Minutos antes de la medianoche del domingo estallaba una bomba económica en Lisboa: tras semanas de especulación sobre su mal estado, el Gobierno anunciaba la venta de Banif (Banco Internacional de Funchal) al Banco Santander por 150 millones de euros, con el Estado comprometiéndose a pagar 2.255 millones de euros en ayudas vinculadas a futuras pérdidas de la entidad.
Intervenido por el Ejecutivo conservador de Pedro Passos Coelho en 2012 a un coste 1.100 millones de euros, el 60% de Banif estaba en manos del Estado, y en las últimas semanas su hundimiento en la Bolsa acaparaba los titulares financieros en Portugal, que apuntaban a la necesidad de venderlo cuanto antes.
Las condiciones de esa venta suponen un duro golpe para la economía lusa, y para el recién estrenado Ejecutivo socialista. El ministro de Finanzas, Mário Centeno, ha confirmado que “el dinero del rescate saldrá del presupuesto de este año, por lo que subirá el déficit de 2015, y también el de los próximos años en la medida que aumenta el endeudamiento del país”.
Por su parte, el primer ministro socialista, António Costa, compareció ante los medios para explicar que la operación había sido necesaria para “salvaguardar los ahorros de los clientes del banco, los puestos de los trabajadores, y la sostenibilidad de la economía”, y lamentó haberse encontrado con esta “situación urgente” al llegar al Gobierno. “Una situación urgente que el anterior Ejecutivo conocía desde hace un año, y sobre la cual no hizo nada”.
Una herencia envenenada
Apenas un mes después de jurar el cargo, el primer ministro socialista ya se enfrenta a las dificultades de dirigir un Ejecutivo en minoría. En medio de la delicada situación de la economía del país, en la que intenta responder a las demandas de quienes dan apoyo vital a su Ejecutivo y cumplir con sus compromisos con la Troika, las privatizaciones iniciadas por el anterior Gobierno se han convertido en uno de sus talones de Aquiles, una herencia envenenada que constriñe su capacidad de decisión política.
Gran parte de los problemas del Ejecutivo de Costa tienen que ver con su necesidad del apoyo de los marxistas del Bloque de Izquierda (BE) y del Partido Comunista Portugués (PCP) en la Asamblea de la República, apoyo que no viene a cambio de nada. El nuevo Gobierno ha colaborado con sus socios para llevar a cabo “las políticas del cambio”, y el pasado jueves aprobó la descongelar las pensiones a partir del 1 de enero de 2016, la subida del salario mínimo de 505 a 530 euros, la reducción de la ‘sobretasa’ sobre la renta, situada en el 3,5% desde 2013, para familias con ingresos menores de 80.000 euros al año, y el aumento de determinados subsidios para los jubilados más pobres y las familias monoparentales.
Pese a ello, las medidas –que supondrán un aumento del gasto del Estado de 173 millones de euros– no satisfacen plenamente a los socios del Gobierno de Costa, quienes se muestran críticos y presionan para la derogación inmediata de todas las medidas de austeridad introducidas por el anterior Ejecutivo conservador.
Privatizaciones
Las privatizaciones del antiguo Gobierno son un foco de la furia de esta coalición no oficial, que además de pedir una comisión de investigación parlamentaria urgente para buscar responsables políticos de la controvertida venta de Banif, también exige la derogación de las privatizaciones en curso de la antigua aerolínea estatal TAP y de Novo Banco, entidad sucesora al colapsado Banco Espíritu Santo.
El asunto no podría estallar en peor momento para Costa, ya que los representantes de la Troika, preocupados por las medidas aprobadas por la amalgama de izquierdas, han anunciado que volverán a Portugal a principios de año para comprobar que se siguen aplicando las reformas necesarias para el pago de los intereses generados por el rescate de 2011.
Todo indica que cuando tenga lugar la visita de la Troika, el primer ministro luso siga seguirá enfrascado, intentando llegar a acuerdos sobre el futuro de TAP y Novo Banco que logren satisfacer tanto a la izquierda parlamentaria como a los hombres de negro.
El control de TAP
TAP era la última aerolínea estatal de Europa occidental hasta el pasado noviembre, cuando el anterior Gobierno –en funciones en aquel momento– anunció la venta del 61% de su capital al consorcio Atlantic Gateway. Los compradores se comprometieron a hacer inversiones de manera inmediata en la aerolínea –que arrastra una deuda bancaria de 646,7 millones– por valor de 150 millones de euros, y otros 119 millones antes de junio de 2016.
El acuerdo firmado establecía también que si Atlantic Gateway no cumplía con dichos requisitos, el Estado la compraría de nuevo y saldaría sus deudas. La venta de última hora al consorcio encabezado por David Neeleman, el magnate estadounidense-brasileño dueño de la low-cost brasileña Azul, ha sido denunciado por todos los partidos de la oposición.
El BE tildó la operación de ser una iniciativa de empresa pública-privada, "con todo el riesgo para el público y todo el lucro para la empresa privada". El PCP se ha mostrado más enfurecido ya que pedía la paralización del proceso de privatización como una de las principales medidas en su programa electoral, y al día siguiente de conocerse la noticia presentaron una moción en el Parlamento para invalidarla.
“El anterior Gobierno decidió violar los límites que la Constitución establece para un Gobierno en gestión. TAP tiene que ser estatal”, asegura a EL ESPAÑOL João Oliveira, líder del grupo parlamentario comunista. Presionado por los partidos de izquierda que son su base en el Parlamento, el primer ministro Costa ha anunciado su intención de recuperar el control estatal de TAP, pero a su manera, ya que teme que semejante renacionalización dañaría la imagen del Estado a nivel internacional y perjudicaría futuras inversiones extranjeras en el país.
“Además, Los socialistas no están en contra de la privatización –al menos parcial– de TAP”, explica João Duque, catedrático de Finanzas del Instituto Superior de Economía y Gestión (ISEG). “Sus deudas son tales que ya se planteó privatizarla cuando José Sócrates era primer ministro. Los comunistas quieren renacionalizarla, pero Costa lo que quiere es conseguir control del 51% del capital, justo lo necesario para que el Estado vuelva a tener un control decisivo”.
Desafortunadamente para Costa, las negociaciones con los nuevos dueños de TAP no están llegando a buen puerto. El empresario Neeleman, que celebró una reunión con el ministro de Planificación e Infraestructuras para tratar el tema el pasado jueves, ha declarado en varias ocasiones que el único interés del consorcio es “cumplir el contrato que se firmó en su momento” y no parece tener intención de ceder. Si el brasileño se mantiene firme en su posición, fuentes gubernamentales indican que Costa se verá obligado a dar el paso que exigen los comunistas y tendrá que promulgar una ley anulando la totalidad de la venta. De ser así, Atlantic Gateway llevaría el asunto a los tribunales, algo que sería aún más dañino para la imagen del Estado.
“Está claro que la misión del Gobierno es difícil”, opina el economista Felipe Garcia, presidente de la consultoría Información de Mercados Financieros. “Quienes compraron TAP ya han hecho las inversiones en la aerolínea. Incluso si estuviesen dispuestos a revender parte de la empresa, el coste de la operación y las inevitables penalizaciones que conllevaría la misma sería enormemente dañino para la economía portuguesa”.
Como en el caso de Banif, el catedrático Duque considera que la privatización de TAP ha sido desastrosa por “una larga serie de errores de plazos”. “Se quería privatizar TAP desde hace diez años pero nadie quería luchar contra los sindicatos. En España la privatización de Iberia fue efectiva porque se vendió en el momento correcto, fusionándose con British Airways y convirtiéndose en un consorcio potente, pero aquí el anterior Gobierno perdió tiempo clave, y al final TAP se ha vendido mal y tarde, al dueño de una pequeña aerolínea brasileña que no conoce nadie”.
El fracaso de Novo Banco
Entretanto, la posibilidad de que el Estado tenga que inyectar más dinero público en Novo Banco –la escisión del colapsado Banco Espíritu Santo (BES) puesto en venta por el anterior Gobierno– ha provocado serios choques entre socialistas y sus socios bloquistas. Creado con los activos saludables del BES tras su disolución en 2014, y recapitalizado con 1.000 millones de euros de la banca lusa y 3.900 millones de euros en créditos públicos, Novo Banco era la ‘joya’ financiera que Pasos Coelho quería vender al mejor postor.
Hubo varios interesados, y entre ellos el conglomerado chino Anbang ofreció la mayor cantidad –3.500 millones de euros– para Novo Banco. El Ejecutivo intentó negociar para aumentar la oferta y así cubrir el dinero invertido en la recapitalización de la entidad, y las negociaciones parecían avanzar hasta que tuvo lugar la imprevista desaceleración de la economía china este pasado verano: Anbang retiró su oferta y Novo Banco se quedó sin comprador.
Los problemas de la entidad han cobrado dimensiones mayores desde el pasado mes de noviembre, cuando el BCE anunció que Novo Banco había suspendido las pruebas de solvencia, requiriendo un refuerzo de capital de 1.398 millones de euros. Como medida urgente, es previsible que la necesidad desesperada de liquidez llevará a que la entidad venda activos como la aseguradora GNB Vida, entre otros.
Pero incluso si consigue vender sus activos, parece inevitable que Novo Banco tendrá que recurrir al Estado –y, por extensión, a los ciudadanos lusos– para solventar sus problemas de liquidez. “Es probable que el Fondo de Resolución luso participe en la operación de aumento de capital”, dice Garcia. “Al haber bancos públicos en ese Fondo, el contribuyente termina por contribuir de manera indirecta, y aun así es posible que el Fondo pida ayudas al propio Estado, por lo que la contribución sería más directa”.
El catedrático Duque, por su parte, señala que aunque el Gobierno logre encontrar un banco interesado en adquirir los “activos buenos” de Novo Banco –como ha sido el caso con Banif–, la venta sería parecida al banco de Funchal. “Es posible que se interese Santander o la Caixa, pero en la adquisición de los activos, no las deudas. El Estado no se librará de ellas”.
La situación ha hecho aumentar el ambiente de tensión que se nota en el Parlamento luso estas semanas, donde la posibilidad de nuevas inyecciones de dinero público en Novo Banco ha provocado duros encontronazos entre el Gobierno y sus aliados de la izquierda. Durante un debate reciente Catarina Martíns, portavoz del BE, acusó al Ejecutivo de seguir el mismo camino que Passos Coelho. Cuando el ministro de Finanzas, Mário Centeno, le respondió que las decisiones respectivas al banco las tomaría el Banco de Portugal y no el Gobierno, las filas bloquistas estallaron.
“¡El Gobierno no se puede esconder detrás del Banco de Portugal!”, exclamó Martins. “No pueden seguir esperando que los contribuyentes paguen las deudas de los bancos. Tiene que haber responsabilidad política”. Así, las relaciones del nuevo Gobierno con los partidos de izquierda que le apoyan en el Parlamento empiezan a ensombrecerse por la herencia ‘envenenada’ del anterior Ejecutivo. “A Costa le está tocando resolver los problemas que le dejó Passos Coelho, y no se sabe si podrá hacerlo sin cruzar las líneas rojas de sus socios”, concluye el catedrático Duque. “Tristemente, lo único seguro en este asunto es que cuando concluya todo los ciudadanos portugueses serán quienes tienen que pagar la cuenta, como siempre”.