Investigadores españoles llevan 16 meses esperando financiación.

Investigadores españoles llevan 16 meses esperando financiación. Ministerio de Ciencia e Innovación

España

Más de 320 millones en ayudas para mejorar "la balanza tecnológica" de España a través de la colaboración

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La Agencia Estatal de Investigación ha dado a conocer las particularidades de la convocatoria del año 2024 de ayudas en colaboración público-privada entre empresas y organismos de investigación para desplegar proyectos de desarrollo experimental. En total, se movilizarán 320 millones de euros en forma de préstamos, subvenciones y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) entre 2025 y 2027. 

En concreto, la finalidad de esta iniciativa es avanzar en la incorporación de conocimientos y resultados científico-técnicos que permitan la validación y el desarrollo precompetitivo de nuevas tecnologías, productos, servicios y soluciones, estimulando la innovación y su transferencia a la sociedad, según han explicado los representantes de la AEI durante la presentación de la misma. 

Así, a través de esta convocatoria se pretende movilizar la inversión privada, la generación de empleo de calidad y la mejora de "la balanza tecnológica del país", además de reforzar la capacidad de liderazgo internacional del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y de sus agentes, contribuyendo a mejorar la competitividad del tejido empresarial. 

Los proyectos presentados para aplicar a estas ayudas deberán contemplarse en una de las ocho prioridades temáticas que se describen en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027, entre las que se incluyen ámbitos como la salud, la cultura, la seguridad, la digitalización y las telecomunicaciones, la industria, el espacio y defensa, la energía y la movilidad o la alimentación, la bioeconomía y la agricultura. 

Las iniciativas seleccionadas tendrán que tener un presupuesto mínimo de 400.000 euros, que deberá ser sufragado en un 49% por un agente de I+D+i, público o privado, y un 51% por la parte empresarial y se extenderán a lo largo de tres años. Además, la AEI ha precisado que una entidad sola no puede abordar más del 70% y la participación mínima debe ser del 10%, incluido en el caso de los consorcios. 

En este sentido, las entidades que podrán concurrir a ella podrán ser organismos públicos de investigación, universidades públicas y privadas, institutos de investigación sanitaria, centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica, centros privados de I+D, empresas y asociaciones empresariales, entre otros. Todos ellos deberán estar constituidas en el momento de presentación de la solicitud y tener residencia fiscal o establecimiento permanente en España. 

El próximo 15 de enero

La Agencia Estatal de Investigación ha precisado que las modalidades en las que se distribuirá la ayuda dependerán de la naturaleza de cada participante y, así, los organismos de I+D privados y públicos las podrán recibir en régimen de subvención, mientras que las empresas lo harán en forma de préstamo con algunas excepciones. Los conceptos financiables en este caso abarcarán tanto al personal como a los equipos y materiales, los informes auditores, viajes o servicios de consultoría; así como los servicios centrales, la subcontratación, las patentes, las asistencias técnicas, los costes indirectos y la incorporación de doctores a las empresas, todo ello sujeto a unas condiciones.

Los 320 millones de euros del presupuesto asociado a esta convocatoria se distribuirán entre 270 millones para 2025, a través de subvenciones, préstamos y FEDER; a los que se sumarán 20 millones para 2026 y 30 millones para 2027, estos dos desembolsos únicamente a través de subvenciones. 

El plazo de solicitud de las ayudas comenzará el próximo 15 de enero y se extenderá hasta el próximo 5 de febrero, fecha tras la que deberán comenzar los proyectos seleccionados y no antes, ya que estas se lanzan con carácter incentivador. La elección de las iniciativas correrá a cargo de un comité de expertos, que evaluarán la calidad, viabilidad y el potencial de transferencia de la propuesta, así como su impacto o la adecuación al presupuesto.