El descontrol del Gobierno con los fondos europeos

Como economista, resulta sumamente frustrante observar la opacidad de este gobierno y la dificultad para recopilar datos e información que cumplan unos mínimos de suficiencia y consistencia para realizar una evaluación exhaustiva de la gestión de los fondos Next Generation.

Recientemente, durante el segundo evento anual del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia organizado por la Comisión Europea, los comentarios más recurrentes entre los profesionales que allí nos encontrábamos eran el excesivo énfasis en la propaganda y la ausencia de datos relevantes.

Incluso la Subgobernadora del Banco de España, que no es sospechosa de actuar con animadversión hacia el Gobierno, lamentó la imposibilidad de realizar una valoración completa del impacto del Plan de Recuperación debido a la falta de datos con un estándar contable útil, una inquietud compartida tanto por AIReF como por Fedea.

Lamentablemente, el descontrol en la gestión de los fondos europeos responde a la incapacidad propia del Gobierno y a un afán deliberado por ocultar dicha incapacidad. El último dato sobre ejecución real publicado por la IGAE sigue siendo del 31 de agosto de 2021, en su documento “Principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado”, donde señalaba la raquítica cifra de 104 millones de euros. Cuando al Gobierno se le pregunta sobre esta cuestión tan solo recibe evasivas.

Nadia Calviño acuñó como mantra que la ejecución de los fondos había alcanzado “velocidad de crucero”, eslogan adoptado por su heredero en la cartera de Economía y al que ha incorporado como aportación que “se han ejecutado a la mitad del partido, la mitad de los fondos” para resaltar que se han resuelto 32.500 millones de euros.

Es importante resaltar que, ni comprometer fondos, ni resolver convocatorias, es sinónimo de pagar. Según la responsable del regulador bancario, a la economía han llegado aproximadamente 26.000 millones de euros en estos tres años, lo que apenas representa el 16% de los 163.000 millones que España debe ejecutar antes de finalizar 2026.

Las medias verdades son las peores mentiras y el uso selectivo de los datos es su expresión práctica. Es legítimo seleccionar datos y periodos que sirvan al relato gubernamental, pero no se nos puede exigir a los economistas que prescindamos del rigor en nuestros análisis, aunque conlleven críticas.

Aunque el ministro de Economía proyecta que los fondos europeos supondrán 3,5 puntos del PIB en el año 2025, los modelos del Banco de España indican un impacto del 2% con respecto a la senda de crecimiento hasta 2033, bajo supuestos de máximo aprovechamiento de los proyectos y cumplimiento de la totalidad de hitos y reformas. Es un punto menos que el impacto recogido en la Adenda para el periodo 2021-2031, cifrado en el 3%.

En un nuevo juego de trileros, hemos conocido que España ha solicitado una segunda modificación en los hitos y objetivos del plan. Cabe aquí recordar, que la Adenda ya introdujo 52 cambios en los hitos para facilitar su cumplimiento ante los problemas derivados de la crisis inflacionaria, falta de demanda en las inversiones o problemas administrativos que imposibilitaban cumplir el calendario previsto. Este precedente, con reducciones sustanciales en la ambición de las inversiones financiadas por el plan, no se acompañó de un ajuste en las previsiones de impacto de los fondos europeos, como tampoco ahora, seis meses después, el Gobierno prevé que influyan en las proyecciones sobre el crecimiento o el empleo.

¿Por qué esta obstinación en mantener lo insostenible? La única explicación es la obsesión por el relato aun a costa de socavar, un poco más, la credibilidad y la confianza en nuestro país.

Que los fondos no se distribuyen de manera eficaz y eficiente se observa en la ejecución de los PERTE, donde apenas se ha resuelto una cuarta parte de los fondos públicos presupuestados para estos grandes proyectos, así como en su limitado alcance entre las empresas. Sólo el 14% de las empresas españolas han recibido fondos del Mecanismo de Recuperación, concentrando los mayores volúmenes en las grandes empresas y relegando a las pymes a un Kit Digital que se está destinando, principalmente, a rehacer páginas web o a gestionar redes sociales.

Pero si hay un dato incontestable y realmente alarmante que muestra que los fondos ni llegan con agilidad, ni se destinan a los proyectos más aditivos y transformadores, es la caída de la inversión y de la productividad. La inversión se encuentra cinco puntos por debajo de los niveles pre pandemia, con una caída especialmente acusada en los bienes de equipo. Esta situación, provoca que se esté desplazando a ejercicios posteriores el impacto visible del plan, ahora previsto para 2025.

Si España no es capaz de movilizar en 2024 la ingente bola de nieve de fondos sin ejecutar y desplegar los préstamos de la Adenda para impulsar el nivel agregado de inversión, la negligencia gubernamental ascendería a niveles inimaginables.

La negativa del Gobierno a cumplir con el art. 134 de la Constitución Española y someter a trámite los presupuestos de 2024, añade más incertidumbre a la gestión de los fondos. El Gobierno tendrá que aprobar un nuevo vehículo normativo que permita la modificación de créditos, convirtiendo las transferencias corrientes presupuestadas para 2023 en activos financieros para poder ejecutar el bloque de préstamos.

Es urgente focalizar los esfuerzos en lo importante: una óptima selección de proyectos e implementar medidas que garanticen el éxito de esta oportunidad histórica. Hay alternativas para que este programa sea un éxito, como mecanismos simplificados para los ICO, diseñar Kits de sostenibilidad para facilitar la transición energética de las pymes, implementar la mochila austríaca o ampliar la financiación de incentivos fiscales, pero no hay liderazgo, ni capacidad de gestión.

***Santiago Sánchez López - Economista