No hay película sobre desastres naturales que no tenga en su imaginario una sirena sonando a todo volumen, penetrando con su particular aullido en los oídos de una población que pasa, como hechizada, de la tranquilidad al pánico más absoluto. Si la acompañamos de luces rojas iluminando toda la ciudad, la estampa es dramática.
Desde que vivimos en sociedad, todas las civilizaciones han ido desarrollando mecanismos de alerta pública en caso de emergencias, catástrofes o riesgos de toda índole: desde las señales de humo que avisaban de la llegada de un rival hasta los mensajes por radio o televisión tan comunes desde mediados del siglo pasado, pasando por paneles de carretera y pantallas en las grandes ciudades. Y, ahora, con los mensajes de texto y las redes sociales como nuevos canales de aviso inmediato, geolocalizado, personalizado y completamente pasivo para el ciudadano.
Esta evolución natural de las sirenas rojas es algo que en países como Japón o Taiwán tienen más que asimilado. Las dos naciones asiáticas, azotadas frecuentemente por fenómenos meteorológicos de gran calado (como terremotos o tsunamis), cuentan desde hace muchos años con sistemas de alerta pública ante estos desafíos de la naturaleza.
Sin embargo, Europa tiene la enorme suerte de vivir algo más ajena -por ahora- a esta clase de inclemencias. Y justo por ello, la inmensa mayoría de países de la UE carecen de un sistema que les permita avisar a sus ciudadanos cuando ocurre un desastre, así como ofrecerles información y recomendaciones sobre cómo deben actuar. Una falta de despliegue que, de nuevo, refleja la eterna división entre el norte y sur del Viejo Continente, con despliegues ya maduros en casi todos los países nórdicos (Noruega, Suecia, Islandia...) frente a la ausencia casi total en el sur (con la salvedad de Grecia e Italia, que ya comenzó sus pruebas a finales de 2020).
Eso sí, el párrafo anterior dejará de tener sentido en junio de 2022, dentro de apenas un año, cuando entre en vigor el artículo 110 de la European Electronic Communications Code (EECC), que obliga a todos los países de la región a operar un sistema de alerta pública que pueda enviar alertas geolocalizadas a los teléfonos móviles de todos los usuarios afectados por un desastre, natural o provocado por el hombre.
En esas nos encontramos, con un concurso público lanzado en España el pasado julio para elegir el futuro sistema de alerta pública de nuestro país. Una plataforma que será gestionada por Protección Civil y cuyo despliegue se tendrá que hacer contrarreloj para cumplir con la normativa comunitaria.
Ante este escenario, en D+I nos surgen varias cuestiones, a buen seguro compartidas por nuestros lectores: ¿Cómo funcionan realmente estos sistemas de alerta pública? ¿Qué tipos o alternativas existen en el mercado? ¿Podría habernos ayudado esta tecnología durante la pandemia? ¿Cuándo y cómo será el sistema español?
De la difusión celular al SMS
“Lo que todos los sistemas de alerta pública antiguos tienen en común, excepto las sirenas y los canales de radio, es que requerían que el ciudadano hiciera algo para recibir el mensaje. Incluso los correos electrónicos, que siguen usándose en Estados Unidos, exigen que te des de alta previamente. Y eso implica que los avisos lleguen al 30% de la población de media”, explica Javier Colado, vicepresidente senior de Ventas Internacionales de Everbridge.
Este experto -cuya compañía es responsable de algunos de los sistemas de alerta pública antes mencionados- recoge con claridad el salto de gigante que han supuesto los teléfonos móviles en este sector. “Ahora podemos utilizar las redes de los operadores móviles para llegar a la mayoría de la población, casi de forma inmediata”, detalla Colado a D+I.
Y aunque el mensaje que le llegue al ciudadano sea similar -con el correspondiente texto informando de la emergencia en cuestión y las medidas a tomar-, lo cierto es que por debajo, a nivel técnico, existen dos aproximaciones muy distintas entre sí: los sistemas de ‘cell broadcast’ y los SMS basados en la localización.
Ambas tecnologías aprovechan las redes de las ‘telecos’, solo que de manera diferente. El funcionamiento de la difusión celular, la primera de esas fórmulas, es relativamente sencillo: el operador de emergencias de cada país o región envía un mensaje a las células de radio, no a un terminal específico. En función de las células a las que se dirija el envío, este llegará a todas las personas ubicadas en esa área geográfica.
A su favor, la tecnología de ‘cell broadcast’ usa un canal específico para sus comunicaciones. Así, si las redes se saturan (por un pico de llamadas e incluso de SMS durante una crisis), estas alertas seguirán llegando a sus destinatarios.
“Tú marcas una zona del mapa y a todos los teléfonos que estén en esa área les va a llegar un mensaje utilizando un canal específico. Y les llega muy rápidamente, lo cual es perfecto para la fase de alerta en la que llegas realmente al 90% de la gente que está en esa zona en menos de un minuto”, añade el experto.
Esa es la aproximación generalizada y por la que más países han apostado en la última década. Pero irrumpen en escena los SMS basados en la localización para plantear una seria disyuntiva.
“En este caso no tenemos un canal específico dedicado, pero permite que la gente pueda responder a los servicios de emergencia. Es especialmente útil para después del evento, por ejemplo en la fase de evacuación, para saber si hay personas aisladas que necesitan asistencia”, concreta Javier Colado. “Este sistema es el que nos permite no solo avisar antes de que suceda algo, sino también contactar con la gente durante y después de que ocurra. Eso no se podía hacer con una sirena”.
En contra de esta propuesta: es más lenta que la difusión celular (hasta diez minutos puede tardar la alerta en llegar a un grupo de millones de personas), puede sufrir más problemas en caso de que colapsen las redes móviles y es más susceptible tanto a falsificaciones (al poderse imitar la forma de entrega con un SMS al uso) y a que pase desapercibida para el ciudadano (que puede tener silenciadas las notificaciones de mensajes de texto en su móvil).
Por ahora, la combinación de ambas soluciones parece el camino correcto. Aunque de algunos de los desafíos del SMS basado en la localización dará buena cuenta la 5G, ya en ciernes en muchos mercados: “El problema es que dependes mucho de la red del operador. Con la 5G, tendrán mucha más capacidad y se podrán enviar muchos más mensajes en menos tiempo, con lo que el SMS también podrá usarse en la fase de alerta, manteniendo esa capacidad bidireccional que le caracteriza”.
Lo bien que nos hubiera venido en la pandemia
Estos sistemas de alerta pública suelen estar pensados para catástrofes naturales (como terremotos, inundaciones, tsunamis…) y auténticas crisis causadas por el hombre (desde atentados terroristas a guerras o bombardeos). Pero, ¿podría haberse empleado esta tecnología para facilitar información inmediata a los ciudadanos durante la pandemia?
“En los Países Bajos, por ejemplo, la usaron para ordenar a la población que se quedara en casa durante el confinamiento e irles indicando lo que tenían que hacer”, reconoce Colado.
Además, las capacidades de localización que integran los paneles de control de estos sistemas de alerta pública han encontrado nuevas utilidades en este período.
“En Noruega, han utilizado estos sistemas para controlar que no hubiera más población de la recomendada en una determinada zona, especialmente cuando volvió la movilidad interna de los jóvenes. Se les enviaba un mensaje en el que se les invitaba a quedarse en casa porque en esa región no había suficientes camas libres en los hospitales”.
Volviendo a casa, algunas de nuestras Comunidades Autónomas realizaron envíos masivos sobre esta tecnología para los cribados masivos de población con test PCR o de antígenos, pero no se hizo ninguna comunicación a escala nacional y mucho menos durante el período más intenso de la pandemia.
Para cuándo el sistema español
Como adelantábamos, todos los países europeos deben tener en marcha un sistema de alerta pública con esta capilaridad móvil antes de junio de 2022. En el caso español, el despliegue corresponde a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones -que comanda Roberto Sánchez- y la operativa a Protección Civil.
Una vez abierto el concurso público, los plazos que siguen son bastante apresurados. La intención del Gobierno es tener el sistema en marcha antes de final de diciembre, algo que desde el sector consideran “plausible” si las licitaciones y la burocracia no hacen de las suyas. De hecho, afirma Javier Colado, de producirse un retraso en la implantación será quizás por culpa de los operadores de telecomunicaciones.
“Al final tenemos que instalar un software en todos los operadores y que ellos tengan todo preparado antes de hacerlo. Algunas pueden necesitar añadir o modificar algún módulo para poder incorporar este sistema”, aclara.