La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene que pagar a Telefónica casi 60 millones de euros, según las cuentas anuales de la CNMC que ha publicado esta semana el Boletín Oficial del Estado. ¿El supervisor pagando al antiguo monopolio? ¿El mundo al revés?

En realidad se trata del desenlace de un cóctel letal: el mal diseño de la financiación del antiguo supervisor del sector de las telecomunicaciones, la CMT (hoy integrado en la CNMC); mezclado con una época de gastos que incluyeron la construcción de un macroedificio en Barcelona tras la decisión del traslado de la sede del regulador por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; aderezado todo ello con la defensa legal de Telefónica, que ha logrado que el Supremo le dé la razón una vez tras otra en sus exigencias de recuperar parte del dinero aportado para financiar la antigua CMT.

La historia

Hubo un tiempo en que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) tenía beneficio en sus cuentas anuales. Sus ingresos procedían de las tasas que cada año (desde 1999) le abonaban las operadoras, fijadas por decreto del Gobierno de turno en cada ejercicio y situadas entre el 0,1 y el 0,15% de los ingresos de cada compañía. Pero esos ingresos, en lugar de irse ajustando a las necesidades del supervisor para su labor, se dejaban cada vez más holgados de forma que, descontados los gastos de cada año, sobraba cada vez más. La CMT fue generando un importante colchón de recursos que en 2004 empezó a chirriar a Telefónica, el operador que por su tamaño más aportaba. No era un año cualquiera. 

El 21 de julio de aquel ejercicio, el entonces presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, anunciaba, tras reunirse con el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que la sede de la CMT se iba a trasladar a Barcelona. Los costes del regulador iban a dispararse, algo que podía intuirse aunque aún no se supiese hasta qué punto. Nadie podía aún imaginar, por ejemplo, que la CMT, que pasó los dos primeros años en Barcelona de alquiler en tres plantas de la Torre Mapfre, iba a ordenar construir un edificio que triplicaba en metros cuadrados la superficie alquilada (para albergar a la misma plantilla) y que costó 62,5 millones de euros (37 millones los aportó Patrimonio a cambio de la antigua sede de la CMT en Madrid). 

El traslado también supuso un importante incremento de los gastos de personal, especialmente en el primer año completo del traslado (2006), debido a la cantidad de prebendas que el supervisor ofreció a la plantilla para que aceptara cambiar su residencia, una medida pensada para evitar la descapitalización humana de la CMT pero que no sirvió de mucho una vez finalizaron los dos años de gracia. Pocos antiguos empleados del supervisor siguieron en él. Lo que sí cambió fueron los gastos de personal que pasaron de situarse en el entorno de los 7 millones de euros a duplicarse casi en 2006 y después rondar año tras año los 10 millones. 

La defensa de Telefónica

Desde 2004, Telefónica denunció todas y cada una de las tasas pagadas a la CMT con el argumento de que el pago debía ser finalista, es decir, estar justificado en gastos concretos ligados a la labor del supervisor y no sometido al designio de cada Gobierno. Aunque la Audiencia Nacional le quitó la razón a la compañía una y otra vez, Telefónica no se rindió y optó por acudir al Tribunal Supremo. 

Por aquel entonces, la Comisión Europea ya estaba con la mosca detrás de la oreja respecto a la fórmula de financiación de los supervisores elegida por España. En su informe anual sobre el sector en 2005, Bruselas recogía por ejemplo que había constatado que año tras año "los costes operativos de la CMT son (eran) más bajos que el dinero recaudado a través de una tasa administrativa". Las compañías, añadía el departamento de Sociedad de la Información de la Comisión, dirigido entonces por Viviane Reding, temían "que el superávit generado no está (estuviera) revirtiendo en el sector". Reding avisó de que examinaría el asunto y sin embargo el Gobierno siguió en sus trece.

La respuesta a las denuncias de Telefónica llegó de Europa aunque por otra vía. Fue gracias a una cuestión prejudicial que el Supremo presentó al Tribunal de las Comunidades Europeas y que dio la razón a la compañía en julio de 2011. En base a la respuesta, el Supremo decidió que las tasas cobradas debían regirse por "el principio de equivalencia y proporcionalidad". La CMT debía justificar con gastos concretos ligados a su labor de supervisión las tasas exigidas. Obviamente esto no fue posible.

Esa decisión ya obligó a pagar a Telefónica cantidades relativas a tasas desde 2004 a 2009 antes de que la CMT pasase a integrarse en la CNMC. Fueron algo más de 80 millones de euros. Cuando se produjo la fusión de los supervisores en la CNMC quedaban aún pendientes recursos ante el Supremo de varios ejercicios por parte de Telefónica, además de los presentados por otras operadoras que, como Vodafone, se animaron a exigir las tasas en los tribunales (o a no pagarlas algunos años, aunque la CMT sí las contabilizaba).  

Lo que queda por pagar

Las cuentas de 2014 de la CNMC recién publicadas recogen una serie de hechos acaecidos tras el cierre de aquel ejercicio, es decir, en 2015, entre los que se incluyen las sentencias con los pagos de principal más los intereses de demora que hay que abonar ahora a Telefónica debido a las tasas de operadora pagadas (o avaladas) ante la CMT tanto por Telefónica de España como por Telefónica Móviles en los años 2006, 2010, 2011 y 2012. 

De las sentencias incluidas en las cuentas, todas ellas de 2015 y añadidas como "hechos posteriores al cierre del ejercicio" se incluye principal a devolver por 44,5 millones de euros más intereses de demora de 7 millones. Pero además hay que sumarle una última sentencia de noviembre de 2015, explicaron a EL ESPAÑOL en la CNMC, por 8,3 millones a la que aún no se han calculado los intereses de demora y que no fue incluida en las cuentas por haberse cerrado antes.

Las cantidades a pagar están provisionadas, explican en la CNMC, pero las pérdidas anuales de la antigua CMT que han tenido que recalcularse por las sentencias han provocado que el patrimonio del ex supervisor de las telecos asumido por el nuevo macro supervisor esté en negativo. El reequilibrio del patrimonio y por tanto la asunción de la deuda corre por cuenta de la CNMC, que se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.