La Comisión y el Banco Central Europeo (BCE) comienzan a impacientarse por la falta de avances en la privatización de los dos bancos españoles que todavía son de propiedad pública, Bankia y Banco Mare Nostrum. La venta de estas dos entidades debe acelerarse y completarse cuanto antes, reclaman las instituciones europeas de la troika en su cuarto informe semestral de vigilancia posterior al rescate bancario, cuyo contenido se ha difundido este martes.

El informe critica que “la privatización de los bancos controlados por el estado no ha avanzado en los últimos seis meses”. De hecho, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no ha vendido ninguna participación de Bankia ni de BMN en el último año. “La reestructuración y privatización de los bancos de propiedad pública debe completarse si se quiere colocar al sistema financiero en una base sólida a largo plazo”, dicen los inspectores del Ejecutivo comunitario y del BCE, que visitaron Madrid por última vez entre el 5 y el 8 de octubre. El Fondo Monetario Internacional no participa en estas misiones de vigilancia.

El informe admite que será un reto “maximizar” la recuperación de las ayudas públicas invertidas en las dos entidades. En el caso de Bankia, los inspectores atribuyen el retraso en la privatización a la investigación por posible fraude en su salida a bolsa. “La resolución progresiva de esta cuestión ayudará a fijar el marco para una nueva ronda exitosa de venta de acciones de Bankia por parte del FROB”, apunta el texto. En cuanto al BMN, la Comisión y el BCE creen que la privatización podría producirse mediante una salida a bolsa, con la venta a un grupo de inversores o a un inversor estratégico. La solución pactada entre Bruselas y Madrid a la cuestión de los activos fiscales “ha influido positivamente en el valor de esta institución”.

Riesgos en América Latina

La rentabilidad a largo plazo de la banca española sigue siendo un “motivo de preocupación” para Bruselas y el BCE. “Un entorno prolongado de bajos tipos de interés supone un reto para los beneficios de los bancos, especialmente de aquellos con carteras no diversificadas y expuestos de forma significativa a los tipos de interés variables de las hipotecas”, señala el informe. Este problema podría verse agravado por la presión para suprimir todas las cláusulas suelo de las hipotecas, añade.

“Además, el proceso de desendeudamiento de los hogares y las empresas, que es beneficioso desde el punto de vista macroeconómico, deprime la capacidad de los bancos para generar beneficios mediante préstamos a la economía nacional”, insisten los inspectores, que apuntan que "no puede excluirse una consolidación adicional del sector bancario doméstico".

Otro riesgo importante para la banca española, especialmente de las grandes entidades diversificadas fuera de mercado nacional, es la crisis de los mercados emergentes. “Las turbulencias observadas en algunas economías emergentes, especialmente en América Latina, podrían dañar la rentabilidad de los bancos más grandes que están expuestos de forma significativa a estos mercados”, señala el informe. Finalmente, Bruselas y el BCE alertan de que la Sareb, el banco malo que gestiona los activos inmobiliarios tóxicos de la banca, sigue generando pérdidas, que fueron de 122 millones de euros durante la primera mitad del 2015.

Las inversiones en el AVE, cuestionadas

El informe del Ejecutivo y del BCE enumera las reformas que el Gobierno de Mariano Rajoy ha dejado pendientes y a las que deberá dar prioridad el nuevo presidente que salga de las urnas el 20 de diciembre. En concreto, los inspectores piden completar la reforma laboral con “nuevas medidas” para reducir la segmentación en el mercado de trabajo, concluir la aplicación de la ley de unidad de mercado o aprobar una norma para liberalizar los servicios profesionales.

Bruselas y el BCE critican además las inversiones de Rajoy en el AVE. “Hay un riesgo significativo de que algunas de las nuevas líneas no generen suficientes ingresos para cubrir sus costes operativos”, alerta el informe. “Un análisis de rentabilidad más estricto de los grandes proyectos de tren reduciría el riesgo de una inversión poco eficiente", concluye.