Confirmado por el Gobierno: los inquilinos que cumplan este requisito podrán suspender los desahucios y sus lanzamientos

La paralización de los desahucios seguirá vigente durante todo 2025. Así lo aprobó el Gobierno español en el último Consejo de Ministros del año, celebrado el pasado 23 de diciembre, consolidando una medida que protege a los hogares en situación de vulnerabilidad desde 2020, cuando la pandemia puso en jaque a la sociedad. 

Con esta prórroga, publicada en el BOE el 24 de diciembre, los procedimientos de desalojo por impago de alquileres y ocupaciones irregulares se detendrán para las familias que cumplan los criterios establecidos.

En concreto, esta prórroga incluye dos casos principalmente. En primer lugar, inquilinos con contrato regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, que no puedan pagar el alquiler y cumplan los requisitos de vulnerabilidad económica.

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Por otro lado, los hogares ocupados sin título legal, pero donde residan víctimas de violencia de género, personas dependientes o con menores a su cargo y familias en situación de vulnerabilidad extrema. Aunque no todas las viviendas son aptas para que se aplique esta normativa, se exige que pertenezca a un gran tenedor, es decir, a una persona o entidad que posea más de 10 inmuebles. 

Procedimiento para suspender el desahucio

Si formas parte de alguno de esos colectivos, puedes ser candidato para beneficiarte de esta medida del Gobierno. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existe un riguroso procedimiento para garantizar que esta suspensión solo se ponga en marcha en los casos estrictamente necesarios. 

¿Cómo saber si tu situación entra dentro de las aparadas por esta legislación? Lo primero es la solicitud del inquilino, es decir, la persona en riesgo de desahucio debe solicitar ante el juzgado la suspensión del procedimiento alegando su situación de vulnerabilidad. 

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En ese momento, el juzgado emitirá la solicitud a los servicios sociales municipales, quienes tienen la tarea de evaluar si la persona o familia solicitante cumple los criterios de vulnerabilidad.

Durante el proceso se tendrán en cuenta aspectos como los ingresos familiares, la presencia de menores, personas dependientes o víctimas de violencia de género en el hogar. Y, en caso de que consideren que sí se cumplen con los requisitos, emitirán un informe favorable. 

A partir de ahí, la comunidad autónoma en cuestión tiene un plazo de tres meses para ofrecer una solución habitacional. De no encontrar una alternativa viable durante el tiempo proporcionado, el propietario puede reclamar una indemnización antes del 31 de enero de 2026. 

Las claves de la prórroga

Tal como ha explicado el Ejecutivo, "se extienden determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda que fueron introducidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias para hacer frente al COVID-19", con el objetivo de "atender a la realidad social y económica de los hogares en el contexto del proceso de mitigación de la dinámica inflacionista y de la prolongación de las consecuencias de la situación internacional". 

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Esto mismo, añade, "obedece, en gran parte, a la existencia de un escenario marcado por la extensión temporal de la Guerra de Ucrania y sus repercusiones en la economía de las familias, principalmente, a través del crecimiento de los precios al consumo que inciden de un modo especial en aquellas personas y hogares con menores recursos". 

Y así lo ha reflejado el texto del BOE: "La grave situación en el ámbito económico y social que siguen afrontando los hogares en España, en un contexto caracterizado por determinadas dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de oferta asequible de vivienda, justifica la extraordinaria y urgente necesidad de la extensión de la suspensión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad".