hace año y medio. Puig y Moreno Bonilla, en un encuentro que irritó a Moncloa, clamaron juntos en Sevilla contra "la financiación injusta del 30% de España". Moreno concretó entonces que, con el actual modelo, cada andaluz "recibe al año 110 euros menos que la media; y cada valenciano, 220 euros menos".

Ambos dirigentes solicitaron que, mientras no llegue la reforma del sistema de financiación autonómica, el Estado compense de manera temporal con 1.700 millones de euros anuales a Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia (que también se encuentra infrafinanciada). Pero la ministra María Jesús Montero tampoco accedió a esta última petición.

Población ajustada

El carpetazo a modificar la financión autonómica contrasta con los esfuerzos por lograrlo transmitidos desde el Ministerio a principios de año, cuando apuntaba que la interlocución seguía abierta con todas las regiones.

Una interlocución que, de hecho, se había acelerado en el arranque de 2023. Representantes de la Secretaría de Estado de Hacienda se reunieron entonces con las autonomías buscando acordar una nueva propuesta, sin que las partes descartasen lograrlo antes de diciembre.

Con todo, el argumento del clima preelectoral señalado por la ministra de Política Territorial no es inédito en este asunto. También la cercanía de elecciones autonómicas y generales de 2019 llevaron al Ejecutivo a descartar abordar esta materia durante la primera legislatura de Pedro Sánchez. 

En su última propuesta, el Ministerio de Hacienda proponía que la financiación de las regiones dependiera de la población ajustada, estableciendo un mayor valor a la sanidad y a la educación.

En el borrador, el padrón sufría un bajón de importancia significativo a la hora de decidir el reparto de fondos regionales. También recogía la intención de reforzar la consideración de las singularidades de aquellas comunidades autónomas que, de una forma más directa, se enfrentan al reto demográfico.

En cambio, desechaba la posibilidad de dar dichos apoyos extra a las regiones por tener áreas densamente pobladas o grandes ciudades. Es decir, el efecto conocido como capitalidad.

Sin embargo, Isabel Rodríguez ha querido aprovechar su paso por Sevilla para recordarle a Juanma Moreno que, sin los recursos del Gobierno, no hubiera podido firmar el pasado lunes el pacto social con los sindicatos CCOO-A y UGT-A y con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Un acuerdo, en cambio, que sí ha alabado la portavoz socialista.