En un ambiente de enorme tensión y rumores, técnicos comunitarios y una delegación del Gobierno del socialista Antonio Costa intentan llegar a un acuerdo acerca del Presupuesto General del Estado portugués para 2016. La Comisión Europea (CE) rechazó el borrador inicialmente presentado por Lisboa la semana pasada debido a las serias dudas que suscitaban las previsiones macroeconómicas formuladas por el ministro de Finanzas luso, Mário Centeno, que fuentes comunitarias tacharon de “contabilidad creativa”.

Aunque el Ejecutivo de Costa ha presentado una nueva versión del presupuesto con nuevas medidas de austeridad –entre ellas, impuestos sobre los combustibles y coches, y nuevas tasas sobre la banca– el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, sigue sin dar luz verde al borrador y pide mayores sacrificios –equivalentes a unos 950 millones de euros– para que Portugal no entre en un “incumplimiento serio” del reglamento presupuestario comunitario.

El contenido del presupuesto es el talón de Aquiles del Ejecutivo Costa, que gobierna en minoría gracias a una frágil e inédita alianza con los dos principales partidos de la izquierda portuguesa, el marxista Bloque de Izquierda y el Partido Comunista Portugués. Ambos han condicionado su apoyo al Gobierno socialista a la aprobación de una serie de costosas medidas sociales que “pasan página a la austeridad” instaurada por el anterior Ejecutivo del conservador Pedro Passos Coelho, y desde su toma de posesión el pasado noviembre Costa ha sabido que iba a ser complicado contentar tanto a Bruselas como a sus socios parlamentarios.

Al final está siendo bastante más difícil de lo esperado. El borrador inicialmente entregado por el Gobierno luso preveía un déficit del 2,6% del PIB pero los técnicos comunitarios discreparon e indicaron que saltaría a un inaceptable 3,5%. Igualmente, Bruselas consideró que las previsiones de un crecimiento económico del 2,1% postuladas por Lisboa eran poco creíbles, considerando que un 1,6% era mucho más probable. Debido a ello, la Comisión exige la incorporación de medidas de austeridad adicionales, equivalentes a 950 millones de euros, al borrador.

Concesiones, rumores y desilusión

Ante la negativa inicial de Bruselas, el ministro de Finanzas Centeno intentó modificar el borrador con un aumento de impuestos y tasas para conseguir el déficit más reducido exigido por la CE sin tocar las distintas medidas sociales pactadas con los aliados de la izquierda. Como explicó en una entrevista con EL ESPAÑOL el pasado noviembre, Centeno siempre ha defendido la necesidad de reducir la carga fiscal sobre las familias, proponiendo en vez la imposición de nuevos impuestos sobre la banca y las empresas.

El plan Centeno –apoyado por sus socios en el BE y el PC– contempla el aumento de rendimientos y protección social y la reducción de la carga fiscal sobre el trabajo. Las modificaciones que hizo al borrador presupuestario parcialmente reflejan esta convicción, con aumentos de los impuestos sobre la banca y ciertas transacciones financieras, pero otras medidas, como el aumento de los impuestos sobre los combustibles, los vehículos, y el tabaco, además de la manutención del IVA del 23% sobre las bebidas, claramente tienen su impacto sobre la ecuación familiar.

En total, los nuevos impuestos sumarían unos 675 millones de euros –cerca del 0,4% del PIB–, y ante tanto nuevo impuesto, Lisboa esperaba que Bruselas haría alguna concesión propia para conseguir la luz verde al presupuesto.

A media tarde del miércoles parecía que se había logrado ese objetivo. Varios medios anunciaban que, según fuentes del equipo negociador, Moscovici había aceptado las modificaciones al borrador y había dado luz verde al presupuesto. El Gobierno Costa podía suspirar con alivio. El presupuesto conservaba las medidas acordadas con la izquierda, por lo que el Ejecutivo seguiría contando con el apoyo parlamentario que hace posible su continuada existencia. Ahora sólo quedaría la aprobación final del Colegio de Comisarios, prácticamente una formalidad vacía.

Pocas horas después, sin embargo, un tuit del comisario de Asuntos Financieros desmentía la buena noticia. “Sólo para clarificar: las charlas presupuestarias con el Gobierno portugués continúan. La Comisión Europea tomará su decisión al respecto el viernes”. Durante el resto de la tarde, fuentes comunitarias confirmaban que no sólo no se había dado el visto bueno al presupuesto, sino que las negociaciones iban por mal camino ya que las modificaciones presentadas por Centeno no habían convencido.

La aparente intransigencia de Moscovici implica que el equipo de Centeno tiene apenas 48 horas para lograr cuadrar las cuentas. Aunque uno de los principales negociadores lusos, el secretario de Estado, Pedro Nuno Santos, asegura que “todo va bien”, fuentes comunitarias indican que muchos comisarios se muestran contrarios a hacer concesión alguna, dado que no ha gustado la forma en la que el nuevo Gobierno luso ha llevado a cabo la presentación del borrador, cuya versión inicial consideraron prácticamente engañosa.

Intransigencia en Bruselas, optimismo en Évora

La aparente intransigencia del comisario de Asuntos Financieros implica que el equipo de Centeno tiene apenas 48 horas para lograr cuadrar las cuentas. El colegio de comisarios ha dado mandato a Moscovici y al Vicepresidente de la CE, Vladis Dombrovskis, para que negocien hasta el último minuto. El viernes volverán a reunirse por teleconferencia y decidirán si aprueban el presupuesto portugués o piden a Lisboa que presente un plan revisado en el plazo de tres semanas.

Aunque uno de los principales negociadores lusos, el secretario de Estado luso Pedro Nuno Santos, asegura que “todo va bien”, en Bruselas el ambiente es de pesimismo, informa Juan Sanhermelando desde la capital comunitaria. Se ve muy difícil cerrar un acuerdo a tiempo para cuadrar el presupuesto portugués. El colegio de comisarios celebró este martes en Estrasburgo un debate político sobre el proyecto presentado por el Gobierno de António Costa y la conclusión es que todavía se necesitan “muchos más esfuerzos” para cerrar la brecha presupuestaria detectada por Bruselas, según explican fuentes comunitarias.

En concreto, el Ejecutivo comunitario reclama ajustes adicionales por valor de 950 millones de euros. Según los cálculos de la Comisión, con el presupuesto original de Costa, apoyado por sus socios del Partido Comunista y el Bloque de Izquierda, el déficit público de Portugal se volvería a disparar este hasta el 3,5% del PIB, por encima del umbral del 3% que exige el Pacto de Estabilidad. En 2015 había bajado hasta el 3% (4,2% si se cuentan las ayudas a la banca para el rescate de Banif), de acuerdo con las cifras provisionales.

Las negociaciones entre Lisboa y Bruselas han estado plagadas por factores técnicos y desacuerdos políticos. A nivel técnico, hubo serias divergencias sobre la contabilización del borrador, ya que el Gobierno luso intentó retirar el impacto de determinadas medidas anti-austeridad –como la reposición de los salarios de los funcionarios– del saldo estructural del presupuesto. Las autoridades comunitarias rechazaron esta opción, razón por la que el Gobierno tiene que conseguir los 950 millones de euros adicionales.

La opinión del Ejecutivo no es jurídicamente vinculante

El desacuerdo político actual tiene que ver con la forma en la que los delegados del Ejecutivo portugués han llevado a cabo las negociaciones. No ha gustado el exceso de optimismo con el que llegaron, ni el borrador inicial, que algunos comisarios llegaron a tachar de “engañoso” en privado. Fuentes comunitarias indican que también ha sentado mal que la modificación presentada por Centeno sólo sume 500 millones de euros, bastante menos que los 950 millones que exige la Comisión. Para Bruselas, los 950 millones no son negociables: sin ellos, el presupuesto simplemente no es creíble.

Si finalmente la Comisión decide tumbar el presupuesto portugués, sería la primera vez que adopta una medida tan drástica contra un país de la eurozona. En el caso del presupuesto español, el Ejecutivo comunitario sólo sacó una ‘tarjeta amarilla’ pero sin llegar al rechazo total.

La opinión del Ejecutivo comunitario no es jurídicamente vinculante, así que el Gobierno de Costa podría ignorarla como ha hecho hasta ahora España. Pero el aviso de Bruselas tendría una consecuencia inmediata en los mercados. Además, la Comisión podría avanzar en los próximos meses en el procedimiento sancionador contra Portugal por déficit excesivo, que contempla multas de hasta el 0,2% del PIB.

Mientras las negociaciones continúan en la capital comunitaria, a última hora de la tarde del miércoles el primer ministro luso mostró su optimismo desde la ciudad provincial de Évora, donde se encontraba de visita oficial.

“Hay un gran empeño en encontrar las soluciones que nos permitan pasar página a la austeridad”, afirmó Costa con confianza. “Este es un presupuesto muy exigente, por lo que exige mucho trabajo técnico, pero estamos superando los obstáculos.”

“La Comisión hará lo que vea necesario, pero si no considerara que este es un presupuesto sólido, no lo habría presentado”.