En un informe firmado por dicho organismo y remitido al Congreso, la entidad ha afirmado que estas empresas "se benefician significativamente" de internet "sin contribuir al mantenimiento de la infraestructura que lo soporta".

Según apunta Brendan Carr, comisionado de la FCC, el método para financiar los 9.000 millones de dólares anuales que componen el Fondo de Servicio Universal (FSU) y que se usan para respaldan la gran mayoría de programas de conectividad universal de la institución está "atrapado en una espiral mortal" que depende de un cargo a las facturas mensuales de los operadores de telefonía. 

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Así, Carr precisa que este procedimiento, que se creó antes de la era de internet e impone la carga a los consumidores, "tenía sentido" en la década de los 90, una época marcada por "los módems chirriantes y el sonido del dial al marcar un número", pero ahora, afirma, necesita renovarse. 

En este sentido, la FCC ha anunciado su intención de revisar este modelo e imponer una tasa a las grandes tecnológicas que garantice una distribución "más justa y equitativa" sin perjudicar a los consumidores. El comisionado precisa que, de no reducir los impuestos a los usuarios, estos podrían optar por no conectarse a la red para evitar los gravámenes actuales que pueden suponer una gran carga para algunos hogares. 

Esta decisión de replantearse la fórmula mediante la cual las big tech contribuyen a la industria online no solo se está dando en Estados Unidos, sino que, tal y como apunta Carr en el mismo documento, es un enfoque que "está ganando terreno en Europa, Asia o América del Sur".

Tasa Google, intento de España

En Europa hubo varios intentos de legislar en este sentido de forma unitaria frente a este nuevo tipo de negocio, pero la falta de consenso hizo que varios países apostasen por emitir sus propias reglas, entre ellos, España.

La región española aprobó a finales de 2020 la Ley 4/2020 del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocida popularmente como la Tasa Google, aunque no entró en vigor hasta principios de 2021. 

Este arancel tiene como objetivo poner al día el sistema de tributación de los nuevos modelos de negocio digitales debido a la rápida evolución del mundo online.

En concreto, contempla un gravamen del 3% sobre los ingresos derivados de servicios de publicidad en línea, intermediación en línea y transmisión de datos y afecta a las empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros, siempre tengan más de tres millones de ingresos derivados de las actividades mencionadas. 

Las sanciones recogidas por la ley alcanzan hasta el 0,5% del importe neto de la cifra de negocios obtenida por la empresa en el año natural anterior. 

No obstante, en el primer año de ejecución de esta tasa la recaudación conseguida por el ejecutivo español fue mucho menor de lo que se esperaba, 240 millones de euros frente a los 968 millones presupuestados, es decir, uno de cada cuatro euros previstos. 

En el ejercicio anterior apenas 216 contribuyentes (52 de ellos grupos empresariales) pagaron este impuesto, lo que significó que la tributación media por operar en España ascendía a 1,11 millones de euros. 

Esta sobrestimación no solo afectó a España, sino también a otros países europeos que aprobaron la ejecución de esta tasa como Francia o Italia, que manifestaron su intención de eliminarlo y apostar por una nueva regulación negociada en el ámbito de la OCDE. 

Nuevo intento de acuerdo

Y es que, cuando se empezó a debatir la posibilidad de introducir una tasa a las grandes tecnológicas, Estados Unidos amenazó a los países que la adoptasen con sanciones o represalias comerciales debido a que afectaba, principalmente, a las compañías con sede en su región. Como consecuencia de estas advertencias, algunos gobiernos paralizaron sus planes y decidieron no ponerla en práctica. 

A finales del año pasado, los países que decidieron seguir adelante con el impuesto (España, Francia, Italia, Austria y Reino Unido) alcanzaron un acuerdo con EEUU para suprimir la imposición a finales de 2023 a cambio de la puesta en marcha de un nuevo esquema de tributación multilateral en el que trabaja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

A raíz de esta negociación, Washington se comprometió a retirar las represalias que había introducido como respuesta, entre ellos, un 25% adicional de aranceles a los productos españoles del sector textil y el calzado (una medida que no llegó a entrar en vigor porque se aprobó con una suspensión de aplicación de 180 días para dar tiempo a llegar a un consenso).

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El acuerdo fiscal acordado por la OCDE se centra en dos pilares de actuación, el primero contempla una fórmula para repartir una parte de los beneficios de las grandes multinacionales en los países donde operan, aunque no tengan ahí presencia física.

Por su parte, el segundo aborda la fijación de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades, donde ya se ha alcanzado un consenso para que sea mínimo del 15%. 

No es la primera vez que Estados Unidos sigue el planteamiento europeo en materia regulatoria, Washington ya se fijó en la región comunitaria en materia de protección de datos cuando entró en vigor el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos). 

Según ha recordado varias veces Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e inteligencia artificial, al principio "nadie quería adoptarlo" y, después, no solo se aplicó en Europa, sino que se reprodujo en el resto del mundo y fue objeto de inspiración para las normas desarrolladas en diferentes países.