Agricultura europea: Penélope ve pasar el tren de la innovación

Aun siendo avaladas científicamente, las soluciones fitosanitarias se limitan más en las autorizaciones de Bruselas por el peso que tiene el principio de precaución y peligrosidad, además de la percepción social en las decisiones políticas.

Los ciudadanos europeos podemos estar seguros. "Tenemos la normativa más restrictiva del mundo en cuestión fitosanitaria y seguridad alimentaria. Son dos legislaciones complementarias para residuos en alimentos y sobre el proceso de autorización para que se pueda poner en el mercado un producto fitosanitario. Eso exige más estudios científicos y a las empresas fabricantes mayor inversión en seguridad para sus productos. Nuestras evaluaciones son las más seguras y con personal científico independiente. Hay productos aprobados en EEUU y aquí rechazados", comenta José Vicente Tarazona, jefe de la Unidad de Pesticidas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

La inversión de los fabricantes de fitosanitarios oscila por encima de uno millón y dos millones de euros solo en generar los estudios necesarios para demostrar la seguridad del producto, sin contar la inversión en desarrollo de moléculas: en torno a 10 años, casi 300 millones, según la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA).

La función de EFSA es evaluar y comunicar los riesgos asociados a la cadena alimentaria. Emite opiniones y asesora científicamente para apoyar a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE en la toma de decisiones para salvaguardar la protección de los consumidores.

Una de las bases comunes a los sucesivos tratados de la UE es garantizar el nivel más alto de protección de la salud humana y el medio ambiente. Esta línea va marcando las directrices de las dos agencias que realizan evaluaciones en el caso de los productos fitosanitarios. Una es la EFSA y otra es la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). Ambas están a disposición de las autoridades reguladoras de la UE para llevar a la práctica la legislación en materia de sustancias químicas. "La información generada por la EFSA es totalmente accesible y transparente", añade Tarazona. Estudios, evaluaciones originales, correcciones y cuestiones lanzadas por cualquier ciudadano u organización y las respuestas alusivas, son totalmente públicos.

LMR, no es sólo riesgo

Las alertas por fitosanitarios representan menos del 6% del total, comparado con el 54% de alertas por alérgenos, micotoxinas, patógenos o microorganismos. Son datos del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) en 2014, herramienta de contacto de diversos organismos y autoridades alimentarias de la UE para comunicarse y coordinar alertas alimentarias con rapidez. "Las alertas por superar los límites máximos de residuos en alimentos o piensos no llega al 2%", indica AEPLA.

Cumplir un Límite Máximo de Residuos (LMR) demuestra que se ha aplicado el producto fitosanitario correctamente, no es, en ningún caso, un nivel de riesgo. "En más de la mitad de los alimentos producidos en agricultura convencional en Europa, no se han encontrado niveles detectables de productos fitosanitarios", asegura el jefe de la Unidad de Pesticidas de EFSA. El LMR es un límite legal superior, no un límite de seguridad toxicológica y se basa en las buenas prácticas agrícolas.

En un estudio de caso real de tomate con LMR de 0,5mg/kg de insecticida, para alcanzar el nivel de mínimo efecto tóxico observable (LOAEL) de la sustancia, hay que comer 21.040 tomates al día. Para que las trazas de glifosato en cerveza afecten a una persona, debería tomar 1.500 litros al día.

Hay una tendencia en la que las evaluaciones se basan en los criterios de peligrosidad, una propensión que se detecta desde el último reglamento de comercialización de fitosanitarios que fue publicado en 2009. Esto es, si alguna sustancia activa se identifica como peligro, se tiende a su prohibición, pero sin tener en cuenta la evaluación del riesgo o los análisis fundamentados en el balance riesgo-beneficio, apoyados por la evidencia científica. Parece que ya no ha lugar hasta qué punto es nociva.

La preferencia a prohibir va en línea de lo que la opinión pública europea y el principio de precaución piden, pero la realidad para los agricultores es que la calidad de los productos está empeorando, porque se dejan de lado sustancias activas que componen los "medicamentos de las plantas", que a una dosis concreta son efectivos, no son nocivos y no representan ningún riesgo.

La caja de herramientas del agricultor se va quedando sin soluciones. "Los agricultores aplican tratamientos fitosanitarios solo y cuando resulta necesario, cuando razones económicas, competitivas y de seguridad lo avalan. Pero lo cierto es que existe una preocupación generalizada entre el sector agrario por la cada día más limitada gama de productos fitosanitarios para luchar contra plagas y enfermedades", manifiesta el agricultor andaluz Ricardo Serra.

Con menos disponibilidad de productos, más riesgo de incrementar las resistencias a plagas y malas hierbas en los cultivos. También hay riesgo de los estándares secundarios aplicados por supermercados y competencia de los mercados de países extracomunitarios. Lo refuerza el agricultor valenciano Cristóbal Aguado sobre la tolerancia europea a los niveles de residuos fitosanitarios en las importaciones de terceros países en sustancias activas que, sin embargo, "están prohibidas en la UE, lo cual supone una competencia desleal en toda regla para los agricultores comunitarios". La soberanía alimentaria de la UE contra las cuerdas.

El informe Low Yield de la consultora Steward Redqueen dice que los efectos directos sobre la producción agraria serían una disminución de entre un 10-20% de rendimiento en cebada, trigo, colza y maíz, de entre un 30-40% en patata y remolacha, y un 20% en viña.

La UE ha renovado finalmente por cinco años y no por quince como es habitualmente el uso de los productos fitosanitarios en agricultura. "Hemos evaluado 1.500 estudios y la conclusión es que el glifosato no es cancerígeno", manifiesta tajante José Vicente Tarazona. "Es difícil entender que desde la sociedad se ponga en entredicho la seguridad de los productos fitosanitarios aprobados", añade.

La evaluación científica de la EFSA y los Estados miembros es independiente y realizada por científicos del ámbito público. Después de esa evaluación, otra agencia, la ECHA, y otros estudios han ratificado que no es carcinogénico. "El caso del glifosato es único, pues cada año se publican unas 200 evaluaciones científicas sobre riesgos y 600 en otras áreas", puntualiza Tarazona. Esta vez, la presión social ha podido más que la evidencia científica. "El que no se haya renovado por 15 años como establece la normativa europea, sienta un injustificado y preocupante precedente. Significa romper el marco regulatorio del que se han dotado los ciudadanos", según, Carlos Palomar, director general de AEPLA.